En Culiacán, Claudia Sheinbaum dijo que la injerencia extranjera provoca violencia. Dos días después, ante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump llamó a México «epicentro de la violencia de los cárteles» y exigió que recuperara el control de su territorio. Cada uno escogió dónde decirlo: ella, en un estado que padece esa violencia; él, en una tribuna desde la cual puede denunciarla sin dar cuenta de la parte que corresponde a su país. Al día siguiente, Sheinbaum replicó con cierta sorna que también podría quejarse de vivir junto a un país donde se consumen tantas drogas y se producen tantas armas.
La presidenta tiene razón en una cosa esencial: ninguna potencia extranjera debe decidir por México cómo ejercer la fuerza en su territorio. Conocemos muy bien las expediciones que llegaron prometiendo orden y dejaron ruinas. Pero la historia pierde utilidad cuando se convierte en refugio o en excusa. A quien padece la violencia, poco consuelo le ofrece escuchar que la culpa vino del otro lado de la frontera. Puede ser parte de la explicación, pero no es toda la respuesta.
Trump, por su parte, describe una realidad que sería absurdo negar. En varias regiones de México, el crimen organizado disputa al Estado el control de la vida cotidiana. Lo que omite es que el negocio no termina en la frontera: encuentra del otro lado a sus clientes, sus ganancias y parte de sus armas. Es cómodo presentar a México como origen de una peste que Estados Unidos contempla desde una ventana cerrada. Más cómodo todavía si esa descripción sirve para justificar amenazas de intervención.
Sheinbaum prefirió destacar que ambos gobiernos mantienen una buena relación y trabajan de manera coordinada. Se entiende la prudencia frente a Trump, pero queda sin respuesta la pregunta que dejó su discurso: ¿quién manda donde los criminales deciden si abre un comercio, circula un camión o una familia puede salir de casa? Defender la soberanía también exige investigar a los funcionarios señalados por colaborar con delincuentes, sin tratar cada acusación como un agravio a la patria. La bandera no debería servir de cobija a los pillos.
Trump puede exigir resultados a México y amenazar con el uso de la fuerza para obtenerlos, pero debería empezar por rendir cuentas de lo que ocurre de su lado: quién lava el dinero, quién vende las armas y quién se mete por la nariz lo que después pretende combatir con soldados. Si el problema cruza la frontera todos los días, la responsabilidad también la cruza.
Sinaloa muestra el límite de ambas arengas. Allí no se discute una abstracción diplomática. Se habla de muertos, desaparecidos, comercios cerrados y familias que organizan sus horarios alrededor del miedo. La presidenta debe proteger a esas personas sin entregar el mando del país. Trump debe combatir a las redes criminales en su territorio sin atribuirse el derecho de gobernar el nuestro. Ninguna de esas obligaciones desaparece porque ambos presidentes digan que se llevan bien.
Es momento de bajar las banderas y escuchar a quienes viven debajo de ellas. El sinaloense que teme salir de noche no necesita escoger entre la versión de Palacio Nacional y la de la Casa Blanca. Necesita que se detenga a los responsables y se pueda vivir en paz. La soberanía se defiende frente al extranjero, desde luego. Pero se acredita frente al ciudadano. Y en Sinaloa demasiados ciudadanos siguen pagando con la vida la distancia entre esos discursos y los hechos.
Por Carlos Román.
