El Senado aprobó la llamada “reforma contra el nepotismo” pero como siempre, algo pasa en el último momento cuando se trata de afectar a quienes ven al Estado como su patrimonio personal. Desobedeciendo la iniciativa presidencial, la ley no entrará en vigor hasta 2030. Una maniobra que, lejos de combatir el tráfico de influencias, garantiza que en 2027 los mismos de siempre sigan repartiéndose el poder entre familiares, como si México fuera una monarquía. Mas que una reforma, resultó ser una burla para proteger a la élite política que se esconde detrás del lastimoso sonsonete de la “transformación”.
México ha sido saqueado durante décadas por familias que disfrazan el nepotismo como “proyectos de continuidad”. Gobernadores, diputados y alcaldes han perfeccionado la manipulación electoral para perpetuarse en el poder. Los cargos públicos no son posiciones de servicio, sino bienes hereditarios que garantizan control sobre el presupuesto y los privilegios del poder.
La Cámara de Diputados podría deshacer el entuerto creado por Adán Augusto López y sus muchachos, pero ahí manda Ricardo Monreal, jefe de una dinastía emblemática del abuso, del nepotismo y la corrupción. Este clan ha tejido una red de influencia que ha convertido al Estado de Zacatecas en su feudo personal. Pero el “monrealismo” no es un caso aislado. Cuauhtémoc Blanco repartió cargos a hermanos y sobrinos como si el gobierno de Morelos fuera su club privado. Layda Sansores ha consolidado una dinastía en Campeche, mientras que la familia Alcalde ha tomado por asalto la administración pública en la Ciudad de México. Los Batres, ni se diga, así como Luisa María Alcalde y su hermana Bertha, ahora fiscal de la capital, son hijas de Bertha Luján, una de las operadoras más cercanas de López Obrador. ¿Mérito o linaje? La respuesta es obvia.
Morena llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción, pero cuando se trata de sus propias estructuras de control, las reglas cambian. Los mismos que denunciaban el nepotismo priista y panista hoy justifican con torpeza la postergación de la reforma.
Claudia Sheinbaum, en su intento por lavar las manos del régimen, declaró que “quien ponga a un familiar en 2027 se verá muy mal”. ¿De qué sirve la vergüenza cuando la ley lo permite? No se necesitaba una prédica moral, sino una prohibición efectiva e inmediata. El hecho de que la reforma entre en vigor en 2030 es un monumento a la hipocresía.
Los artífices de esta farsa son, en su mayoría, priistas reciclados, ahora redimidos bajo el manto del tlatoani. No es casualidad que defiendan con tanto fervor una medida que les garantiza seguir operando sin rendir cuentas. La supuesta lucha contra la corrupción en México no es más que un instrumento de control político: un garrote contra los opositores y un escudo para los aliados del régimen, que gozan de total impunidad.
El aplazamiento de la reforma no es un descuido legislativo. Es una maniobra meticulosamente planeada para que las mismas familias mantengan el control sin que la ley les estorbe. No solo dominan los recursos y las instituciones, sino que ahora manipulan la Constitución para garantizar su permanencia en el poder.
En 2027 veremos en las boletas a esposas, hijos y hermanos de los actuales gobernantes, protegidos por la misma clase política que nos vendió la mentira del cambio. Porque en México, la “transformación” es solo un espejismo y la impunidad sigue siendo la única ley que realmente se respeta.
