Cinco son los principios generales que define el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el manejo de los fondos públicos con la finalidad de evitar la corrupción. Estos principios son: eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez.
De acuerdo con el diccionario de la lengua española, uno de los significados de la palabra corrupción, el que nos interesa para efectos de esta opinión, es el siguiente:
Corrupción…. “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores”, aunque también entrarían algunos otros significados de esta palabra, que van desde algo que huele mal hasta diarrea, sólo por enunciar algunos de ellos.
Veamos cómo se cumple el precepto constitucional antes citado. La semana pasada se publicó el resultado de un estudio de una organización denominada World Justice Proyect, que realiza varias mediciones de diversos factores relacionados con la justicia, el estado de derecho y el que nos interesa el día de hoy que es el de los índices de corrupción, entre otros temas. La WJP está integrada por diversas instituciones de abogados a nivel mundial. Es un organismo privado internacional.
En este análisis se miden y analizan diversas instituciones públicas de muchos países, incluidas mexicanas, desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial, hasta otros factores necesarios para establecer el índice de corrupción determinado por país. No olvidemos que la corrupción en el gobierno requiere de por lo menos la participación de dos actores, quién corrompe y quién es corrompido.
La primera medición atiende a la actitud de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo en relación con un beneficio privado derivado de su cargo. Aquí el resultado que tenemos es que estamos en el lugar 126 de un universo de 135 países analizados.
La segunda medición consiste en el uso de los cargos de los funcionarios del Poder Judicial en beneficio privado, y aquí estamos todavía un poco más abajo, es decir en el lugar 128 de 139 países analizados.
La tercera medición implica al poder legislativo y ahí casi entramos en la lucha por las medallas y estamos posicionados en el lugar 132 de 139 países analizados.
Por Carlos Román
