La comunidad científica está en pie de guerra y tiene prisa. Esta es la esencia detrás de la decisión de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de llevar a cabo una evaluación rápida e independiente de la ciencia climática más reciente. Las Academias han decidido tomar el toro por los cuernos en un momento en que el debate sobre el cambio climático ha alcanzado un punto álgido, sobre todo ante la controversia generada por la administración Trump sobre la anulación de regulaciones basadas en la llamada “determinación de peligro” de los gases de efecto invernadero.
En un giro inesperado, las Academias decidieron auto-financiar el estudio en lugar de esperar peticiones del gobierno o del Congreso. Esta acción es un claro indicativo de la urgencia que sienten respecto a la necesidad de informar sobre la elaboración de políticas federales con la mejor evidencia científica posible. La presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, Marcia McNutt, destacó la importancia de este esfuerzo, subrayando cómo décadas de investigación climática han ampliado nuestra comprensión sobre el efecto de los gases de efecto invernadero y la necesidad de aplicar este conocimiento al debate público y político.
Entre tanto, la administración de Trump ha propuesto anular la “determinación de peligro”, lo que podría desmantelar regulaciones clave sobre la contaminación por carbono, impulsadas en gran parte por la EPA. Este movimiento ha despertado críticas en la comunidad científica y legal, que ve la acción como un retroceso en la lucha contra el cambio climático. Personajes como Bob Sussman, ex administrador adjunto de la EPA, han aplaudido la iniciativa de las Academias, señalando la necesidad urgente de un asesoramiento científico independiente y objetivo acerca de los efectos nocivos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el trasfondo del escenario político y científico, hay una carrera contra el tiempo. Las Academias planean publicar sus hallazgos en septiembre, justo a tiempo para influir en la decisión de la EPA respecto a la mencionada “determinación de peligro”. La comunidad científica, liderada por expertos como Andrew Dessler de la Universidad de Texas A&M, se moviliza rápidamente para coordinar una respuesta al reporte del DOE que la administración Trump utiliza como argumento. Extendiendo un llamado a otros académicos, Dessler ha reunido a numerosos científicos dispuestos a contribuir y presentar una perspectiva más amplia y crítica ante los recientes desafíos.
La prisa de las Academias Nacionales y de expertos como Dessler dan testimonio del amplio consenso científico sobre los impactos del cambio climático y la urgencia de abordarlos. Su esfuerzo no solo podría influir en las decisiones políticas nacionales, sino también subrayar la importancia de que las políticas públicas estén informadas por la ciencia más rigurosa y actual. En un mundo cada vez más sacudido por los extremos climáticos, es en estos momentos cuando el conocimiento científico debe prevalecer y guiarnos hacia acciones concretas y colectivas para proteger nuestro planeta.
