Durante más de cuarenta años de ejercicio profesional he visto personas ganar juicios después de haber perdido casi todo lo demás. Obtuvieron una sentencia favorable, pero para entonces habían gastado fortunas, perdido la tranquilidad y sacrificado varios años de su vida; destruyeron relaciones familiares, convirtieron diferencias menores en odios permanentes y terminaron agotadas frente a un expediente que ya nadie recordaba por qué había comenzado.
Buena parte de esta tragedia se origina en la actuación de ciertos abogados que encuentran en cada desacuerdo la oportunidad de hacer negocio con un litigio interminable. Prometen victorias seguras, aseguran conocer al juez, exageran las posibilidades del asunto y ocultan deliberadamente los riesgos. Para ellos, la verdad estorba.
No todos son iguales. Hay grandes abogados que conocen el derecho y saben defender con pericia los intereses de sus clientes. Existen litigios inevitables y asuntos en los que solamente un juez puede detener un abuso, proteger un derecho o exigir el cumplimiento de una obligación. Litigar no es el problema. El problema aparece cuando el abogado utiliza la ignorancia, la ambición, el enojo o la desesperación del cliente para prolongar un conflicto que pudo evitarse o resolverse desde el principio.
Pero el problema no termina en los despachos. Ahora se suma la falta de experiencia de algunos de los llamados jueces del acordeón. Muchos llegaron al cargo sin haber pisado antes un juzgado. La improvisación judicial no es una deficiencia menor: detrás de cada expediente existen personas, familias, empresas y patrimonios que dependen de una resolución oportuna y jurídicamente correcta.
Las consecuencias ya se observan. Un juez que desconoce el procedimiento resolverá mal, alargará el litigio y aumentará sus costos. Así, el ciudadano queda atrapado entre el abogado que cobra por mantener vivo el conflicto y el tribunal incapaz de resolverlo. Al final puede quedarse sin justicia y también sin dinero.
Ante este panorama poco alentador, conviene recordar que no todo conflicto necesita una sentencia ni toda diferencia debe convertirse en una guerra judicial. En ocasiones, la verdadera defensa del cliente consiste en impedir que ingrese a un litigio del cual probablemente saldrá más lastimado de lo que entró. Frente a ese camino largo, costoso y frecuentemente inútil existe otra posibilidad: la mediación. No como justicia de segunda categoría ni como simple mecanismo para evitar tribunales, sino como una forma distinta de resolver controversias.
El juicio mira principalmente hacia el pasado para determinar quién incumplió, quién tuvo la culpa y quién debe pagar. La mediación reconoce lo ocurrido, pero procura construir una solución para el futuro. No pretende fabricar vencedores y vencidos, sino evitar que ambos terminen derrotados. Mediar tampoco significa renunciar a derechos. Hay casos en los que resulta indispensable acudir a los tribunales, pero existen muchos otros —familiares, vecinales, civiles y mercantiles— en los que una conversación profesionalmente conducida puede evitar años de desgaste.
El buen abogado no es quien presenta más demandas, sino quien ayuda a su cliente a encontrar la mejor solución. A veces deberá litigar con firmeza; otras, tendrá la obligación ética de explicar que un acuerdo razonable vale más que una victoria incierta dentro de diez años. Cobrar por aconsejar prudencia también es ejercer dignamente la profesión.
Una sociedad verdaderamente justa necesita buenos jueces, abogados honestos y ciudadanos capaces de hablar, escuchar y cumplir su palabra. Porque hay juicios en los que nadie gana, salvo el abogado que se encargó de que nunca terminaran.
Por Carlos Román
