Los síntomas de la decadencia del obradorismo son evidentes: corrupción a tope, agotamiento moral y pérdida de contacto con la realidad. Morena llegó al poder bajo una narrativa de regeneración y superioridad ética. Apenas han transcurrido ocho años desde el triunfo de López Obrador y el movimiento que prometía barrer la corrupción, pacificar al país y construir una nueva vida pública enfrenta hoy gravísimas acusaciones internacionales, señalamientos de infiltración criminal, fracturas internas y pérdida de credibilidad.
El caso de Rubén Rocha Moya y coacusados es apenas la primera expresión visible del grado de descomposición de un proyecto político que hizo de la prédica moral su principal fuente de legitimidad. Que un gobernador de Morena, en funciones, aparezca vinculado en expedientes criminales relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos no sólo constituye una crisis política; representa un golpe devastador a toda la narrativa construida desde Palacio Nacional durante años. Y lo más grave es que Washington ya advierte que vienen más casos.
López Obrador construyó una política de seguridad sustentada más en consignas ideológicas que en realidades operativas. “Abrazos, no balazos” dejó de ser una frase para convertirse en símbolo de una renuncia práctica del Estado a ejercer plenamente la fuerza legítima. Mientras se repetía que el combate a la pobreza resolvería la violencia, el crimen organizado extendía su control territorial, económico y político en vastas regiones del país. Los cárteles dejaron de ser simples organizaciones criminales para convertirse en poderes paralelos capaces de imponer reglas, desplazar comunidades e influir en procesos electorales. Los hechos terminaron por aplastar la propaganda.
El problema para Morena es que esa política no puede desligarse de López Obrador. La responsabilidad histórica recae directamente sobre él. Fue su visión y su apuesta personal. El movimiento que llegó prometiendo limpiar al país terminó solapando muchas de las miserias que juró combatir. Ese suele ser el destino de los proyectos construidos alrededor de figuras mesiánicas: terminan pareciéndose demasiado a aquello que prometieron destruir.
La reacción de la Presidenta también resulta reveladora. Frente a las acusaciones, Claudia Sheinbaum ha optado por exigir pruebas, denunciar injerencias y cerrar filas alrededor de su movimiento. El problema dejó de ser jurídico para convertirse en una crisis política y diplomática de enorme dimensión. Y en el fondo persiste una percepción cada vez más extendida: que las decisiones fundamentales del gobierno siguen saliendo desde Palenque.
Mientras tanto, Donald Trump ha encontrado en la crisis mexicana un terreno ideal para reconstruir su narrativa de seguridad nacional. Para él, los cárteles son estructuras narcoterroristas con capacidad de penetrar gobiernos. La nueva Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos coloca como prioridad absoluta la eliminación de los cárteles, advierte que actuará incluso de manera unilateral y lanza una amenaza directa contra los “gobiernos cómplices”. Y Trump ya comenzó a decirlo abiertamente: si México no combate el tráfico de drogas, Estados Unidos lo hará. Pero fue todavía más lejos al afirmar que “los cárteles gobiernan México”. La declaración rompe décadas de prudencia diplomática y confirma un cambio radical en la percepción de Washington sobre el Estado mexicano.
A ello se suma ahora la revisión de los consulados mexicanos en Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, bajo sospechas de activismo político de la 4T dentro de territorio norteamericano. La sola revisión extraordinaria de la red consular mexicana muestra hasta qué punto se ha deteriorado la relación bilateral. Los mensajes que Washington envía al gobierno mexicano son cada vez más severos.
El documento de la Casa Blanca habla de campañas militares, operaciones encubiertas, sanciones y persecución financiera contra cárteles y gobiernos que les den protección. Para Trump, el fentanilo constituye un arma de destrucción masiva y los países incapaces de contener a los grupos criminales se convierten automáticamente en riesgos para su seguridad nacional. Un Estado infiltrado por delincuentes es, desde esa lógica, un Estado fallido.
Los regímenes envejecen cuando dejan de ver la realidad y comienzan a vivir de sus mentiras. Eso le sucede hoy al obradorismo. El discurso ya no alcanza para ocultar la violencia, la corrupción y las contradicciones. La épica de la transformación empieza a perderse en la justificación permanente.
Estamos viendo el desgaste acelerado de un régimen que prometió transformar al país y que, demasiado pronto, empieza a mostrar los síntomas de su propia decadencia. El obradorismo todavía conserva poder, pero comienza a perder algo más importante: la autoridad moral que le daba sentido.
Por Carlos Román
