Pocos son los que logran sus metas con inteligencia, perseverancia y coraje. Pocos son los que a pesar de padecer persecuciones, injusticia y descredito nunca cederán o claudicarán ante la adversidad, ante una realidad que se siente terrible e irremontable y que parece nunca mejorar, porque sus valores son la fuerza que prevalece. Pero también es cierto que muchos son los que renuncian rápido, los que abandonan sus sueños, sus proyectos e incluso el camino de sus vidas, para rendirse al arreglo fácil, a la componenda innombrable que traiciona principios, compromisos y personas para recuperar estatus, para lograr “el acuerdo” esperado y así salir del problema lo más rápido posible, aunque el precio sea enorme.
Muy pocos demuestran que pelear sin tregua ni descanso es el único camino para mantener la dignidad y con ella salir con la frente en alto ante un reto inmenso, ante una injusticia terrible, ante un abuso obsceno.
La disciplina, el coraje y la inteligencia son las herramientas que tenemos para llegar a hacer posible lo imposible. Para vencer a Goliat con la razón y la ley, para evidenciar el uso sin ética del poder. Luchar contra la adversidad y nunca ceder para que la crisis del Estado de Derecho que vivimos y padecemos nos permita superar lo que en México es todavía una práctica constante: el uso de normas no escritas que están por encima de la ley.
Erradicar de una vez y para siempre estas prácticas es sin lugar a dudas, el reto más grande que aún queda pendiente de resolver por el gobierno y la sociedad, por la convicción transformadora del Presidente que a veces no comparten y menos practican algunos de sus funcionarios más importantes.
Por eso deben desaparecer de México esas prácticas de simulación que llevan aparejada la complicidad y la impunidad, esas normas no escritas son las que utilizan los corruptos, para sojuzgar, para amasar fortunas y para valerse de condiciones personales que les facilitan obtener beneficios indebidos, establecer condiciones ilícitas en base a esos usos y costumbres que se anteponen a la fuerza de la ley, a la tutela imparcial y protectora de la justicia, a la lealtad y buena fe que todo funcionario está obligado a observar y cumplir, más aún en este gobierno.
México sigue sin ser un país de leyes observadas y cumplidas, por eso todavía somos percibidos como una sociedad corrupta y estamos entre los países que desgraciadamente se distinguen por la falta de transparencia y las transacciones oscuras que se pueden hacer al amparo de esas normas no escritas que pese a lo que se diga, aún prevalecen.
Hoy está de moda hablar de políticos y funcionarios honestos y honorables, es un requisito que se exige por quien lleva los destinos y rumbo del país. Pero qué pasa si no es así, qué pasa sí esa transformación es traicionada por aquellos que en primer término están obligados a observarla, acatar lo que el Presidente exige, lo que el presidente demanda de la gente que está con él para lograr el cambio y que es: honestidad.
Considero que el problema ha sido desde hace muchos años, la falta de valores y la falta de voluntad que permite esa falta de valores en los asuntos públicos, que es lo que nos mantiene en la espiral interminable del arreglo fácil, de acudir ante el padrino encumbrado para pedir favores a costa de la observancia de la ley. Esa era la visión política hasta antes de la cuarta transformación, ahora seguramente las cosas están cambiando y se verá como un tercer asunto pendiente del Presidente, además de los otros dos que ha mencionado en su tercer informe de gobierno: Ayotzinapa y la descentralización de dependencias federales, pero aún queda pendiente resolver el problema del Estado de Derecho.
La ley no debe ser un asunto negociable, la ley debe cumplirse pase lo que pase y suceda lo que suceda. Que la autoridad no actúe para quebrantarla, desde el Presidente hasta el último servidor público federal, desde el gobernador hasta el regidor del municipio más recóndito del País.
Que podemos esperar de los actos de funcionarios tan importantes como un fiscal o un gobernador si no se apegan a la ley, qué pasa con los juramentos de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. El problema que vivimos con el deteriorado estado de derecho que tenemos debe ir más allá de posiciones políticas, de promesas o compromisos de campaña, de posiciones y convicciones de gobierno.
De todos nuestros males, de todos nuestros problemas, de todos nuestros retos, afirmo que la falta de la cultura de legalidad es la que más nos ha dañado cómo nación y eso es peor cuando esa falta tan grave viene de aquellos funcionarios que están obligados a cumplir la ley, a aplicar debidamente la ley, a respetar principios de lealtad y buena fe, a defender valores y actos con legalidad.
El Presidente nos ha hecho muchas promesas, seguramente cumplirá muchas de ellas, pero con que cumpla la de combatir la corrupción y aquellas que la realidad le permita, con eso asegurará una transformación profunda del país. Si además designa a funcionarios con talento y en verdad comprometidos con la honestidad como valor fundamental del servicio público y se suprimen las prácticas de aquellos que aprovechan el poder con fines de apropiación patrimonial, con ello habrá cumplido con creces y dejará bases sólidas para ese cambio anhelado, esa transformación deseada por todos. Vaya pues este voto de confianza al Presidente y que los cambios de funcionarios públicos de dudosa conducta continúen para poder ver al final de este sexenio, que va a mitad del camino, que el legado por el que batalló durante muchos, muchos años con disciplina, con inteligencia y con coraje para transformar a México, funcionó y nos deja lo que nadie pudo cambiar hasta entonces, que es el principio básico que la ley no se negocia, que el poder no se utiliza con fines perversos y menos aún para amasar fortunas inmorales. Si logra eso, seguro será recordado como el presidente qué cambió a México en el siglo XXI y que mantuvo siempre sus valores y la creencia firme en un pueblo con historia, con cultura, y con futuro.
Por Carlos Román.
