El gobierno de Claudia Sheinbaum pretende convencernos de que vigilar los contenidos de la radio y la televisión, decidir cuándo una información es falsa o está descontextualizada y sancionar económicamente a quien la difunda no restringe la libertad de expresión. En cualquier democracia eso se llama censura. Para los genios que hoy gobiernan, en cambio, parece ser una novedosa forma de protegernos: el poder revisará lo que se dice, establecerá qué es verdad y castigará al infractor, pero nadie deberá sentirse censurado.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El nombre es impecable. ¿Quién podría oponerse a proteger a las audiencias, impedir que la publicidad se disfrace de noticia, garantizar el derecho de réplica o facilitar el acceso de las personas con discapacidad? El problema comienza cuando, detrás de esos propósitos razonables, aparece la facultad de una autoridad dependiente del Ejecutivo para supervisar contenidos, realizar monitoreos, recibir quejas, emitir resoluciones obligatorias e imponer multas que podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos acumulables del concesionario o programador.
El artículo 12 obliga a los medios a adoptar medidas para no difundir información “falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”. La pregunta no es si debe combatirse la mentira; por supuesto que debe hacerse. La pregunta es quién decidirá qué es mentira, cuál es el contexto correcto y qué interpretación merece ser castigada. Si la respuesta es una autoridad colocada dentro del mismo gobierno que todos los días es observado, cuestionado y criticado por los medios, entonces el gobierno se convierte al mismo tiempo en parte ofendida, intérprete de la verdad, vigilante del discurso y juez del periodista.
Sheinbaum asegura que no habrá censura. Los lineamientos también declaran solemnemente que no podrán utilizarse para restringir la libertad editorial. Pero los derechos no pueden descansar en promesas presidenciales ni en artículos decorativos contradichos por las facultades que aparecen después. Las leyes deben impedir el abuso del poder, no pedirnos que confiemos en la bondad de quien lo ejerce. La Presidenta puede afirmar hoy que jamás utilizará esos instrumentos contra un medio incómodo; lo relevante es que pretende dejarlos armados, listos para ella o para quien la suceda.
La censura moderna utiliza las multas desproporcionadas, inspecciones recurrentes o resoluciones administrativas. El miedo hace el resto. El periodista aprende qué asuntos es mejor no tocar, el conductor modera sus críticas y el concesionario descubre que la prudencia oficial resulta más rentable que la libertad. A eso se le llama autocensura, aunque el gobierno prefiera llamarlo protección de las audiencias.
La democracia no garantiza que todo lo publicado sea verdadero, inteligente o justo. Garantiza que ninguna autoridad pueda erigirse en dueña de la verdad. Las falsedades se responden con información, las calumnias ante los tribunales y las opiniones con otras opiniones. Lo que no puede admitirse es que el poder administrativo decida cuáles palabras merecen circular.
Las palabras, las ideas y los argumentos son una bomba. Una palabra precisa y un argumento bien construido pueden derrumbar la narrativa de cualquier gobierno. Los que hoy gobiernan lo saben muy bien. Por eso comienzan vigilando lo que se dice, después lo regulan y finalmente lo castigan. Todo, desde luego, en nombre del pueblo, de la verdad y de nuestra propia protección. La censura es lo que sigue. Sólo falta la mordaza disfrazada de ley.
