Más de 40 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas el Natural Resources Defense Council (Consejo de Defensa de los Recursos Naturales) y la Union of Concerned Scientists (Unión de Científicos Preocupados), han hecho un llamado público al Greenhouse Gas (GHG) Protocol (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero) y a otros organismos normativos para que refuercen sus estándares internos de gobernanza y gestionen mejor los conflictos de interés. La petición, respaldada también por Transparency International, surge en un momento de creciente controversia sobre la influencia corporativa en la elaboración de las reglas que definen cómo las empresas miden y reportan sus emisiones.
Un llamado a la integridad en los estándares corporativos
El mes pasado, las organizaciones presentaron los Principles for Good Governance in Corporate Standards (Principios para una Buena Gobernanza en los Estándares Corporativos), una lista de 10 declaraciones que abordan la transparencia, la representación de distintos intereses y otros temas relacionados. Estos principios buscan asegurar que los procesos de normalización no sean capturados por los actores que supuestamente deben ser regulados.
“Las reglas que deciden si las afirmaciones climáticas de las empresas pueden ser confiables se están reescribiendo ahora mismo, y las compañías que esas reglas pretenden responsabilizar buscan tener mano en su redacción”, señaló Brice Böhmer, líder de clima y medio ambiente en Transparency International, una de las firmantes. “Ningún sistema creíble permite que el regulado elija al árbitro”.
El GHG Protocol responde
Un portavoz del GHG Protocol declaró a Trellis que la organización ya cuenta con procedimientos que abordan muchos de los principios propuestos. “Estamos revisando los principios y esperamos colaborar con sus coordinadores a su debido tiempo”, agregó. Esta respuesta sugiere que, si bien el protocolo reconoce la importancia de la integridad, considera que ya tiene mecanismos adecuados para gestionar los conflictos de interés.
El debate de fondo: ¿quién debe escribir las reglas?
La disputa refleja diferencias profundas sobre cómo deben operar los organismos normativos. Por un lado, muchos profesionales de la sostenibilidad abogan por una mayor participación corporativa, argumentando que sin ella se crearían reglas imposibles de cumplir para las empresas. Por otro lado, las ONGs y académicos temen que esa participación se traduzca en un debilitamiento de los estándares.
La grieta se hizo evidente en disputas recientes sobre la actualización de la contabilidad de emisiones asociadas al uso de electricidad. Una propuesta del GHG Protocol que obligaría a las empresas a igualar su consumo eléctrico con energías renovables hora a hora para poder reclamar reducciones de emisiones ha obtenido el apoyo de algunos académicos y organizaciones sin fines de lucro, quienes sostienen que aceleraría la descarbonización del sector eléctrico. Muchas empresas se oponen, argumentando que reglas demasiado complejas tendrían el efecto contrario.
Esa disputa se ha desarrollado principalmente en círculos de sostenibilidad, pero una lucha paralela sobre la contabilidad forestal llegó a un público más amplio este verano (boreal) después de que preocupaciones sobre la integridad llevaron a dos académicos a romper lazos con el GHG Protocol. Los expertos que trabajan en las reglas han caracterizado el desacuerdo como una pugna entre investigadores y representantes de la industria.
Los principios propuestos
Los principios de gobernanza abogados por las ONGs incluyen múltiples mecanismos para gestionar conflictos, entre ellos:
- Un compromiso para evitar que cualquier grupo de interés ejerza una influencia desproporcionada.
- Claridad sobre “quién está en la mesa” y por qué está allí.
- Transparencia sobre cómo se alcanzan las decisiones.
“Las partes interesadas no deberían tener que adivinar la razón detrás de decisiones significativas”, afirman los principios. Estas propuestas surgen de una revisión del GHG Protocol y otros organismos normativos clave realizada por investigadores de la Universidad de Oxford. El estudio, publicado el mes pasado, concluyó que las organizaciones ejecutan procesos “robustos, basados en evidencia e inclusivos”, pero también señaló vacíos en la trazabilidad de la toma de decisiones y deficiencias para garantizar el equilibrio entre las partes interesadas.
Implicaciones para América Latina
Este debate tiene repercusiones directas para las empresas y gobiernos de América Latina, que cada vez más deben alinearse con estándares internacionales para acceder a financiamiento climático y cumplir con regulaciones de mercados como la Unión Europea. Si los estándares se debilitan por la influencia corporativa, los países de la región podrían enfrentar reglas menos ambiciosas que no reflejen sus necesidades de descarbonización. Por el contrario, estándares robustos podrían facilitar la comparabilidad y la confianza de los inversionistas.
La discusión también resuena con las tendencias recientes en sostenibilidad, como la necesidad de adaptar la agricultura a fenómenos climáticos extremos y la creciente demanda de transparencia en las cadenas de suministro. En un mundo donde las afirmaciones de sostenibilidad son cada vez más escrutadas, la gobernanza de los estándares se vuelve crucial.
Próximos pasos
El GHG Protocol ha indicado que revisará los principios y se reunirá con sus coordinadores. Mientras tanto, las ONGs y académicos seguirán presionando para que se adopten salvaguardas que impidan que los intereses corporativos capturen el proceso normativo. La pregunta de fondo sigue siendo si los estándares voluntarios pueden mantener su credibilidad en un entorno donde las empresas buscan influir en las reglas que les aplican.
