El cuartel de Santa Rosa del Sur, en el norte de Colombia, vivió una jornada de horror cuando una lluvia de explosivos lanzados desde drones impactó el comedor de la tropa. Al menos tres militares murieron, 16 resultaron heridos de gravedad y otros 31 sufrieron afectaciones. El ataque, atribuido al ELN, es uno de los más letales del año y evidencia una guerra que se libra cada vez más desde el aire.
La ofensiva no es un hecho aislado. Desde agosto, cuando Abelardo de la Espriella asumió la presidencia, al menos 12 uniformados han muerto por explosivos lanzados desde drones, frente a los ocho de los siete meses anteriores. El ritmo se ha más que triplicado: de poco más de uno al mes a casi cuatro. Los datos de la Policía Nacional, con corte al 20 de octubre, revelan una tendencia alarmante que el nuevo Gobierno aún no logra contener.
Una escalada sin precedentes
El primer ataque con drones se registró en julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo. Desde entonces, la frecuencia ha crecido de manera exponencial. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) contabiliza 119 ataques en 2024, 277 en 2025 y 351 en lo que va de 2026 hasta el 2 de noviembre, es decir, uno cada 21 horas. Agosto, con 56 incidentes, fue el mes más violento del año.
Las cifras oficiales, sin embargo, podrían ser aún mayores. A los datos de la Policía se suman el infante de marina Edwin Andrés Vargas, asesinado el 23 de octubre, y los tres soldados muertos este sábado en Santa Rosa del Sur. El presidente De la Espriella condenó el “ataque terrorista” y prometió “identificar, perseguir y capturar” a los responsables, pero hasta ahora no ha podido neutralizar la amenaza.
Dos frentes: Catatumbo y Cauca
Los datos de la Policía dibujan dos escenarios críticos. Ocho de los 16 muertos de este año se concentran en el Catatumbo, en Norte de Santander, una región que el Gobierno acaba de militarizar. En el Cauca, suroeste del país, los drones hieren más de lo que matan: 46 de los 89 uniformados heridos en 2026 se registraron allí, entre ellos 20 policías, muchos en ataques contra estaciones.
La mayoría de las víctimas mortales son soldados profesionales, la base de la tropa. Pero los uniformados no son los únicos. La Policía registra otras 12 personas muertas por drones que no pertenecían a la Fuerza Pública, aunque no precisa cuántas eran civiles. El 26 de febrero, una granada de mortero lanzada desde un dron cayó sobre una vivienda en Segovia, Antioquia, y mató a una mujer y a dos de sus hijos. “Es una familia que nada tiene que ver con el conflicto”, lamentó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.
Tecnología letal y defensas insuficientes
Los grupos armados han evolucionado rápidamente. Ya utilizan drones kamikaze, que se estrellan contra el objetivo y explotan, y otros guiados por fibra óptica, que no emiten señal de radio y por tanto no pueden ser bloqueados por inhibidores. Según la inteligencia militar, este año la facción de Mordisco suma 175 ataques y el ELN, que en 2025 había lanzado 36, ya va por 145.
La capacidad de fabricación también sorprende. En un mensaje de comienzos de 2025 citado por la FIP, Mordisco presumía de producir un dron por unos seis millones de pesos (aproximadamente 1.900 dólares), frente a los 36 millones (unos 11.000 dólares) que cuesta en el mercado. Los operadores se entrenan en escuelas propias en Colombia, algunos con instructores que regresaron de Ucrania, y otros aprenden viendo videos en YouTube. Compran o imprimen partes en impresoras 3D.
El Estado, en cambio, no ha logrado articular una defensa eficaz. El Ministerio de Defensa asegura que en 2025 detectó unos 9.000 intentos de ataques y neutralizó cerca del 96%, pero ese 4% restante sigue siendo letal. “La capacidad disponible es cada vez más impotente ante la sofisticación y la masificación del uso de drones”, sostiene el exministro de Defensa Pedro Sánchez. “Los grupos armados siempre van a tener menos restricciones que un Estado”, añade Gerson Arias, investigador de la FIP.
Compras fallidas y promesas incumplidas
Colombia lleva años adquiriendo sistemas antidrones en pequeñas cantidades y con malos resultados. En diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa contrató equipos de la estadounidense Dedrone por 25,4 millones de dólares, pero la entrega se retrasó. En 2025, el Ejército compró 40 inhibidores portátiles DroneGun, que solo funcionan a corta distancia. Según hallazgos de la Contraloría, los sistemas comprados en los últimos cuatro años habrían detectado los aparatos a 300 y 430 metros, cuando ya están casi encima.
El caso más sonado fue el del Catatumbo. En 2025, el Ministerio de Defensa dispuso que las compras antidrones pasaran por Codaltec, una empresa estatal que no fabricaba esos equipos. El contrato, de unos 80.000 millones de pesos (25 millones de dólares), era para 19 sistemas, pero no superaron las pruebas y el Ejército no los recibió. La disputa sigue abierta.
En enero de 2026, el Ministerio lanzó el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto de más de seis billones de pesos (unos 1.900 millones de dólares). Se anunciaron pruebas en tres continentes y se interesaron 119 empresas, pero no se adjudicó nada. El 4 de octubre, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, prometió “sistemas para el dominio y la protección del espacio aéreo”, pero no dio fechas ni plazos.
Un desafío global
La situación de Colombia no es única. La guerra con drones se extiende por varios conflictos en el mundo, y la máxima del mariscal británico Bernard Montgomery resuena con fuerza: “Si perdemos la guerra en el aire, perdemos la guerra, y la perdemos rápido”. Para Colombia, la advertencia es hoy más vigente que nunca.