Basado en hechos, es pertinente decir que las prácticas del priismo más autoritario de antaño están siendo superadas por algunos personajes cuyo primordial interés fue, es y será el beneficio personal por encima de la dignidad del servicio público. Las dependencias de la administración pública federal se siguen usando como pañuelos desechables tras el fracaso de aventuras personales para refugiar en la nómina a los derrotados.
La medalla de oro en la prueba de la incongruencia 4T es para Ricardo Sheffield Padilla, expanista y neomorenista vapuleado en su propia tierra, por la candidata de su anterior partido político en la elección para la alcaldía de León, Guanajuato. Con pena y sin gloria, Sheffield regresó como si nada a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tras cuatro meses y medio en los que su malogrado proyecto político le llevó a perder al tres por uno con Alejandra Gutierrez Campos.
El lunes 2 de agosto y con la teatralidad verbal que le caracteriza apareció en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha permitido que la desmantelada procuraduría sea usada por el guanajuatense, y muchos de sus paisanos, sin el más digno interés de proteger los intereses de los consumidores, ante uno de los repuntes inflacionarios más agudos de los últimos años en nuestro país.
El naufragio del procurador Federal del Consumidor, tras 60 días de campaña en la que fue abandonado por siete integrantes de su planilla, ahora es premiado con el añorado regreso a una institución que ha pasado desapercibida durante el sexenio, diezmada por los recortes presupuestales y los despidos de cientos de funcionarios. La Profeco es un eslabón roto en su teórico propósito de respaldar a los ciudadanos ante los imparables abusos e incrementos injustificados de precios en productos básicos, despacho de combustibles, cobros indebidos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en millones de hogares y un largo etcétera.
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La fuerza operativa de esa institución se basa en la eficacia de sus verificaciones a nivel nacional, la atención a distancia de las necesidades de las personas durante la pandemia y la capacidad de su titular para vigilar el comportamiento de prestadores de bienes y servicios, sin inhibir su desarrollo económico en un ambiente de diálogo con asociaciones, cámaras y empresas.
El signo distintivo de Sheffield es el protagonismo, la foto, guardar la apariencia y amenazar con frases domingueras que en nada ayudan a los indefensos consumidores ante la escalada de precios de una canasta básica que ya es inalcanzable para los sectores más vulnerables.
En este contexto es imposible que la procuraduría tenga una eficiente capacidad de reacción con las decenas de verificadores que le quedan para supervisar todo el territorio nacional. Gasolineras, gaseras, tiendas departamentales, centrales de abasto, líneas aéreas, servicios de telecomunicaciones, industria turística, tortillerías, panaderías, autotransportes, restaurantes, tiendas de conveniencia, servicios médicos privados y toda actividad económica que usted pueda imaginar en la que haya relaciones de consumo. Sheffield Padilla lo sabe, dio prioridad a su intento por ser alcalde, encargando el despacho a Berenice Romero, subprocuradora de Servicios, con el seguro de retorno que ya ejerció tras su contundente colapso en las urnas.
La situación es lamentable, la Procuraduría Federal del Consumidor con un nuevo impulso, más presupuesto y un funcionario verdaderamente comprometido podría ser una aliada esencial de López Obrador y Tatiana Clouthier para intentar que el dinero le rinda más a los que menos tienen.
Morena, López Obrador y sus colaboradores ofrecieron ser distintos para erradicar prácticas de sus antecesores, sin embargo, la contundencia de los hechos exhibe que son iguales y en algunos casos peores. ¿Quién es quién en la simulación?
Le puedo anticipar que Sheffield se sienta otra vez en el escritorio pensando en Guanajuato. Antes de que termine el sexenio, volverá a intentar ser candidato a la gubernatura como contrincante del panismo que le dio la espalda. Al tiempo.
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EDICTOS
1) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido su receso vacacional y 16 meses después volvió a las sesiones presenciales en el salón plenario de su edificio sede. El ministro Arturo Zaldívar, presidente del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura Federal, no resistió el impulso de la declaración mediática en el contexto de las críticas a la Corte por avalar una consulta popular innecesaria con una pregunta confusa y el análisis de la ampliación de su periodo que tanto ha desgastado al Poder Judicial de la Federación en los últimos meses.
“Vivimos tiempos de polarización política y social. El mundo parece dividido en bandos y las personas juzgadoras solemos quedar atrapadas en medio. En tiempos como estos, la independencia judicial es un valor del que todos buscan apropiarse”, dijo el togado, sin atribuirle al presidente de la República la autoría intelectual y material de esa división a través de su narrativa polarizante.
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El proyecto de resolución del ministro Fernando Franaco González Salas sobre la consulta extraordinaria en el tema del artículo XIII transitorio de la reforma judicial prácticamente está listo para ser circulado. Zaldívar anticipó que será en agosto cuando el alto tribunal analice y resuelva el caso que ha sido considerado prioritario en la agenda jurisdiccional de las próximas semanas. La polémica ampliación del periodo de los consejeros de la judicatura federal será rechazada, sin embargo, el daño reputacional en la opinión pública es ya irreversible.
2) Hablando de jueces, Roberto Yañez Quiroz, titular del Juzgado 24 Civil en la Ciudad de México que ordenó medidas precautorias irregulares para facilitar la intervención violenta con policías estatales en el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pretende evadir el cumplimiento de una suspensión de amparo vigente a favor de la Fundación de la UDLAP, que preside Margarita Jenkins de Landa. El mandato del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo en Puebla ordenó a ese juzgado capitalino restituir las cosas al estado en que se encontraban hasta antes del asalto patrocinado por el gobernador Miguel Barbosa, ocurrido hace 37 días en Cholula. Yañez Quiroz hace todo lo que está a su alcance para evitar la ejecución de una suspensión vigente y dar cumplimiento inmediato a una determinación otorgada desde el Poder Judicial de la Federación. Lo revelador es que a este juzgador se le vincula con una presunta red de corrupción en la que participarían jueces de la Ciudad de México con un mismo patrón de conducta, en diversos litigios en los que participa un grupo de despachos coludidos para intervenir ilícitamente patrimonio privado. Un verdadero escándalo que exhibirá a jueces locales y litigantes especialistas en oscuras operaciones que utilizan al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad gobernada por Claudia Sheinbaum.
Hasta el próximo jueves.
Por Enrique Rodríguez Martínez.
