La corrupción mexicana tiene una virtud admirable: no discrimina. Entra en los gobiernos, se acomoda en los congresos, frecuenta los tribunales y encuentra siempre una silla disponible en las oficinas públicas. Cambian los partidos, los gobernantes y los discursos, pero ella permanece, saludable y bien alimentada. Las malas costumbres parecen haber adquirido nuevos bríos. Ahora los señalamientos alcanzan al Instituto Nacional Electoral, encargado de velar por la limpieza de nuestras elecciones. Quienes deben garantizar la honradez de los votos tienen que comenzar por explicar la de sus contratos.
Guadalupe Taddei enfrenta cuestionamientos por contratos millonarios y relaciones personales entrecruzadas con negocios públicos. La Auditoría Superior de la Federación investiga posibles irregularidades. Latinus difundió imágenes de su hijo Jorge Francisco Piñeda Taddei en una lujosa habitación de hotel en París, brindando con champaña con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado a contratos electorales millonarios. También se difundieron fotografías del contratista conviviendo con la presidenta del INE y su familia. París bien vale una misa, decía Enrique IV; en nuestra democracia, lo que corresponde averiguar es cuánto valen esas amistades y qué relación guardan con los contratos públicos.
El sábado, Taddei aseguraba que no renunciaría. Atribuía los señalamientos a intereses políticos y sostenía que debía permanecer para proteger al INE. El domingo anunció que el lunes presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados, también para proteger al Instituto. En menos de veinticuatro horas, quedarse y marcharse se convirtieron en dos maneras opuestas de cumplir el mismo deber. Para completar el espectáculo, el comunicado apareció, desapareció y volvió a publicarse. El organismo encargado de dar certeza a millones de votos terminó sembrando incertidumbre sobre su propia presidencia.
Muchos creímos erróneamente que bastaba acabar con el PRI para acabar con la corrupción. La alternancia demostró que los vicios del poder sobreviven a sus antiguos propietarios. La Cuarta Transformación hizo del combate a la corrupción su principal bandera. Pero cambiar de partido no cambia necesariamente las malas mañas. La corrupción no necesita ideología. Le basta un presupuesto, un funcionario complaciente y alguien dispuesto a aprovecharlo. Lo demás es lo de menos.
El INE no es una dependencia cualquiera. En 2027 deberá conducir unas elecciones cuya legitimidad dependerá de la confianza ciudadana. Resulta difícil pedir confianza en la limpieza de las urnas mientras permanecen abiertas preguntas sobre la limpieza de las contrataciones.
Taddei cuenta con fuero constitucional mientras ejerza el cargo. El artículo 111 de la Constitución establece una protección frente a eventuales acciones penales, pero ninguna protección contra el descrédito. Aun contando con ella, anunció su salida. ¿Qué tan intensa habrá sido la presión para cambiar de decisión en menos de veinticuatro horas? Si su renuncia se hace efectiva, cesará esa protección procesal. Lo que no desaparece son los contratos cuestionados ni la obligación de investigarlos.
La corrupción ha encontrado en la resignación ciudadana su mejor refugio. El caso Taddei exige conocer quién decidió las adjudicaciones, quiénes se beneficiaron y si existieron conflictos de interés. Si en verdad creen en su transformación, deberán demostrarlo aplicando la ley, no pronunciando discursos.
En 2027 deberán contarse millones de votos. Antes, convendría terminar de contar los contratos cuestionados. Taddei puede dejar la presidencia; las preguntas permanecerán. Porque cuando hasta el árbitro necesita que lo vigilen, la democracia comienza el partido con el marcador bajo sospecha.
Por Carlos Román.