El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha arrestado a más del doble de niños migrantes en lo que va de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, según un análisis de datos obtenidos por The Marshall Project a través del Deportation Data Project, una colaboración de investigación entre la Universidad de California en Berkeley y UCLA. La cifra supera los 8,500 menores arrestados hasta julio, en el marco del segundo mandato del presidente Donald Trump. La noticia, revelada este 14 de octubre de 2026, ha generado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y plantea serias preocupaciones sobre el trato a menores en el sistema migratorio estadounidense, con implicaciones para las comunidades latinas y mexicanas.
Un aumento drástico en los arrestos
Los datos muestran que los arrestos de niños migrantes no solo han aumentado, sino que se han duplicado en comparación con el año anterior. En estados como Massachusetts y Florida, se arrestó a más del doble de niños en los primeros siete meses de 2026 que en todo 2025. En Nueva York y Nueva Jersey, los arrestos se triplicaron. Este incremento se produce a pesar de que el Gobierno había reducido el envío de menores al campamento para migrantes en Dilley, Texas, tras las denuncias por condiciones inhumanas y la indignación pública provocada por la imagen de Liam Ramos, un niño de 5 años arrestado en Minneapolis en enero con un gorro de conejo azul y una mochila de Spider-Man.
Detenciones en hoteles y lugares no convencionales
Muchos de los niños arrestados han sido retenidos en lugares donde ni sus abogados ni sus familiares lograban encontrarlos, como hoteles y salas de detención en edificios de oficinas. Becky Wolozin, abogada del National Center for Youth Law, describió esos lugares como “cajas negras” donde las familias prácticamente desaparecen, con poco o ningún contacto con abogados y otros familiares. Los documentos judiciales del acuerdo Flores registran 86 niños que permanecieron más de tres días en hoteles en febrero y marzo de 2026. Aunque el Gobierno afirma que algunas estadías en hoteles son necesarias por retrasos de vuelos o dificultades para obtener documentos de viaje, abogados y defensores denuncian que estas prácticas violan los derechos de los menores.
Testimonios desgarradores
Un joven de 16 años identificado como J.A.I. relató en una declaración ante un tribunal que llevaba ocho años viviendo en Texas con su familia. Una mañana de este año, hacia las 5 a.m., oyó gritos y golpes en la puerta de su casa. “Le apuntaron con un arma a mi hermanito, lo lanzaron contra la pared, lo agarraron del pelo y le pusieron las esposas. A mí me hicieron lo mismo”, dijo. Otro caso es el de M.S.P., una madre de Long Island que acudió con sus dos hijos a una cita de control programada con el ICE en febrero. En lugar de ir a su restaurante favorito al terminar, fueron detenidos y trasladados a un hotel en Texas, donde permanecieron encerrados durante nueve días sin poder salir de la habitación ni asomarse por las ventanas. “Los guardias nos decían que si contábamos dónde estábamos, nos quitarían a los niños”, relató en español.
Reacciones y críticas
Elora Mukherjee, abogada y profesora de la Facultad de Derecho de Columbia, ha representado a más de 100 niños y padres bajo detención del ICE en el último año. “Como nación, no deberíamos ser crueles con los niños. Esta es la época del año en la que los niños deberían estar de regreso en la escuela, en sus salones de clase”, afirmó. Nuala O’Doherty-Naranjo, abogada y fundadora del Jackson Heights Immigration Center, en Nueva York, dijo que el aumento de los arrestos ha generado un efecto inhibidor en las comunidades migrantes. “Antes les decía a las familias que eran bienvenidas y que inscribieran a sus hijos en la escuela. Ahora les digo: ‘Me equivoqué. Escóndanse’”, confesó.
Michelle Brané, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Joe Biden y actual directora ejecutiva de Together and Free, señaló que el Gobierno sostiene que está expulsando a “lo peor de lo peor” para aumentar la seguridad pública, pero en realidad muchas de las personas arrestadas son niños vulnerables que tienen caminos viables para permanecer legalmente en Estados Unidos. “La única razón por la que esto beneficiaría al Gobierno es para sembrar miedo, caos y crueldad, y asustar a la gente para elevar sus cifras de personas expulsadas”, afirmó.
Respuesta del Gobierno y datos cuestionados
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a preguntas específicas sobre los datos. En un comunicado escrito, la agencia afirmó que los datos del Deportation Data Project, que el ICE proporcionó en respuesta a solicitudes de información, eran inexactos. Sin embargo, no ofreció pruebas que respaldaran esa afirmación ni proporcionó cifras alternativas. En documentos judiciales, funcionarios del Gobierno afirmaron que algunas estadías en hoteles eran necesarias por retrasos de vuelos o por dificultades para obtener documentos de viaje.
Impacto en las comunidades latinas
El aumento de los arrestos de menores ha tenido un impacto profundo en las comunidades migrantes, especialmente latinas. Abogados de familias migrantes señalan que muchos de los niños arrestados llevan años en el país y son separados de manera traumática de sus amigos, su familia y su hogar. La mayoría de las infracciones migratorias son de carácter civil, no penal, y la gran mayoría de los niños que figuran en los datos de arrestos del ICE no tienen condenas penales ni cargos pendientes más allá de la infracción migratoria. Esto ha generado un clima de miedo en comunidades de todo Estados Unidos, con padres que temen enviar a sus hijos a la escuela o acudir a citas migratorias.
El acuerdo Flores y las órdenes judiciales
En abril de 2026, la jueza federal que supervisa el acuerdo Flores reiteró la orden de que el ICE deje de mantener niños en hoteles, con “una excepción limitada para estadías breves, de una o dos noches, durante traslados o antes de vuelos”. El tribunal también designó a un monitor independiente que, entre otras funciones, puede inspeccionar los hoteles donde se retiene a menores. A pesar de estas órdenes, los arrestos y detenciones continúan, lo que ha llevado a organizaciones defensoras a exigir mayor supervisión y rendición de cuentas.
Consecuencias a largo plazo
El aumento de los arrestos de niños migrantes no solo representa una crisis humanitaria, sino que también tiene consecuencias a largo plazo para la salud mental y el desarrollo de los menores. Expertos señalan que la detención, incluso por períodos cortos, puede causar traumas profundos en los niños, afectando su bienestar emocional y su capacidad de integración. Además, el clima de miedo puede disuadir a las familias de buscar servicios básicos como atención médica o educación, lo que perpetúa ciclos de marginación y vulnerabilidad.
La situación ha generado un debate nacional sobre las políticas migratorias de la administración Trump y su impacto en los derechos humanos. Mientras el Gobierno defiende sus acciones como necesarias para la seguridad pública, abogados, activistas y organizaciones internacionales denuncian que se está violando el principio de no devolución y se está sometiendo a los niños a tratos crueles e inhumanos. El caso ha puesto de relieve la necesidad de una reforma migratoria integral que proteja a los menores y garantice sus derechos fundamentales.
