El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante un mitin en Lubbock, Texas, que su administración “terminará” con las regulaciones de la era de Joe Biden que obligan a las compañías de petróleo y gas a controlar las grandes fugas de metano, un gas de efecto invernadero. La medida, que según Trump ahorrará 45 mil millones de dólares a consumidores y productores, ha sido duramente criticada por expertos en salud y medio ambiente, quienes advierten sobre graves consecuencias para el clima y la calidad del aire.
Detalles del anuncio
En su discurso, Trump afirmó que las regulaciones de metano, que consideró “costosas e innecesarias”, habían causado un aumento de precios para los pequeños operadores. “Esta noche, oficialmente termino con las costosas e innecesarias regulaciones de metano de Biden para ahorrarles a los consumidores y a los productores de energía”, declaró. Según el mandatario, el cambio permitirá liberar 210 millones de barriles de petróleo, equivalentes a unos 10 días de consumo de petróleo en Estados Unidos.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), bajo la dirección de Lee Zeldin, respaldó la medida y anunció que revisará las regulaciones de petróleo y gas bajo la Ley de Aire Limpio. La EPA estima que la propuesta producirá 210 millones de barriles adicionales de petróleo y 1.41 billones de pies cúbicos de gas natural.
Críticas de expertos y organizaciones
Darin Schroeder, director legal y regulatorio de metano en Clean Air Task Force (CATF), calificó la propuesta como una violación de la Ley de Aire Limpio y advirtió que perjudicará gravemente a las comunidades cercanas a las operaciones de petróleo y gas. “La cruzada de la EPA contra los límites de emisiones científicamente probadas como dañinas para la salud pública y el medio ambiente debe detenerse”, afirmó Schroeder, quien exigió que la agencia retire la propuesta ilegal e implemente la regla de 2024 sin demora.
Por su parte, Harold Wimmer, presidente y CEO de la Asociación Estadounidense del Pulmón, señaló que controlar la contaminación de la industria petrolera es crucial para proteger la salud pública. “Esto no solo tiene consecuencias ambientales, sino que las fugas también pueden liberar contaminantes dañinos como compuestos orgánicos volátiles que empeoran la calidad del aire y carcinógenos como el benceno y el formaldehído”, explicó. “Si se finaliza, esta propuesta ayudaría a las industrias contaminantes a evitar la limpieza y dañaría a las comunidades que soportan la peor parte de un aire más sucio y un planeta que se calienta”.
Contexto de la regulación
La regla de metano de 2024, implementada durante la administración de Biden, exigía a los operadores de petróleo y gas eliminar y minimizar las fugas, la quema y la ventilación de metano y compuestos orgánicos volátiles. Fue la primera vez que el gobierno federal estableció requisitos a nivel nacional para limitar las emisiones de metano de las instalaciones existentes. Una regla anterior, finalizada en 2016 bajo la administración de Obama, se aplicaba solo a fuentes nuevas y modificadas.
Dentro de la regla, el programa “superemisor” obligaba a las empresas a investigar grandes fugas detectadas por terceros utilizando tecnología de detección remota aprobada por la EPA. En marzo de 2025, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, anunció que la agencia reconsideraría las regulaciones de Biden-Harris para “asegurar que no impidan que Estados Unidos libere su dominio energético y continúe su trayectoria como líder en energía limpia y reducción de emisiones”.
Reacciones de la industria y transparencia
Según documentos obtenidos por Fieldnotes, una organización de vigilancia de la industria petrolera, a través de la Ley de Libertad de Información, los grupos industriales y las empresas se reunieron con la EPA al menos 38 veces durante el primer año de la actual administración para discutir las regulaciones de metano. Julia Kane, investigadora de Fieldnotes, afirmó que la EPA de Trump está dando a las corporaciones exactamente lo que quieren. “La industria dice ser un socio de ‘buena fe’ ansioso por ayudar a elaborar regulaciones, pero una y otra vez ha trabajado entre bastidores para retrasarlas y debilitarlas”, dijo Kane.
Los registros también muestran que, durante una llamada de conferencia con representantes de la industria el año pasado, Lee Fuller, ejecutivo de la Asociación Independiente del Petróleo de América, describió una reunión con personal de la EPA: “Fue una de las reuniones más fascinantes que hemos tenido, simplemente porque de repente estaban dispuestos a hablarnos. Y también estaban dispuestos a hablar de cosas que hemos estado tratando de que hagan durante años, y nunca las habían puesto en el radar”.
Impacto ambiental y económico
Estados Unidos emitió más metano de su sector de petróleo y gas que cualquier otro país del mundo el año pasado. El metano es responsable de al menos una cuarta parte del calentamiento actual. Desde que la EPA anunció en marzo de 2025 que ya no aplicaría las regulaciones de petróleo y gas, los operadores han filtrado, ventilado o quemado gas natural por un valor de 7 mil millones de dólares, según cálculos del Fondo de Defensa Ambiental (EDF).
Rosalie Winn, directora senior y abogada principal del EDF, señaló que la administración Trump busca limitar la capacidad del gobierno federal para abordar la contaminación climática en todos los sectores más grandes responsables de las emisiones. “Lo que esta administración está haciendo es permitir que los peores contaminantes de la industria sigan ganando cada vez más dinero a costa de los consumidores estadounidenses mientras desperdician energía”, concluyó.
Implicaciones para América Latina
Aunque la medida es de alcance nacional en Estados Unidos, sus efectos podrían trascender fronteras. La reducción de las regulaciones de metano en la mayor economía del mundo podría debilitar los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático y afectar los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París. Para América Latina, región particularmente vulnerable a los impactos climáticos, la decisión estadounidense envía una señal preocupante sobre la prioridad que se da a la acción climática. Además, las empresas petroleras de la región que operan en Estados Unidos podrían enfrentar menores costos regulatorios, pero también mayores riesgos reputacionales y de mercado si los estándares ambientales se relajan.
La administración Trump sostiene que la medida impulsará la producción energética y reducirá costos, pero los críticos advierten que el precio a pagar en términos de salud pública y estabilidad climática podría ser mucho mayor. El debate está lejos de terminar, y se espera que organizaciones ambientales y estados lideren batallas legales para revertir la propuesta.