En Santa Teresa, un remoto poblado en el desierto de Nuevo México, un grupo de residentes irrumpió en una sesión del ayuntamiento con carteles pintados a mano: “¡No queremos centros de datos! ¡El agua es para los seres humanos, no para los centros de datos!”. Escenas similares se repiten en Harrisburg, Pensilvania, y en Memphis, Tennessee, donde una reunión de la junta de supervisores para discutir la construcción de nuevas instalaciones terminó en enfrentamientos físicos esta semana. A menos de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, la rebelión contra los centros de datos se ha convertido en la sorpresa bipartidista de los comicios.
Estas instalaciones, que albergan los equipos necesarios para internet y la inteligencia artificial, han pasado de tener el tamaño de un hipermercado a extensiones que podrían superar la isla de Manhattan. Su proliferación ha desatado una ola de rechazo en comunidades de todo el país, desde Virginia hasta California, y ha llevado a que veinte estados hayan aprobado medidas para pausar o prohibir su construcción, mientras otros siete las tienen en trámite.
Un descontento que se extiende por todo el país
Las protestas no son un fenómeno aislado. En Ohio, donde los centros de datos son especialmente impopulares, el 63% de los votantes se opone a ellos. La carrera por el Senado entre el demócrata Sherrod Brown y el republicano John Husted ha puesto el tema en el centro del debate. Brown critica el apoyo de su oponente a estas infraestructuras, y las encuestas le dan una ligera ventaja.
En Pensilvania, la candidata demócrata Paige Cognetti y su rival republicano Rob Bresnahan compiten en el distrito 8, donde ambos han lanzado anuncios atacando a las empresas de datos. Cognetti advierte: “Las grandes compañías ya han pasado por aquí. Tomaron lo que quisieron y nos dejaron su basura. Ahora llegan los centros de datos”. Bresnahan, por su parte, declara: “Para las empresas de datos, no somos más que parcelas de tierra y símbolos de dólar”.
Según un estudio del Annenberg Policy Center de la Universidad de Pensilvania, el 61% de los adultos estadounidenses se oponía en agosto a la construcción de estas instalaciones en sus vecindarios, un salto de doce puntos porcentuales respecto a principios de año. Solo un 14% las apoya. Incluso entre los usuarios habituales de inteligencia artificial, el 60% se opone a los centros de datos.
Preocupaciones ambientales y económicas
Las objeciones son variadas. El consumo de energía es una de las principales: se prevé que la demanda eléctrica en Estados Unidos se duplique entre 2025 y 2028, de 80 a 150 gigavatios, debido a estas instalaciones. En Virginia, que concentra cerca de 600 centros, el 40% de la electricidad consumida en 2024 se destinó a ellos, según un análisis de Bloomberg News. Tres cuartas partes de los votantes de ese estado culpan a los centros de datos de los aumentos en las facturas de luz.
El consumo de agua también genera alarma. Un solo centro puede utilizar hasta 19 millones de litros diarios para refrigeración, suficiente para abastecer a 16,000 hogares. La contaminación del aire es otra queja, ya que muchos operadores instalan generadores de combustibles fósiles para emergencias.
La creación de empleo es otro punto de fricción. Aunque la construcción genera cientos de puestos temporales, una vez terminados, el mantenimiento requiere pocos trabajadores. Además, muchos ayuntamientos firman acuerdos de confidencialidad que impiden divulgar detalles de los proyectos, lo que alimenta el resentimiento.
El respaldo de Trump y la reacción política
A pesar de la opinión pública, el presidente Donald Trump mantiene su apoyo firme a los centros de datos. En un mitin en Ohio la semana pasada, insistió: “Los queremos. Se puede ganar mucho dinero con ellos en Ohio, y no se pueden desconectar. Se irían a China”. Trump argumenta que estas instalaciones aportan riqueza, empleo y mantienen a Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial frente a China.
Sin embargo, su defensa choca con la realidad electoral. Las campañas y grupos de apoyo han invertido más de 53 millones de dólares en anuncios que mencionan los centros de datos. En estados clave como Ohio y Pensilvania, el tema podría inclinar la balanza.
La magnitud de estas infraestructuras es notable. Hyperion, el megacentro de Meta en Luisiana, cubre 9 kilómetros cuadrados, equivalente a más de 1,260 campos de fútbol. El proyecto Stratos en Utah iba a ser tan grande como Manhattan, pero la oposición ha obligado a revisar los planes. En total, ya funcionan 1,333 centros en Estados Unidos y otros 2,359 están en planificación o construcción, según Cleanview.
La importancia económica es indiscutible. Se estima que la construcción de centros de datos y su infraestructura representará un gasto de 10.3 billones de dólares entre 2025 y 2032, un 3.63% del PIB anual, según Stijn van Niewerburgh, de la Universidad de Columbia. “Las construcciones proyectadas serán una parte mayor de la economía que los booms previos en canales, ferrocarriles, electricidad, autopistas y telecomunicaciones”, afirma.
El futuro incierto
El choque entre la necesidad tecnológica y el rechazo social plantea un dilema para las autoridades. Mientras la industria defiende los beneficios y los avances en eficiencia, las comunidades exigen transparencia y participación en las decisiones. En el condado de Loudoun, Virginia, Patricia Gallardo, residente afectada, reclamó: “Los residentes no sabemos qué es lo que se ha aprobado. Nuestro vecindario se merece saber qué se planea en la cuadra de al lado”.
Con las elecciones en el horizonte, el descontento podría traducirse en cambios políticos. La rebelión contra los centros de datos se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre el desarrollo tecnológico y el bienestar comunitario, un debate que resuena también en América Latina, donde la expansión de la infraestructura digital avanza rápidamente.
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