En el corazón de India, el proyecto de interconexión de ríos Ken-Betwa promete llevar agua y energía a una región árida. Pero para las mujeres de la tribu Gond en el estado de Madhya Pradesh, esta obra representa una amenaza existencial: la pérdida de sus hogares, sus tierras y su sustento, sin una compensación justa.
La ley india de adquisición de tierras (LARR, por sus siglas en inglés) establece que cada adulto, independientemente de su género, debe ser considerado una familia separada para fines de compensación. Sin embargo, en la práctica, las autoridades interpretan la ley de manera restrictiva y excluyen a esposas, viudas e hijas adultas de las listas de beneficiarios.
Este artículo profundiza en las historias de Gyan Rani, su nuera Pooja y su hija Muliya, quienes, a pesar de tener derecho legal, no han recibido ni una rupia. Su lucha es un reflejo de un problema sistémico que podría repetirse en los 30 proyectos de interconexión fluvial planificados en el país.
La protesta de las piras funerarias
En la aldea de Kupi, a orillas del río Barna, un grupo de mujeres se sienta sobre piras funerarias sin encender. Es el Chita Andolan, una protesta simbólica para demostrar que, sin compensación, su destino es la muerte social y económica. Gyan Rani, de 50 años, viajó más de 70 kilómetros para unirse a la protesta, pidiendo prestados 200 rupias (unos 2 dólares) para el viaje.
“No tenemos hogar, no tenemos tierra y no tenemos a dónde ir”, dice Gyan Rani. Su familia posee 1.2 hectáreas de tierra agrícola en Pathapur, pero solo los hombres han recibido pagos de rehabilitación. Las mujeres adultas, incluyendo a su hija de 18 años y a su nuera viuda de 21, han sido ignoradas.
La ley y su interpretación discriminatoria
La Ley de Adquisición de Tierras, Rehabilitación y Reasentamiento (LARR) de 2013, en su Sección 3(m), define a la familia de manera convencional: una persona, su cónyuge e hijos menores dependientes. Sin embargo, una explicación adjunta establece que cada adulto, sin importar su género, debe ser tratado como una familia separada. Esta explicación, que beneficiaría a las mujeres, es ignorada por los funcionarios.
Bina Agarwal, profesora de economía del desarrollo en la Universidad de Manchester, explica que la contradicción en la ley es la raíz del problema. “Si la explicación se convirtiera en el texto principal de la ley, beneficiaría inequívocamente a las mujeres”, afirma. Agarwal propone que la compensación económica se deposite en las cuentas bancarias de todos los adultos por separado, y que la tierra se registre de manera conjunta, con igualdad de derechos para las mujeres.
Historias de exclusión
Pooja Gond, de 21 años, quedó viuda a un año de casada. Su esposo murió por una enfermedad no diagnosticada, y su hijo de un año falleció después. A pesar de su situación, no ha recibido compensación ni pensión de viudez. Cuando acudió a las autoridades, le dijeron que su nombre no estaba en la lista y que, si quería que lo agregaran, debía pagar 100,000 rupias (unos 1,050 dólares). No tenía ese dinero.
Muliya, de 18 años, tiene credencial de elector y ha votado, pero los funcionarios la consideran “menor de edad” para recibir compensación. Sufre de llagas en la boca que no sanan, y sueña con poder costear su tratamiento si alguna vez recibe su parte.
Un precedente peligroso
Ken-Betwa es el primero de 30 proyectos de interconexión fluvial planificados bajo el Plan de Perspectiva Nacional de India. Si la interpretación restrictiva de la ley se mantiene, las mujeres desplazadas por futuros proyectos enfrentarán la misma exclusión. Los activistas temen que el proyecto siente un precedente negativo.
El gobierno estatal afirma que todas las familias elegibles han recibido compensación, pero las protestas y las investigaciones sugieren lo contrario. En julio de 2026, tras una huelga de hambre de 18 días del líder local Amit Bhatnagar, la administración del distrito ordenó una nueva verificación de las familias afectadas, reconociendo que algunos hogares elegibles podrían haber sido omitidos.
El costo humano del desarrollo
Mientras tanto, la construcción de la presa continúa. Las familias cuyas casas han sido demolidas quedan a su suerte, tratando de reconstruir sus vidas con compensaciones insuficientes. La falta de transparencia y la corrupción agravan la situación: se han reportado casos donde la compensación fue depositada en cuentas de agentes en lugar de las familias.
Para Gyan Rani, Pooja y Muliya, la lucha es diaria. “Si el gobierno no puede darnos compensación, que nos envíen a otro país. Hemos votado. Somos ciudadanos de este país. ¿Dónde está nuestro derecho?”, cuestiona Gyan Rani.
Otros artículos relacionados:
- El impacto ambiental de las presas en América Latina
- Derechos de las mujeres rurales al acceso a la tierra
- Desarrollo sostenible y comunidades indígenas
