Durante décadas nos dijeron que el problema de México era el PRI. Después llegó el PAN prometiendo decencia, legalidad y respeto a las instituciones. Más tarde apareció Morena anunciando una transformación histórica que acabaría con la corrupción de los de antes. Pasaron los años, cambiaron los partidos y se sustituyeron los discursos, pero las prácticas permanecieron intactas, si acaso más extendidas y descaradas. Viendo lo ocurrido en estos días, la conclusión parece inevitable: todos roban.
Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición reconocido en México. Su triunfo en Baja California, en 1989, simbolizó el principio del fin del régimen priista y representó para muchos la posibilidad de construir por fin una democracia. Hoy está detenido, acusado de delincuencia organizada y huachicol fiscal, relacionado con una empresa involucrada en la introducción ilegal de millones de litros de combustible.
El PAN fue el partido que llegó al gobierno prometiendo limpiar la corrupción priista y terminó reproduciendo sus peores prácticas. La imagen difundida de Ruffo acompañado por Roberto Gil Zuarth, antiguo secretario particular de Felipe Calderón, no demuestra la comisión de un delito, pero retrata perfectamente esa época: los que se decían decentes terminaron repitiendo con particular ahínco los vicios que los priistas practicaron por décadas.
Marina del Pilar, gobernadora morenista de Baja California, perdió la visa estadounidense, al igual que quien entonces era su esposo, Carlos Torres, investigado por la FGR por presunto narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. Ahora, además, unos audios la exhiben conversando con supuestos intermediarios norteamericanos y dispuesta a proporcionar información conocida en las mesas de seguridad para averiguar si pretendían extraditarla o sancionarla. Ella reconoce las conversaciones, pero afirma que cayó en una trampa. Puede ser. Lo que no fue una trampa fueron sus palabras.
Una gobernadora de la Cuarta Transformación, tan celosa en público de la soberanía nacional, aparece dispuesta a ofrecerse como informante del FBI para salvarse. Ruffo presuntamente traficaba con combustible; Marina estaba dispuesta a traficar con información. Uno está detenido; la otra continúa gobernando y disfrutando del respaldo presidencial. Esa es la regeneración prometida.
Pero la podredumbre llega todavía más lejos. La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero detuvo en febrero de 2025 a Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, sin descubrir que era el piloto que había trasladado a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos. Después, en un episodio difícilmente superable de ineptitud, negligencia o encubrimiento, lo entregó al gobierno norteamericano. La fiscalía tardó diez meses en identificar al hombre que ya había tenido detenido y regalado a otro país.
Gertz fue un fiscal autoritario, vengativo y despreciable; un anciano ensoberbecido que convirtió una institución fundamental del Estado en instrumento de sus rencores personales. Fue incapaz de perseguir eficazmente al crimen, pero rápido y despiadado cuando se trataba de aplastar a quienes estorbaban a sus intereses. Su gestión fue una vergüenza para la procuración de justicia y una demostración permanente de desprecio por el Estado de derecho.
Ahora nos dicen que la propia FGR determinará si su antiguo titular tuvo alguna responsabilidad. Podemos anticipar el resultado: nadie supo, nadie vio, nadie informó y nadie será responsable. Así termina en México la carrera de quienes envilecen las instituciones: no frente a un juez ni rindiendo cuentas, sino premiados por su corrupción e ineficiencia.
No sabemos todavía si Ruffo es culpable ni hasta dónde llegan las responsabilidades de Marina del Pilar. Sobre Gertz sabemos bastante. Tal vez no todos roban, pero son tantos los que roban, encubren, protegen o guardan silencio, que la diferencia ya resulta irrelevante.
Por Carlos Román
