México está muy cerca de convertirse en un Estado fallido. Es una realidad que se impone todos los días. La violencia no cede: homicidios, desapariciones, extorciones, regiones enteras donde el control dejó de estar en manos del Estado. La seguridad se ha perdido y a todos afecta. Los servicios de salud no responden a lo básico, la educación pública produce analfabetas funcionales y el campo sigue generando pobreza. El deterioro es estructural.
El Estado sigue operando, sí, pero ha abandonado sus funciones esenciales —seguridad y justicia— para limitarse a cobrar, regular y administrar. Se amenaza a sectores visibles con el aparato fiscal, mientras se maquillan cifras, se ajustan estadísticas y se justifican hechos que, en cualquier país con instituciones funcionales, serían insostenibles. Ahí está el huachicol fiscal: una red que operó desde aduanas bajo protección de altos mandos y que terminó exhibida fuera del país. Y ahora Sinaloa.
Lo de Sinaloa es de otra dimensión. La acusación presentada en una corte de Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha Moya no es un episodio menor ni una simple fricción diplomática. Es un hecho gravísimo que coloca a un jefe de gobierno estatal bajo la sospecha formal de vínculos con el crimen organizado. Y lo más delicado no es solo la acusación en sí, sino lo que revela: que, cuando el sistema interno no investiga ni sanciona, la presión y la evidencia terminan viniendo desde fuera. Eso no habla de soberanía; habla de vacío y encubrimiento.
La relación con Estados Unidos —nos guste o no— es el eje económico de México. El T-MEC es la base de la viabilidad económica del país. Cualquier deterioro serio en esa relación, especialmente en materia de seguridad y Estado de derecho, es un riesgo económico mayor. Cuando desde Washington se asegura que gobiernos locales están vinculados al crimen, la consecuencia se traduce en presión, en condicionamientos, en desconfianza. Y un país como México, profundamente integrado a la economía norteamericana, no tiene margen para ignorar eso sin pagar costos reales.
El problema de fondo sigue siendo el mismo: la impunidad. No la inseguridad en sí misma, sino la incapacidad —o la falta de voluntad— para castigarla. Ese diagnóstico no ha cambiado. Cambiaron los gobiernos, los discursos y los nombres, pero el sistema permanece intacto. La impunidad es la regla.
Sin fiscalías que procuren justicia y sin un Poder Judicial independiente, no hay ley que funcione. Mientras tanto, el país se acostumbra a cifras que ya no dicen nada, a desaparecidos sin nombre, a homicidios convertidos en estadística, a una corrupción que ya ni siquiera se intenta ocultar. El discurso oficial siempre encuentra una justificación, pero la realidad no cambia. Empeora.
Así, entre la impunidad que permanece y un Estado que no cumple su función, el país sigue sin dirección. En ese proceso, el Estado pierde su esencia. No hay compromiso con la ley ni con la ciudadanía, solo lealtades de grupo y de poder. Y en ese círculo cerrado se explica buena parte de lo que ocurre: políticos que no investigan porque se afectarían a sí mismos, autoridades que administran el problema para no enfrentarlo y un sistema que prefiere convivir con el crimen antes que romper con él. Porque un país puede tolerar muchas cosas, pero no puede sostener indefinidamente un sistema donde la ley no se aplica y el poder se condiciona. Menos aun cuando su estabilidad económica depende de la confianza de sus socios. Si esa confianza se rompe, el costo no será político: la crisis será sistémica. Y entonces ya no estaremos hablando de un Estado que se acerca al fracaso, sino de uno que decidió no evitarlo a tiempo.
Por Carlos Román.
