El pasado 8 de octubre de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dispararon e hirieron a un ciudadano dominicano de 28 años mientras se encontraba en su automóvil junto a su hijo de cinco años, en el barrio neoyorquino de Marble Hill. El niño resultó ileso pero presenció la agresión contra su padre. El incidente ha provocado una ola de indignación y movilizaciones populares en Nueva York, y ha reavivado el debate sobre la brutalidad policial y las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes del ICE llevaban a cabo una «operación de ejecución específica» en el Bronx para detener a un hombre originario de la República Dominicana con antecedentes penales. La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, informó que el hombre había sido arrestado en dos ocasiones en la ciudad, en 2023 y 2025. Durante el operativo, los agentes rodearon el vehículo de la víctima y efectuaron múltiples disparos que perforaron el parabrisas y las ventanillas, dejando al hombre gravemente herido. Fue internado bajo custodia en el NewYork-Presbyterian Allen Hospital.
El DHS afirmó en un comunicado que «durante el incidente, un agente del ICE disparó su arma y el extranjero indocumentado con antecedentes penales resultó herido», y añadió que los agentes le prestaron asistencia inmediata. Sin embargo, la comunidad y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado la versión oficial y exigen una investigación independiente.
Reacciones y movilizaciones en Nueva York
El sangriento operativo provocó la inmediata indignación de la comunidad, que se movilizó frente al centro asistencial y en las calles del norte de Manhattan bajo la consigna de expulsar a las agencias federales de control migratorio de la ciudad. Las protestas, que continúan hoy 9 de octubre, han incluido vigilias, marchas y actos de desobediencia civil. Los manifestantes exigen el fin de las redadas y la desmilitarización de los barrios.
Diversos funcionarios locales, incluidos miembros del Concejo Municipal de Nueva York, han condenado el uso excesivo de la fuerza y han pedido al ICE que se retire de la ciudad. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su preocupación por el incidente y solicitó una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación de las agencias federales.
Contexto de violencia institucional
Con este ataque, ascienden a 21 los incidentes en que agentes de ICE dispararon contra civiles desde la restitución de las políticas extremas de deportación. Dicho saldo incluye el asesinato de siete personas en distintos puntos del territorio estadounidense en medio de denuncias por impunidad y brutalidad estatal.
La Administración de Donald Trump ha incrementado drásticamente el presupuesto de la agencia, que ahora supera los 100,000 millones de dólares para el periodo 2025-2029, como parte de su estrategia de deportación masiva. El discurso oficial justifica estas acciones criminalizando de manera generalizada a la población migrante y achacándole la comisión de fraudes financieros y delitos violentos.
Analistas advierten que esta violencia institucional se apoya en un complejo engranaje de propaganda mediática que busca normalizar la crueldad, infundir odio racial y deshumanizar a los migrantes. Organizaciones de derechos humanos han documentado un aumento significativo de abusos por parte de agentes federales en los últimos años.
Impacto en México y Latinoamérica
El gobierno de México ha exigido sanciones a Estados Unidos por los 18 connacionales muertos bajo custodia del ICE. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que condena el uso desproporcionado de la fuerza y solicita una investigación transparente. Asimismo, ha reiterado su compromiso de proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero.
Este incidente ocurre en un momento de creciente tensión entre México y Estados Unidos por las políticas migratorias. La Administración Trump ha presionado a México para que refuerce la seguridad en su frontera sur, mientras que el gobierno mexicano ha criticado las redadas y deportaciones masivas.
En Latinoamérica, el caso ha generado repudio. La República Dominicana, país de origen de la víctima, ha solicitado información detallada sobre el estado de salud de su ciudadano y ha exigido que se respeten sus derechos. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado a Estados Unidos a investigar el incidente y a garantizar que no quede impune.
Detalles del operativo y controversias
El operativo tuvo lugar en el barrio de Marble Hill, en el norte de Manhattan, una zona con una importante comunidad dominicana. Según testigos, los agentes del ICE bloquearon el vehículo de la víctima y dispararon sin mediar palabra. El hijo de cinco años, que se encontraba en el asiento trasero, resultó ileso pero visiblemente afectado.
La versión del DHS sostiene que el hombre tenía antecedentes penales y que se resistió al arresto, lo que motivó el uso de la fuerza. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran a los agentes disparando contra el automóvil mientras el hombre parecía estar indefenso. La familia de la víctima ha negado que este haya sido arrestado previamente y ha anunciado acciones legales.
El caso ha puesto de relieve la falta de transparencia en las operaciones del ICE y la necesidad de una reforma migratoria integral. Legisladores demócratas han pedido una audiencia en el Congreso para investigar el incidente y revisar las políticas de uso de fuerza de la agencia.
Consecuencias y próximos pasos
La comunidad inmigrante en Nueva York se mantiene en alerta ante el temor de nuevas redadas. Organizaciones locales han establecido redes de apoyo y han ofrecido asistencia legal a los afectados. Se espera que las protestas continúen en los próximos días.
El gobierno de México ha anunciado que presentará una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que buscará que se investiguen las muertes de connacionales bajo custodia del ICE. Asimismo, ha solicitado una reunión con funcionarios estadounidenses para abordar el tema.
Mientras tanto, la víctima permanece hospitalizada en estado grave. Su familia ha creado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos y legales. El caso ha conmocionado a la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la crueldad de las políticas migratorias de Estados Unidos.
En un contexto de creciente polarización, el incidente subraya la urgencia de abordar la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de poner fin a la violencia institucional que afecta a miles de personas en situación vulnerable.
