El Instituto Nacional Electoral (INE) vive uno de sus momentos más críticos. El escándalo de corrupción que rodea a su última presidenta, Guadalupe Taddei, por presunta colusión con empresas proveedoras de material electoral, ha sumido al organismo en una crisis sin precedentes que ha roto la ilusión de un instituto completamente autónomo, ajeno a los intereses políticos, económicos o personales. La situación se agrava con un recorte presupuestal de 5,000 millones de pesos respecto a los recursos solicitados, que los diputados se disponen a aprobar esta semana, y con la pending designación de una consejera presidenta que concluiría el periodo de Taddei hasta 2032.
Este escándalo ha puesto en entredicho el prestigio de la institución que empujó a México hacia la democracia plena, justo a las puertas de otro periodo electoral. Los expertos coinciden en que las raíces y los riesgos se remontan atrás. El sistema electoral mexicano se construyó en los años 90 sobre una base de desconfianza recíproca entre los actores políticos y muy especialmente hacia el PRI, el partido que había cooptado el poder desde la Revolución. Eso explica la magnitud del organismo, uno de los más grandes del mundo, y también sus enormes costos.
Un diseño costoso y vulnerable
“Una institución que cuesta mucho automáticamente va a estar ligada a intereses privados. Cualquier contrato de línea puede ser muy atractivo para el sector privado. Por hacer una institución tan costosa la pones en un aspecto vulnerable”, plantea Héctor Díaz Santana, exfiscal de delitos electorales. A esa vulnerabilidad consecuencia del propio diseño se suma la creciente concentración de poder, añade Javier Santiago Castillo, exconsejero del IFE (precedente del INE) y expresidente del instituto electoral capitalino.
El caso de Guadalupe Taddei es especialmente notorio, pues se compensó su incapacidad de generar consensos con una reforma que le permitió designar a los directores ejecutivos y los titulares de las unidades técnicas sin pasar por el Consejo. Pero, una vez más, viene de antes. “La visión centralista de la clase política en su totalidad construyó un caldo de cultivo favorable para la corrupción que se ha destapado”, dice Castillo, que pone dos ejemplos: la desactivación de la Comisión de Administración en torno a 2008, que le dio más poder a la presidencia, y la reforma de 2014 por la que “el INE asume una gran cantidad de atribuciones para organizar las elecciones en las entidades federativas”.
La politización del árbitro electoral
La construcción de una hiperpresidencia del Consejo General ha corrido de forma paralela a la progresiva politización del organismo, que alcanzó sus cotas más altas durante la gestión de Lorenzo Córdova (2014-2023) y de la propia Taddei (de 2023 hasta este octubre). Si durante los años 90 y principios del 2000 se privilegiaron los perfiles consensuados sobre el IFE o, en el peor de los casos, el reparto por cuotas para que todos los partidos tuvieran representantes más o menos afines —signo, de nuevo, de la desconfianza—, ese frágil y cuidado equilibrio se rompió en 2003. La falta entonces de un acuerdo hizo que el PAN y el PRI, junto con algún partido satelital como el Verde, pactaran el nombramiento de Luis Carlos Ugalde excluyendo la participación del socialdemócrata PRD. “Ahí nos dimos cuenta de que, cuando no haces un reparto equitativo, hay crisis, como es el caso de ahora”, relata Díaz Santana.
Esa crisis “estalla” en las polémicas elecciones presidenciales de 2006, en palabras de Castillo, sobre las que planea la sombra del fraude. Morena nunca reconoció los resultados y Vicente Fox, el entonces mandatario, ha confesado en una entrevista que hizo “que ganara [Felipe] Calderón”, también panista. “El IFE no hizo fraude, el que lo hizo fue el presidente de la República, pero debido a la impericia política de quien dirigía el organismo, se abonó al conflicto postelectoral”, señala eufemísticamente el experto, que cree que las declaraciones de Ugalde esa noche, sin aclarar el conteo rápido, no fueron las más acertadas.
La fuerte agitación de esas elecciones hizo que Andrés Manuel López Obrador, candidato derrotado por una estrecha diferencia de 0.56%, se declarara presidente legítimo y el partido en el que entonces militaba, el PRD, impulsara una reforma para nivelar el suelo de la competencia partidista. De ahí se derivó la obligación de mantener la neutralidad política para funcionarios públicos y la prohibición a partidos y personas físicas o morales de contratar tiempos en radio y televisión para hacer propaganda política más allá de los espacios estipulados estrictamente por el Estado, apunta Santiago.
López Obrador y la confrontación con el INE
Pero 12 años después, ya siendo presidente, López Obrador cargó numerosas veces contra el INE e intentó —sin éxito— tres reformas para modificar de fondo su funcionamiento. Quien dirigía el organismo electoral entonces, Lorenzo Córdova, terminó convirtiéndose en un férreo opositor del mandatario y llevó las habituales afinidades o desavenencias ideológicas directamente a la confrontación política. “López Obrador se equivocó. Podía haber hecho responsables de manera personal a algunos funcionarios por errores cometidos y haberse enfocado en el fraude que hizo Fox, en lugar de deslegitimar una institución que, aún con sus errores, era y es y será muy relevante para mantener la estabilidad política del país”, señala Javier Castillo.
Héctor Díaz Santana completa por el otro lado: “¿Cuál fue el problema de Lorenzo [Córdova]? Que cuando lo atacaban, su estrategia fue defenderse en la misma arena del atacante, entonces politizó mucho el ámbito electoral, que a una institución de esta naturaleza tampoco le conviene. Desde el momento en que el INE tiene esa visibilidad y se sube a la arena, corre un riesgo”. En contraposición, añade, estaría la presidencia de Leonardo Valdés (quien presidió el INE de 2008 a 2013), “una persona sumamente discreta, que no se metía en ningún problema y no politizaba”.
La llegada de Taddei y el escándalo de corrupción
Todo ello pavimentó el terreno para la llegada de Taddei, en marzo de 2023, muy cercana a algunas figuras clave del oficialismo, como el tabasqueño Adán Augusto López, hasta hace poco coordinador de la bancada morenista en el Senado, o la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió a la ceremonia de apertura del proceso electoral de 2027. Una imagen inusual que hoy le pasa factura al oficialismo, que trata de deslindarse de cualquier asociación con una figura a la que hace poco aplaudían por ser ejemplo de honestidad y austeridad.
La situación ahora es extremadamente delicada para unos y otros. El INE debe recomponerse a marchas forzadas antes de los comicios intermedios, la gran prueba de fuego de su integridad maltrecha. Una de las claves, dice Díaz de Santana, serán sus estándares de exigencia durante la campaña y las elecciones. Ambos expertos apuntan al Servicio Profesional Electoral Nacional —un servicio civil de carrera creado desde 1990— como la gran fortaleza de la institución, pero quedan muchas cuentas pendientes y eso no es suficiente. La contraloría encargada de vigilar el desempeño de la institución no detectó las irregularidades por las que ha caído Taddei, lo que extiende la sombra de la sospecha a su propio desempeño. En el largo plazo, dice Castillo, la única solución es articular un verdadero sistema anticorrupción.
Un futuro incierto y la oportunidad de oro
Con todo, el exconsejero se muestra optimista. Ve con buenos ojos la presidencia provisional de Blanca Cruz, en la que se están volviendo a privilegiar los consensos con decisiones tomadas por unanimidad, algo extremadamente difícil de alcanzar. Eso marca la pauta también al Legislativo, donde la apisonadora oficialista está amagando, por el contrario, con imponer las normas para la elección de la nueva presidencia del INE. El regreso a la colegialidad que fue pilar para la construcción del organismo hace casi 40 años será fundamental ahora para recomponer su credibilidad, coinciden ambos.
Otras cosas serán más difíciles y ahí se muestra más pesimista Díaz de Santana. “El proveedor del escándalo de corrupción es la empresa más grande de materiales electorales que hay en el país. No sé si encontremos o estemos a tiempo de poder mandar a otro a hacer todo el material que se requiere para la elección”, reconoce. De momento, la institución se enfrenta en estos días a un nuevo problema: un recorte presupuestal de 5,000 millones de pesos respecto a los recursos solicitados, que los diputados se disponen a aprobar en esta semana. Además, las fuerzas políticas tienen pendiente el nombramiento de una consejera presidenta que concluiría el periodo de Taddei, hasta 2032. El INE, que es sujeto de una auditoría especial sobre sus últimos 26 años de gestión, está ante su mayor reto y también ante su oportunidad de oro: puede confirmar su acelerada descomposición o limpiar su nombre y recobrar el prestigio comprometido por una superpresidenta que defraudó a propios y ajenos.