Jalisco ha sido históricamente una de las entidades federativas más destacadas de México en términos de crecimiento económico, desarrollo urbano, agropecuario, educación y salud. Es un motor clave para la economía nacional, con un Producto Interno Bruto (PIB) que ha crecido consistentemente por encima de la media nacional. En 2022, según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), el estado reportó un crecimiento económico superior al 5% anual.
Los recursos naturales y humanos de Jalisco lo han posicionado como un estado líder a nivel nacional. Es de los primeros en generación de empleos, innovación, industria, turismo, cultura y recreación. Pero a pesar de este crecimiento, hay aspectos en los que no se ha reflejado el mismo desempeño. En impartición de justicia deja mucho, pero mucho que desear.
Diversos organismos que miden la percepción de corrupción colocan al poder judicial del estado de Jalisco, como uno de los peores en la República. La corrupción en este ámbito ha llegado a ser percibida como insalvable, perpetuada por prácticas que son toleradas, e incluso fomentadas por otros órdenes de gobierno o factores de poder que colaboran activamente para mantener al Estado en ese bache interminable que, al final, atenta contra los derechos de todos los que aquí vivimos. Estas prácticas han hecho que la promesa de una administración de justicia imparcial, pronta, expedita y gratuita sea, en muchos casos, un ideal inalcanzable.
Ante la inminente reforma constitucional al poder judicial federal que tendremos en los próximos días, y a los poderes judiciales locales, que se dará en unos años más, en Jalisco se puede ir combatiendo la corrupción desde ahora. Con una mayoría en el Congreso del Estado que no está alineada ni con el gobernador en funciones ni con el electo, se vislumbra la posibilidad de realizar reformas legales significativas, para buscar suprimir las malas prácticas que desde hace décadas han existido, mismas que fomentan la corrupción y son las principales causas del retraso y la desviación de la justicia en el estado.
Es importante destacar que a pesar de los desafíos, en Jalisco existen magistrados y jueces que por vocación y convicción, actúan con rectitud. Sin embargo, estos casos son la excepción y no la regla. Por ello, la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular cobra relevancia. Este mecanismo podría representar una forma menos opaca de selección, en contraste con el actual sistema basado en favoritismos, cuotas y cuates. La capacidad no importa.
La corrupción en la administración de justicia está profundamente arraigada en el incumplimiento de las obligaciones de investigar y sancionar actos ilícitos, lo que genera un círculo vicioso de impunidad. Esta corrupción estructural se manifiesta de diversas formas: sentencias que se alejan del debido proceso legal, demoras injustificadas, pérdida de documentos, tratos desiguales entre las partes, actos que lesionan los derechos de los involucrados, ocultamiento de pruebas, y el cierre prematuro de investigaciones sin agotar todas las diligencias.
Uno de los problemas más graves es la manipulación del sistema de turnos para la admisión y colocación de demandas, dirigiéndolas hacia juzgados y jueces que favorecen intereses particulares. Esta práctica no solo corrompe el sistema judicial, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia. Este mecanismo de corrupción es un apetitoso botín para los cercanos a las más altas esferas del poder en el Estado.
Jalisco es un estado de contrastes. Mientras que en muchas áreas es un modelo a seguir, en la impartición de justicia enfrenta grandes desafíos que requieren reformas profundas. Solo con un compromiso renovado hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la selección de jueces y magistrados, se podrá garantizar que la justicia en Jalisco se encuentre al servicio de todos, y no solo de unos pocos.
Por Carlos Román.
