Las reglas para determinadas inversiones extranjeras podrían cambiar en México si se aprueba la iniciativa presentada recientemente por el Ejecutivo federal. El planteamiento propone un procedimiento para evaluar posibles adquisiciones de empresas mexicanas, el valor de sus activos y la naturaleza de sus actividades. Como resultado, las operaciones que queden sujetas a este mecanismo podrían enfrentar medidas de mitigación e incluso sanciones específicas, modificando las condiciones bajo las cuales se concretan determinadas inversiones en el país.
De acuerdo con Omar Aguilar, socio de la firma Pérez Correa González, es probable que la reforma avance. “Existe una probabilidad alta de que esta reforma sea aprobada y entre en vigor, particularmente porque forma parte de una tendencia internacional en la que los gobiernos están fortaleciendo sus mecanismos de revisión de inversiones por razones de seguridad nacional. Sin embargo, el alcance final de la reforma todavía puede modificarse durante la discusión en el Congreso, especialmente en la definición de los sectores, los umbrales de inversión y los criterios que utilizará la autoridad para determinar cuándo una operación representa un riesgo”, señaló el experto.
Bajo este nuevo esquema, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) tendría un papel central al definir los parámetros para determinar posibles riesgos a la seguridad nacional y evaluar las operaciones sujetas a revisión. La autoridad podría declarar viable una adquisición, condicionarla mediante medidas de mitigación o impedirla. A partir de esta propuesta, el experto analiza tres elementos para dimensionar su alcance: los sectores que quedarían bajo vigilancia, las repercusiones para las empresas y el contexto internacional que explica este cambio regulatorio.
Sectores bajo vigilancia y consecuencias para las empresas
La vigilancia abarcará sectores estratégicos como energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, datos, sistemas digitales, industria aeroespacial y defensa, así como tecnologías críticas y de doble uso —entre ellas IA, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnología cuántica y biotecnología—. También considerará el suministro de insumos fundamentales, como energía y materias primas, además del acceso a información sensible y datos personales, con la posibilidad de que la CNIE amplíe el alcance a actividades análogas.
Aunque el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la CNIE tendría hasta 180 días naturales a partir de esa publicación para emitir la resolución general que determine el umbral de activos, la propuesta ya establece consecuencias concretas para las operaciones que incumplan con el nuevo mecanismo. La propuesta establece una multa de 1,000 a 5,000 UMA para actos que requieran autorización y se realicen sin contar con ella, lo que podría derivar en sanciones de hasta 23.5 millones de pesos para sociedades mexicanas, de acuerdo con el comunicado.
El incumplimiento podría generar multas de hasta 200 mil UMA para sociedades mexicanas, según se desprende del planteamiento. Con ello, las empresas que participen en operaciones sujetas a revisión deberán considerar no solo los costos de transacción, sino también el riesgo regulatorio asociado a la eventual aplicación de medidas de mitigación o sanciones económicas.
La iniciativa forma parte de un contexto internacional en el que los gobiernos están fortaleciendo sus mecanismos de revisión de inversiones por razones de seguridad nacional, según lo expuesto por el especialista. El alcance final de la reforma, no obstante, aún puede modificarse durante la discusión en el Congreso, especialmente en la definición de los sectores, los umbrales de inversión y los criterios que utilizará la autoridad para determinar cuándo una operación representa un riesgo.
