Faltan pocas semanas para que el mundo llegue a México. Los hoteles están reservados, las marcas ya invirtieron, los empresarios calcularon su parte: solo para la Ciudad de México, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), se proyecta una derrama de 26,280 millones de pesos, con más de un millón de visitantes y un gasto promedio de 22,500 pesos por turista. El sector privado hizo su tarea. El problema, advierte un nuevo análisis de VESTIGA Consultores, está al otro lado de la ecuación.
El 20 de abril, un hombre armado subió a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y abrió fuego. Murió una turista canadiense. Trece personas resultaron heridas. Las autoridades confirmaron que el ataque fue planeado. Lo que no confirmaron –pero los datos ya venían diciendo– es que el escenario estaba servido: en 2025, el INAH redujo la custodia del sitio de 30 a 24 elementos, en un recinto de más de 260 hectáreas, sin arcos detectores, con miles de visitantes diarios.
“En una frase presidencial se encapsuló la gravedad de la falta de previsión de riesgos del Estado mexicano”, comenta Sergio Díaz, socio director de VESTIGA CONSULTORES. La presidenta de la República, preguntándose cómo pudo un sujeto armado, con una mochila llena de balas, subir a lo alto de la célebre pirámide sin haber sido detectado, contestó que “porque eso nunca había pasado antes”. Al respecto, Díaz señala: “Eso es una falla que no puede permitirse en instituciones de un Estado, el cual existe, en principio, para proveer seguridad a los ciudadanos y uno de los elementos de esa seguridad es la identificación y manejo de riesgos. En un lugar como Teotihuacán, al que acuden cerca de 4 mil personas diarias, incluyendo muchos extranjeros, expuesto como objetivo de ataques terroristas o de un psicópata, no es entendible cómo nadie en el gobierno identificó las amenazas potenciales ni evaluó su nivel de riesgo”.
Lo que pasó en Teotihuacán no ocurrió en el vacío. El Monitoreo de Percepciones Empresariales de VESTIGA llevaba meses documentando un entorno que se deteriora sin respuesta institucional. El 90 % de las empresas en México considera que la corrupción ha disminuido poco, nada o incluso ha aumentado bajo la administración actual. El 74 % la siente como un factor que afecta su operación cotidiana. Casi el 80 % tiene escasa o nula confianza en que las cosas mejoren en los próximos tres años. “La corrupción es una variable que se torna en un elemento distorsionador contra la competitividad, calidad y rentabilidad de las empresas y, a la larga, también afecta al conjunto de la economía nacional”, advierte Sergio Díaz.
El análisis de VESTIGA revela que, en contraste con la falta de preparación gubernamental, el sector privado ha respondido con inversiones y planeación. Solo 15 % de las organizaciones tiene planes concretos de inversión para 2026, una cifra que refleja la incertidumbre que genera el entorno, pero que al mismo tiempo muestra que hay empresarios dispuestos a apostar por México. La pregunta es si el gobierno está a la altura de esa confianza.
Para Sergio Díaz, el ataque en Teotihuacán es un síntoma de una falla estructural más profunda: la ausencia de una cultura de gestión de riesgos en las instituciones del Estado. “No se trata solo de seguridad en zonas arqueológicas; se trata de que el Estado mexicano no está preparado para anticipar amenazas, ya sean de seguridad, económicas o sanitarias. Y eso, en un contexto global donde México es un destino de inversión y turismo, es una deuda que el país no puede darse el lujo de seguir postergando”, concluye.
