La 4T tiene una idea muy particular de la justicia: considera independiente al juez que le da la razón y sospechoso al que se atreve a negársela o incluso a cuestionarla. Mientras las sentencias acompañan sus propósitos, celebra la legalidad; cuando la contrarían, descubre corrupción o privilegios. Todos queremos jueces honestos, desde luego, pero los gobernantes parecen convencidos de que la primera prueba de honestidad consiste en obedecerlos. Después viene la Constitución, siempre que no estorbe.
Martha Magaña, quien en agosto de 2024 concedió una suspensión contra actos del procedimiento legislativo de la reforma judicial, enfrenta ahora un procedimiento administrativo ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Ella denuncia que se le castiga por su criterio; la instancia investigadora le atribuye irregularidades en sus funciones. La pregunta es indispensable: ¿puede convertirse una resolución controvertida en motivo para disciplinar a quien la dictó? Y conviene añadir otra: ¿con qué rigor se examina la conducta de quienes procuran justicia cuando cuentan con la protección del gobierno?
Nadie sensato pretende que los jueces sean intocables. Deben responder por corrupción, abuso y negligencia, mediante procedimientos con garantías. La toga no concede impunidad. Sin embargo, una decisión judicial no se vuelve deshonesta porque disguste al gobierno, ni una interpretación discutible demuestra, por sí sola, corrupción. Para revisar resoluciones existen recursos y órganos jurisdiccionales. Confundir esa revisión con el castigo personal convierte la controversia jurídica en advertencia laboral o penal. Basta exhibir a un juzgador para que los demás aprendan la lección. El temor hace ese trabajo con admirable economía.
Pero esa severidad adquiere un aspecto patético cuando se contrasta con Alejandro Gertz Manero y el empeño con que sostuvo varias vendettas personales que terminaron desmoronándose por ilegales. Su actuación como fiscal general mostró un profundo desprecio por el Estado de derecho. Un ejemplo: en marzo de 2022, la Suprema Corte concedió amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas por la muerte de Federico, hermano del entonces fiscal. La Corte ordenó la libertad inmediata de Cuevas y rechazó la figura de “garante accesoria” con la que se pretendió responsabilizarla. Gertz intervino como parte interesada mientras encabezaba la FGR. Esa doble condición exigía un escrutinio especialmente riguroso: quien debía procurar justicia para todos sostenía una acusación propia que la Corte dejó sin sustento, desde la posición del fiscal más poderoso del país. Una mujer encarcelada ilegalmente no es un detalle administrativo.
La pregunta también alcanza a sus protectores: ¿qué responsabilidad política merece quien encabeza la procuración de justicia mientras sostiene una acusación que termina desmoronándose ante la Corte? La respuesta llegó con pasaporte diplomático. Gertz fue nombrado embajador en el Reino Unido. Enviarlo a representar a México después de semejante descrédito resulta una vergüenza que alcanza a quienes lo propusieron, respaldaron y protegieron. Su nombramiento revela cuánto les importó lo ocurrido: lo consideraron digno de representar al país. A unos se les abre un procedimiento; a otros, las puertas de Londres.
La independencia judicial importa cuando alguien reclama una detención arbitraria, busca a un desaparecido o necesita frenar un abuso de autoridad. Hace falta un juez capaz de detener al poder y un fiscal que no confunda la institución con sus intereses. Si el primero teme resolver y el segundo se sabe protegido, el ciudadano queda atrapado entre la intimidación y la impunidad. Eso es lo que enseña semejante contraste: incomodar puede costar la carrera; conservar el favor puede asegurar el siguiente cargo. Para que aprendan. Los jueces, los fiscales y, sobre todo, quienes todavía creen que la justicia se aplica por igual.
Por Carlos Román.
