La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de revolucionar las economías al abrir nuevas vías para la innovación, la producción, la educación y la resolución de problemas. Sin embargo, también puede aumentar las disparidades y desigualdades actuales, y agravar los problemas ambientales si no se aborda de manera crítica. Integrar la innovación impulsada por la IA con ideales sociales que prioricen la riqueza compartida, una sociedad justa y el equilibrio ecológico es una tarea sumamente compleja.
Se está lanzando una advertencia crítica: la automatización corre el riesgo de desplazar la mano de obra y deprimir los salarios a menos que se aborde con redes de seguridad y programas de reasignación. Incluso en la época medieval, que rara vez se considera un tiempo de innovación, existían políticas para reasignar a las personas. El sistema de gremios, las iglesias y los monasterios eran centros de capacitación. Innovaciones como el molino de viento o el molino de agua crearon una demanda de constructores de molinos, quienes entrenaban a asistentes de manera informal. No obstante, hay una razón por la que recordamos la Edad Media como sombría: incluso con la recapacitación de las personas, las innovaciones no se tradujeron en mejores estándares de vida para la mayoría.
Por lo tanto, vale la pena centrarse en políticas de recapacitación, así como en la participación en las ganancias, la tributación y las redes de seguridad social como posibles soluciones a las disrupciones de la IA. Con la IA, aunque se prometen mecanismos compensatorios potenciales como nuevas tareas y ganancias de productividad, la historia nos advierte que tales beneficios no son automáticos ni se comparten equitativamente.
La conversación en torno a la IA y el trabajo, por lo tanto, debe ampliarse desde un enfoque singular en la recapacitación de los trabajadores desplazados hacia estrategias que redistribuyan la riqueza que crea la automatización, y que interroguen el sustrato físico sobre el cual se construye esta nueva economía.
La insuficiencia de la recapacitación
Los programas de recapacitación son una respuesta necesaria pero insuficiente al desplazamiento sistémico. Colocan toda la carga de la adaptación en el individuo y a menudo no logran igualar la velocidad del cambio. Se requieren políticas estructurales que transformen las relaciones económicas para complementarlos, como redes de seguridad, reducción de la jornada laboral o políticas de ingreso básico universal.
La política de la semana laboral de cuatro días reduce la semana laboral estándar (generalmente a 32 horas) sin recortar el salario, con el objetivo de mejorar el equilibrio entre el trabajo y el hogar, la productividad y la salud mental. El ingreso básico universal (IBU) es una política en la que cada adulto recibe un pago regular en efectivo, incondicional, del Estado para garantizar la seguridad económica básica, independientemente de su situación laboral.
Sin embargo, queda una pregunta: ¿de dónde obtendremos los fondos necesarios para implementar redes de seguridad y otras políticas potencialmente útiles sin tomar recursos de otras áreas como la salud y la educación? Considerando que la fuente de las preocupaciones es la automatización, también podría ser la solución en la forma del llamado impuesto a los robots.
El impuesto a los robots: una propuesta controvertida
El concepto de impuesto a los robots, o más precisamente ‘automation impact levy’ (gravamen por impacto de la automatización), aborda una falla central del mercado. Cuando una empresa se automatiza, privatiza los ahorros de una factura salarial reducida mientras socializa los costos del desempleo y el declive comunitario. Un impuesto sobre el desplazamiento busca frenar el ritmo de la automatización a una tasa socialmente manejable y generar ingresos para financiar políticas de transición como el IBU u otros programas de bienestar.
La evidencia experimental respalda su función mecanística, mostrando que tal impuesto puede reducir la probabilidad de sustitución de trabajadores. Sin embargo, críticas significativas de diseño y filosóficas desafían su viabilidad. Definir la unidad imponible como “el robot” o “el algoritmo de IA” es problemático, ya que la automatización suele ser un proceso de integración de software, no una compra discreta de hardware.
Destacados académicos en materia fiscal han argumentado que un nuevo impuesto específico a los robots es menos efectivo que reformar sistemas más amplios de tributación del capital, sugiriendo que su atractivo político puede provenir más de sesgos conductuales que de una política fiscal sólida.
Aparte de las críticas relacionadas con el excesivo “socialismo” de esta política, el debate sobre el impuesto a los robots expone un problema de gobernanza más amplio: la ausencia de métricas estandarizadas para cuantificar el desplazamiento inducido por la automatización. Una política efectiva requeriría informes a nivel de empresa sobre sustitución de mano de obra, ganancias de productividad y profundización del capital atribuibles a la automatización. Sin tales marcos contables, la tributación corre el riesgo de ser torpe o fácilmente eludible, socavando tanto la eficiencia como la legitimidad.
Hacia una renegociación del contrato social
No obstante, en un nivel más profundo, el debate sobre el impuesto a los robots refleja una renegociación del contrato social en economías automatizadas. Si la productividad deriva cada vez más del capital en lugar del trabajo, la dependencia continua de la tributación basada en el trabajo se vuelve normativamente inestable. La cuestión no es solo cómo financiar el bienestar, sino cómo redefinir la contribución y el derecho en un modelo de crecimiento post-laboral.
Aunque el impuesto a los robots suene como una gran idea, su implementación práctica no es sencilla. Corea del Sur ofrece el caso de prueba más cercano a la realidad, aunque no lo llamó impuesto a los robots en ese momento. En 2017, la administración de Moon Jae-in redujo silenciosamente el crédito fiscal que las empresas recibían por invertir en equipos de automatización: la deducción para grandes empresas cayó del 3% al 1%, para empresas medianas del 5% al 3%, mientras que las pequeñas empresas mantuvieron intacto su beneficio del 7%. Fue menos una penalización que una retirada de un subsidio, lo que evitó el espinoso tema de definir el “robot” como unidad imponible.
Al mismo tiempo, la propuesta de impuesto a los robots del Parlamento Europeo en 2017 fue rechazada rotundamente. Muchos legisladores consideraron que gravar las máquinas perjudicaría el crecimiento empresarial y detendría nuevas invenciones. Es obvio que a nadie le gustan los impuestos y pueden llevar a pérdidas electorales. Sin embargo, este tipo de intervención es necesaria para reducir la desigualdad.
El miedo al tecno-feudalismo no es una mera paranoia. Sin intervenciones políticas adecuadas, la continua adopción de IA, robots y tecnologías de automatización podría manejar a un mayor desempleo y desigualdad salarial. El poder está actualmente en manos de unos pocos gigantes tecnológicos, los nuevos reyes. Es crucial que los países implementen programas de recapacitación dirigidos a los trabajadores desplazados por la automatización y políticas regulatorias para evitar el poder ilimitado de los nuevos reyes.
Crear riqueza y reducir la pobreza requiere políticas efectivas, integrando costumbres locales y utilizando prácticas empresariales innovadoras y éticas. La posibilidad de que converjamos en otra era medieval llena de innovaciones pero con bajos estándares de vida para ciertos sectores es real. Dadas las diferencias de ingresos existentes, la colaboración entre el Norte y el Sur global puede fomentar cambios sociales significativos a través de tecnologías apropiadas y políticas adecuadas.
Adaptado de “Innovate for Impact: A Roadmap to Sustainable Technology Beyond AI” de Alessandro Crimi, publicado por Springer Nature © 2026 by Alessandro Crimi, y reimpreso con permiso.
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