El Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) de Brasil ultima los detalles para presentar nuevos procesos de demarcación de territorios tradicionales, que podrían quedar listos para la firma del presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de que concluya 2026. Así lo confirmó el titular de la cartera, Eloy Terena, en una entrevista exclusiva con Brasil de Fato, donde advirtió que la violencia contra las comunidades indígenas en Mato Grosso do Sul está directamente vinculada con la demora en la titulación de sus tierras.
Un contexto de violencia y conflictos históricos
Los recientes episodios de violencia contra los guaraníes kaiowá en Mato Grosso do Sul —que incluyen denuncias de asesinatos, atropellos con fuga y amenazas de envenenar el agua— reflejan un escenario de conflicto histórico por la falta de demarcación. «Debido a las demarcaciones incompletas, persisten otros problemas derivados de la falta de acceso a su territorio tradicional», afirmó Terena, quien también citó el racismo, los conflictos por la tierra y la dificultad para acceder al agua potable como factores agravantes.
El ministro criticó la actuación de las fuerzas de seguridad estatales en estos conflictos, señalando que las comunidades suelen percibir a la policía como parcializada a favor de los ganaderos. «La Policía Militar ya tiene un historial de acciones brutales e infructuosas en comunidades indígenas», declaró. Además, reveló que el gobierno de Mato Grosso do Sul no ha acatado los protocolos para la actuación policial en tierras indígenas presentados por el Gobierno federal.
Medidas del gobierno federal y el rol de la Enmienda de Seguridad Pública
Ante la gravedad de la situación, el presidente Lula ordenó el traslado de tres ministros a Mato Grosso do Sul para acompañar las denuncias de amenazas y violencia contra las comunidades indígenas tras las elecciones. La comitiva la integraron Eloy Terena (Pueblos Indígenas), Janine Mello (Derechos Humanos) y Wellington César Lima e Silva (Justicia), quienes visitaron las aldeas Taquapiri y Sassoró. «Él (Lula) pidió que fuéramos al territorio para seguir de cerca la situación», relató Terena.
En este contexto, el ministro consideró que la Enmienda de Seguridad Pública, aprobada por el Congreso esta semana, podría ampliar la capacidad del Gobierno federal para proteger los territorios indígenas. Según explicó, la dependencia de la autorización de los gobernadores para el despliegue de la Fuerza Nacional dificulta la respuesta a los conflictos, especialmente en comunidades que desconfían de las fuerzas policiales estatales.
Avances y obstáculos en la demarcación
Al frente del MPI desde la salida de Sonia Guajajara (PSOL-SP), quien fue reelegida como diputada federal, Terena presentó un informe sobre 20 tierras indígenas reconocidas oficialmente, 21 declaradas y 31 reservas establecidas durante el tercer mandato de Lula, que suman, según él, 12,5 millones de hectáreas conferidas a este reclamo.
A pesar de los avances, el titular señala la judicialización y la aplicación de la ley marco temporal como obstáculos para las demarcaciones. «Hoy tenemos la capacidad, por así decirlo, de impulsar los procesos, pero aun así sufrimos mucha interferencia de los poderes legislativo y judicial», afirmó. El ministro también expresó su preocupación por la composición del Congreso electo en octubre, al que considera aún más reacio a los derechos indígenas.
De la militancia a la gestión: la visión de Terena
Terena, abogado indígena y exmiembro de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), reflexiona sobre su experiencia al pasar del activismo en movimientos indígenas a la dirección del ramo. Para garantizar la continuidad de las políticas públicas ante posibles cambios de gobierno, aboga por transformar los programas creados por el Poder Ejecutivo en leyes. «Porque sabemos que los decretos presidenciales cambian. Si el presidente cambia, revoca el decreto y establece otros programas», explicó.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas hizo un llamado a la Policía Federal (PF) en días recientes para que investigue episodios de violencia contra los indígenas guaraníes y kaiowá en Mato Grosso do Sul, registrados después de los resultados de las elecciones. Según el comunicado, el MPI continúa trabajando para garantizar la protección y los derechos de las comunidades indígenas. Para tal propósito, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Asociación Aty Guasu están recabando denuncias de violencia, que podrían derivar en acciones judiciales concretas.
Entre los casos denunciados se encuentran asesinatos en Naviraí, atropellos con fuga en Coronel Sapucaia, amenazas de muerte, manifestaciones racistas y amenazas de envenenar el agua consumida por las comunidades indígenas en Tacuru y Nioaque. Como ejemplo de estas posiciones radicalizadas, en represalia por el resultado de las elecciones presidenciales, un empleado de la alcaldía de Tacuru, en el extremo sur del estado, supuestamente sugirió, en un mensaje enviado por WhatsApp, que se envenenara el agua que consumen los indígenas de la aldea Sassoró. «Pongan veneno en el agua, matemos a estas plagas», escribió. Tras el incidente, el imputado fue apartado de sus funciones.
Implicaciones para la región y el futuro de las políticas indígenas
La situación en Mato Grosso do Sul evidencia la compleja relación entre la demarcación de tierras, la violencia y la política brasileña. El anuncio de nuevas demarcaciones antes de que finalice 2026 representa un intento del gobierno de Lula por atender una demanda histórica de los pueblos originarios, pero enfrenta obstáculos legislativos y judiciales, así como la resistencia de sectores políticos y económicos. La Enmienda de Seguridad Pública, de ser implementada adecuadamente, podría fortalecer la capacidad del Estado para proteger a las comunidades, aunque su efectividad dependerá de la voluntad política y de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Para América Latina, este caso es un recordatorio de la importancia de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas como condición para la paz y la sostenibilidad. La experiencia brasileña, con sus avances y retrocesos, ofrece lecciones sobre la necesidad de políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales y aseguren la protección de los derechos humanos y del medio ambiente.