Un grupo de trece congresistas demócratas de Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para exigir la suspensión inmediata de toda la asistencia y cooperación de seguridad con Ecuador, incluidas las operaciones militares conjuntas, hasta que se restablezcan la democracia y el Estado de derecho. La misiva advierte que, si la Administración de Donald Trump no modifica su política hacia el Gobierno de Daniel Noboa, el Congreso utilizará sus facultades para forzar una ruptura de la cooperación militar.
La petición representa un golpe directo a la alianza que Washington ha profundizado con Quito en materia de seguridad y defensa. Los legisladores plantean bloquear las ventas de armas a Ecuador, suspender cualquier asistencia estadounidense en materia de seguridad, prohibir el uso de fondos aprobados por el Congreso para operaciones militares e investigar la participación de Estados Unidos en presuntos abusos contra civiles en operativos en la frontera norte y en bombardeos a embarcaciones pesqueras.
Una advertencia directa a la Casa Blanca
“Si su Administración no pone fin a su complicidad en las acciones autoritarias del Gobierno de Noboa, el Congreso utilizará las herramientas a su disposición para obligar a un cambio de política”, escriben los congresistas en la carta. La firman Jesús Chuy García, Jonathan Jackson, Greg Casar, Jasmine Crockett, Delia Ramírez, Jan Schakowsky, Rashida Tlaib, Adelita Grijalva, Nydia Velázquez, Summer Lee, Hank Johnson, Eleanor Holmes Norton y Ro Khanna.
Los legisladores denuncian un deterioro democrático en Ecuador y cuestionan que Washington profundice su alianza militar con un Gobierno al que acusan de perseguir adversarios políticos, debilitar la independencia judicial y restringir las libertades civiles. La carta llega en un momento de alta tensión política en el país sudamericano, a pocas semanas de las elecciones de noviembre.
El caso de Luisa González y la ofensiva contra la oposición
El primer punto que señalan los congresistas es la detención y encarcelamiento de Luisa González, excandidata presidencial y dirigente del partido de oposición Revolución Ciudadana. González fue arrestada el 22 de octubre por una investigación fiscal sobre presuntas irregularidades financieras durante su campaña presidencial de 2023. También existe una orden de arresto contra su compañero de fórmula, Andrés Arauz.
Las acusaciones contra González fueron expuestas públicamente por el secretario de la Administración de la Presidencia, José Julio Neira, en un video difundido en redes sociales, mientras la excandidata y su defensa estaban en la audiencia de formulación de cargos. Para los legisladores estadounidenses, ese elemento suscita serias preocupaciones sobre la separación de poderes y la independencia judicial.
Los congresistas también cuestionan el papel del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, a quien consideran un “aliado de Noboa”. Sostienen que ha actuado para proteger al presidente y a sus aliados mientras impulsa procesos contra figuras de la oposición.
La misiva recoge además los allanamientos a las oficinas del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apresado en una cárcel de máxima seguridad inspirada en el CECOT de Nayib Bukele desde febrero de 2026, sin una sentencia en firme. Los legisladores consideran que estos casos evidencian una “ofensiva más amplia contra la oposición de Noboa, tanto de izquierda como de derecha, en vísperas de las elecciones de noviembre”.
“Tenemos muchas otras preocupaciones respecto a los ataques abiertos del Gobierno de Noboa contra la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Ecuador”, alertan.
Operaciones militares sin resultados y violaciones a derechos humanos
Otro de los argumentos centrales para exigir la suspensión de la asistencia estadounidense son las operaciones militares conjuntas y los ataques aéreos contra embarcaciones en el Pacífico. La carta señala que Estados Unidos ha proporcionado al país sudamericano decenas de millones de dólares en equipos y entrenamiento militar, además de participar en operaciones conjuntas, sin que eso se refleje en resultados concretos.
“No hay pruebas de que la presidencia de Noboa o sus operaciones con el Gobierno estadounidense hayan reducido de manera significativa el narcotráfico”, explica la carta. “Las tasas de homicidio han seguido aumentando y Ecuador continúa siendo uno de los países más violentos del mundo”, agrega.
La exigencia llega cuando Ecuador cumple mil días bajo estado de excepción desde el inicio del Gobierno de Noboa. Durante 2026, el Ejecutivo ha decretado cuatro toques de queda para facilitar operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Sin embargo, la escalada militar no ha conseguido revertir la violencia: en el país asesinan a 23 personas cada día y las proyecciones apuntan a que el año podría cerrar con cerca de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Los legisladores también cuestionan los ataques aéreos contra embarcaciones pesqueras realizados en cooperación con las autoridades ecuatorianas, que constituyen “ejecuciones ilegales y extrajudiciales”, condena la carta. En Ecuador, los operativos contra embarcaciones pesqueras han afectado a más de un centenar de pescadores. Los tripulantes han sido detenidos y señalados de presuntos vínculos con actividades ilícitas, aunque la justicia ecuatoriana ha declarado inocentes a todos los pescadores por falta de pruebas que acrediten su participación en delitos.
La carta no se limita a cuestionar la legalidad de las operaciones. Los congresistas sostienen que la Administración Trump ha estrechado sus vínculos de seguridad con Noboa sin exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad ecuatorianas, que “incluye torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales en cárceles de mujeres”. También señalan la presión gubernamental sobre los tribunales, los ataques sistemáticos contra la libertad de prensa y la prolongación del estado de excepción.
123 acuerdos y una relación que se consolida
Estados Unidos y Ecuador han suscrito 123 acuerdos entre 2018 y 2026, según ha documentado el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central de Quito. El 55% de esos compromisos fueron firmados durante el gobierno de Daniel Noboa. La mayoría están relacionados con la política de seguridad, que tras la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024 sirvió de catalizador para consolidar la relación con Washington.
La carta recuerda las declaraciones de Rubio en Ecuador cuando describió al presidente ecuatoriano como alguien que estaba “haciendo un trabajo increíble”. Para los congresistas, esa cercanía compromete a Estados Unidos con las acciones del Gobierno de Noboa, que “está consolidando rápidamente su control autoritario del poder”.
La presión del Congreso estadounidense se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la erosión democrática en la región. El caso ecuatoriano se suma a otras alertas sobre el respeto al Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina, y pone a prueba la política exterior de Washington hacia sus aliados en materia de seguridad.
Mientras tanto, el Gobierno de Noboa no ha reaccionado públicamente a la carta. La administración Trump tampoco se ha pronunciado sobre la exigencia de los legisladores. El futuro de la cooperación militar entre ambos países dependerá de la respuesta de la Casa Blanca y de la capacidad del Congreso para impulsar las medidas anunciadas.