Muchos periodistas publican falsedades porque renuncian a comprobar lo que afirman. Sucede particularmente en la información judicial. Una fiscalía entrega un comunicado, filtra una carpeta o anuncia una orden de aprehensión, y numerosos medios reproducen la versión oficial como si fuera una sentencia. El acusado deja inmediatamente de serlo y se convierte en defraudador, narcotraficante, lavador de dinero o integrante de la delincuencia organizada. La investigación apenas comienza, pero el juicio mediático ya terminó.
Los casos recientes permiten observar el mecanismo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza fueron acusados en Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico. La acusación es gravísima y debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, pero sigue siendo una acusación. No es una sentencia. El Gobierno federal ha reclamado pruebas contundentes y respeto al debido proceso. Jurídicamente tiene razón, aunque resulta inevitable preguntar si mantendría la misma prudencia si los acusados pertenecieran al PAN o al PRI.
En el extremo contrario se encuentran los exgobernadores Ernesto Ruffo Appel y Ángel Aguirre Rivero. Ruffo fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos; Aguirre fue detenido por la presunta desaparición de pruebas relacionadas con el caso Ayotzinapa. Son procedimientos distintos y acusaciones de enorme gravedad. Existen datos que justificaron, hasta ahora, la intervención de los jueces, pero ninguno de los dos ha recibido sentencia definitiva. Vincular a proceso no significa declarar culpable, como tampoco ejecutar una orden de aprehensión equivale a demostrar los delitos imputados.
La presunción de inocencia no puede depender del partido político. Morena la invoca para Rocha e Inzunza y suele olvidarla frente a Ruffo o Aguirre. La oposición procede exactamente al revés: condena anticipadamente a los morenistas y presenta como persecución política cualquier investigación contra uno de los suyos. Cada grupo exige pruebas para sus amigos y considera suficiente un comunicado de la fiscalía cuando se trata de sus adversarios.
Una parte del periodismo reproduce esa misma conducta. Los medios cercanos al gobierno hablan de “la red encabezada por Ruffo” o de “la responsabilidad de Aguirre”, aunque los procesos apenas comiencen; algunos medios opositores llaman narcogobernador a Rocha y narcosenador a Inzunza antes de conocer las pruebas completas. No informan sobre un procedimiento: escogen un bando y redactan la sentencia que desean.
Lo grave es que escriben sin conocer la diferencia entre denuncia, investigación, imputación, orden de aprehensión, vinculación a proceso y sentencia. Una orden de captura no demuestra culpabilidad; permite conducir al acusado ante el juez. La vinculación tampoco condena; establece que existen datos suficientes para continuar el procedimiento. Son diferencias elementales, pero de ellas pueden depender la libertad y el prestigio de una persona.
La acusación ocupa ocho columnas. Una eventual absolución, varios años después, merece una nota pequeña. Para entonces, el nombre quedó asociado al delito en los buscadores, la familia fue señalada y la reputación destruida. Los tribunales pueden devolver la libertad, pero difícilmente restituyen el prestigio.
La prensa debe vigilar a las fiscalías, no trabajar como su departamento de propaganda. Debe informar quién acusa, qué pruebas se conocen, qué responde la defensa y en qué etapa se encuentra el procedimiento. Una fiscalía puede equivocarse, actuar por consigna o ser utilizada para ajustar cuentas. Precisamente por eso existe la presunción de inocencia.
El político miente para conservar el poder. El periodista que publica sin comprobar le proporciona apariencia de verdad. Cuando la fiscalía acusa, el gobierno selecciona culpables y la prensa dicta sentencia, la justicia deja de impartirse en los tribunales. Se dicta desde los titulares.
