Alrededor de 5.000 personas, según los organizadores, y 2.000 según la Policía Nacional, marcharon este sábado por el centro de Zaragoza para rechazar los centros de datos proyectados en Aragón y en todo el mundo. La protesta, convocada por más de una decena de colectivos ecologistas y vecinales bajo la plataforma ‘No es sequía, es saqueo’, colapsó el centro de la ciudad y exigió una moratoria que paralice estos proyectos hasta que se evalúe su impacto. La movilización, que coincide con el Día Europeo contra los Centros de Datos, evidencia una creciente tensión social en torno a la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial y la nube, un fenómeno que también resuena en América Latina.
Un reclamo contra el “expolio tecnológico”
“Estos proyectos no generan empleo, no pagan impuestos y se están quedando con todos los recursos”, resumió Cristina García, ingeniera industrial y miembro del colectivo, durante la lectura del manifiesto al final del recorrido. “Basta de alfombras rojas y de limpiar los zapatos de los poderosos. Basta del expolio de las tecnológicas”, proclamó.
La manifestación partió a las 12:00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la plaza de Basilio Paraíso, y avanzó por el paseo de la Independencia, el Coso, la avenida de César Augusto y la calle de María Agustín hasta concluir frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Los asistentes corearon lemas como “Las nubes en el cielo, no en nuestro pueblo”, “No es sequía, es saqueo”, “Queremos pisos baratos, no centros de datos”, “No hay agua para tanto dato” o “Centros de datos, tú pagas el pato”.
Entre los representantes políticos presentes estuvieron el exalcalde de Zaragoza Pedro Santisteve; la secretaria general de IU Aragón, Marta Abengochea; el líder de CHA, Jorge Pueyo; la candidata de esa formación al Congreso, Marina Rodríguez, y el concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez.
La advertencia de Pedro Arrojo: agua y electricidad en juego
Uno de los participantes más destacados fue Pedro Arrojo, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y premio Goldman de medio ambiente. Arrojo, que finaliza su etapa como relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, recordó que hace dos años presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe en el que advertía de “un nuevo sector que demanda mucha agua, sobre todo muchísima electricidad, y lo hace de manera muy opaca”, y exigía a los gobiernos “opacidad absoluta” sobre sus consumos y sobre lo que pagan, “a pesar de ser contratos públicos”.
El relator explicó que el peligro llega con la escasez. “En años de lluvia normal habrá agua para todo lo que se quiera. Pero cuando vengan las sequías, y vendrán sequías duras y cada vez más fuertes, lo que no está claro es quién va a tener la prioridad. Desde luego, los centros de datos no se van a parar por eso”, advirtió. La consecuencia, a su juicio, serán más restricciones para el regadío “y a veces incluso para el agua de boca”. Como ejemplo citó el caso de Guadalajara (México), donde, según dijo, se han llegado a cerrar escuelas por falta de agua durante una sequía porque la prioridad se había dado a los centros de datos.
El otro gran frente es la electricidad. Arrojo señaló a Irlanda como espejo: allí los centros de datos ya consumen más electricidad que todos los hogares del país y absorben, denunció, la energía eólica y solar “que se ha subvencionado con dinero público para combatir el cambio climático” y que acaba vendiéndose a estas empresas “a precio de ganga”. Además, advirtió de que el aumento de la demanda obligará a redimensionar la red eléctrica para que no colapse. “Eso es carísimo y se va a pagar en la tarifa de la gente. No lo van a pagar estas empresas, que ya tienen contratados precios de risa”, afirmó.
Arrojo insistió en que su planteamiento no pasa por la prohibición, sino por el conocimiento y la regulación: saber qué supone el sector, qué problemas generará y quién pagará sus externalidades negativas. “Una vez conocido todo eso, hay que regular ese sector como se regula el tráfico o cualquier otra actividad humana”, defendió.
Más consumo, menos empleo: las cifras del colectivo
Desde ‘No es sequía, es saqueo’, Cristina García denunció “una avalancha de centros de datos en Aragón” que, según los cálculos del colectivo, multiplicarán por seis el consumo eléctrico de la comunidad, saturarán la red y tendrán prioridad en el acceso al agua, “y sin embargo apenas generan empleo y no pagan impuestos”. La plataforma critica que no haya habido debate público ni consulta a la ciudadanía.
García apuntó directamente a la figura de los proyectos de interés general, que, recordó, les permite beneficiarse de exenciones fiscales, expropiar terrenos privados y acortar los plazos de tramitación. Frente a ello, el colectivo reclama “despriorizar” el sector y destinar la energía a proyectos que generen empleo y aporten al territorio.
La ingeniera explicó que la implantación masiva de la inteligencia artificial, con necesidades de computación muy superiores a las actuales, empuja a estas empresas allí donde hay energía disponible; en España, ese lugar es Aragón, que exporta buena parte de la electricidad que produce. “Por eso han venido aquí, y por la política de exención de impuestos del señor Azcón”, señaló.
Isabel, también portavoz del colectivo, cuestionó las promesas de empleo. Según los datos recabados por la plataforma, frente a “los mil y pico empleos” anunciados, los centros ya instalados “llegan a 200 empleos”. “Verdaderamente no es un proyecto de interés general de Aragón”, concluyó.
La Puebla de Alfindén: negociaciones opacas y exenciones millonarias
La protesta reunió también a plataformas locales como Stop Centros de Datos La Puebla, que se opone al campus de 150 megavatios que ACS proyecta en La Puebla de Alfindén. Uno de sus representantes, José Manuel Rodríguez, denunció que las negociaciones con la constructora se llevan a cabo a través de la sociedad urbanística municipal, Sulpasa, y que “ni siquiera los propios concejales del ayuntamiento saben lo que se está negociando”. A los vecinos, añadió, no les llega ninguna información.
Rodríguez cifró en “unos 40 millones de euros” las exenciones de impuestos que dejarán de llegar al municipio, y relató que concejales socialistas de la localidad describieron su situación como “el doble mal”: el centro de datos y una empresa que “no está dispuesta a ceder ni un euro” de lo que pide el ayuntamiento. Mientras otras multinacionales ofrecen patrocinios o equipamientos a los pueblos, algo que la plataforma rechaza igualmente porque supone “comprar la opinión del pueblo”, en La Puebla “ni eso”, lamentó. Según la información que maneja la plataforma, el propio ayuntamiento tendrá que pagar un depósito de agua que utilizará en parte el centro de datos.
“Aragón no se vende”: el manifiesto y las críticas políticas
Pedro Santisteve, exalcalde de Zaragoza, habló de un movimiento que “va creciendo” ante “la estafa que suponen los PIGA”. Reprochó al Gobierno de Azcón que no haya aprobado una moratoria para que la ciudadanía pueda opinar “con transparencia, con información y con los datos que hace falta conocer”. Santisteve cifró en 34 los centros de datos previstos, “una barbaridad” que, a su juicio, la red eléctrica “no va a aguantar”, y alertó de que puede repetirse lo ocurrido en Estados Unidos, donde se ha encarecido la luz y estados como Texas u Ohio ya plantean moratorias.
Frente al Pignatelli, los convocantes leyeron un manifiesto que arranca con el despliegue renovable. Primero, recordó el texto, Aragón “se cubrió todo de placas y molinos” sin planificación y sin escuchar a los territorios. Después llegaron los expedientes de los centros de datos, “esas moles que parecían granizo de hormigón cayendo de la nube digital”, que se instalan “sin pagar impuestos y sin dar trabajo” y “con la desfachatez de decir que son Proyectos de Interés General para Aragón”. El manifiesto señala a Amazon, Microsoft, Azora, Blackstone y Forestalia, que “llegan como buitres allá donde huelen un beneficio rápido”, y enlaza la protesta con la vivienda con un llamamiento a la huelga del 11 de noviembre al grito de “¡Menos datos, más pisos baratos!”.
Los colectivos rechazan en el texto la isla de calor y el “zumbido infernal” de estas instalaciones, las restricciones de riego mientras los centros siguen consumiendo agua y la subida de la luz “mientras las energéticas hacen ofertas a las tecnológicas”. También cuestionan la necesidad misma de la inteligencia artificial: frente a una IA que conteste correos o diseñe carteles, reivindican producir menos y bajar el ritmo.
Un eco que resuena en América Latina
La protesta de Zaragoza no es un caso aislado. El ejemplo de Guadalajara (México) citado por Arrojo demuestra que la preocupación por el consumo de agua y energía de los centros de datos ya es global. En América Latina, donde la expansión de la nube y la IA avanza, comunidades y gobiernos locales enfrentan dilemas similares: atraer inversión tecnológica o proteger recursos hídricos y energéticos para la población. La exigencia de moratorias y regulación que resuena en Aragón podría encontrar eco en países como México, Chile o Brasil, donde la sequía y la presión sobre las redes eléctricas son desafíos crecientes.
La manifestación de este sábado se suma a la del 27 de septiembre en Torrero contra el campus que Microsoft proyecta junto a Puerto Venecia y los Pinares de Venecia, y a la primera gran protesta contra los centros de datos en Zaragoza, en septiembre de 2025. El movimiento social parece consolidarse y plantea preguntas incómodas sobre el costo real de la digitalización y la inteligencia artificial.