Un sentimiento de inseguridad pesa sobre Puerto Vallarta. En plena temporada invernal, la más alta del año, cuando miles de norteamericanos y canadienses sostienen con su estancia buena parte de la economía local, se vive la peor crisis de violencia en la historia de la ciudad. Es en este periodo cuando la región depende de su mejor imagen. Por eso, la dimensión de la violencia fue demoledora.
Lo ocurrido el domingo 22 de febrero no fue solo un asunto de seguridad pública. Fue un mensaje muy fuerte de la delincuencia. Las imágenes de operativos, incendios, balaceras y bloqueos circularon con rapidez dentro y fuera del país. Fue terrorismo, aunque quieran tapar el sol con un dedo. Lo vivido encaja perfectamente en la descripción de ese delito. El turista percibe. Y cuando lo que percibe es terror, toma distancia; y la distancia es el inicio de la pérdida.
El turista, sobre todo el norteamericano, toma sus decisiones de viaje con mucha anticipación y con criterios simples: precio, seguridad y certeza. Si alguno se debilita, el destino pierde terreno frente a alternativas que ofrecen, al menos en apariencia, mayor estabilidad.
A ese golpe visible se suma otro menos pirotécnico, pero más persistente: las estafas vinculadas a tiempos compartidos. Durante años se ha tolerado un modelo de comercialización agresivo, construido sobre promesas mentirosas y contratos que el visitante firma bajo presión. Jubilados estadounidenses y canadienses han denunciado durante décadas ofertas de reventa inexistentes, cargos indebidos y supuestos trámites legales diseñados para prolongar el engaño. No se trata de rumores. Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra empresas vinculadas con redes de fraude que operaban desde la región colocaron el problema en la agenda internacional.
La regulación en materia de tiempo compartido ha sido insuficiente. El derecho de cancelación sin consecuencias, conocido como derecho de retracto y limitado a unos pocos días, se vuelve impracticable cuando el turista ya regresó a su país. La norma oficial que lo regula privilegia al desarrollador y no al consumidor. Las autoridades no han logrado —o, mejor dicho, no han querido— corregir estructuras empresariales complejas y persistentes que muchas veces terminan en estafa. El resultado no es un escándalo aislado, sino una erosión continua de credibilidad.
La combinación es particularmente dañina. Un destino asociado a hechos violentos, como si fuera un lugar en guerra y, al mismo tiempo, señalado por esquemas de fraude al turista no solo proyecta una imagen de fragilidad institucional, sino de colapso total. Cuando el visitante integra su experiencia en una sola idea —inseguridad y desprotección—, la pérdida de confianza se materializa: a veces por años o, al menos, durante meses.
México ha construido durante décadas varias marcas turísticas sólidas. Esa reputación no es propaganda; es confianza ganada. Pero la confianza no es infinita. Si los signos de inseguridad y las denuncias de fraude se repiten, el desgaste se vuelve estructural y la afectación para Puerto Vallarta será grave.
La percepción no es un accesorio de la política pública; es parte de su resultado. En turismo, la confianza es el capital principal. Cuando ese capital se reduce, no basta con contener los hechos. Es necesario restaurar la certeza. Porque sin certeza, incluso el paraíso deja de ser promesa y termina pareciéndose al purgatorio.
Por Carlos Román
