En un giro inesperado en la política migratoria de Estados Unidos, los agentes del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) están siendo desplegados en operaciones de aplicación de leyes de inmigración, una función que tradicionalmente estaba fuera de su ámbito de competencia. Esta expansión de responsabilidades forma parte de la ofensiva más amplia de la administración Trump contra la inmigración, incorporando a organismos que normalmente no participan en este tipo de acciones. Según documentos internos y testimonios de empleados, esta práctica representa una desviación significativa de las funciones establecidas para este cuerpo de seguridad.
Los agentes del DSS, cuyo trabajo principal se centra en la protección de dignatarios, la investigación de fraudes de visas y pasaportes, y la seguridad de las misiones diplomáticas, ahora están registrando oficialmente el tiempo dedicado a actividades migratorias. Correos electrónicos internos revelan instrucciones específicas para reportar detenciones, participación en equipos de cateo, seguridad perimetral y vigilancia relacionada con inmigración. La implementación de estas nuevas directrices incluye el uso de sistemas como MyDSIR y DSReady para documentar estas actividades, algo que según empleados actuales nunca antes había sido parte de sus protocolos establecidos.
Esta reasignación de funciones ha generado preocupación entre el personal del DSS, quienes expresan que carecen de la capacitación adecuada para aplicar leyes migratorias y podrían estar violando derechos civiles sin siquiera darse cuenta. La creación de una Oficina de Repatriación dentro del departamento y los despidos masivos de personal sugieren que estos cambios podrían estar relacionados con esfuerzos por demostrar el valor de la agencia ante posibles recortes presupuestales. La participación del DSS en estas operaciones marca un precedente preocupante en la expansión de capacidades de agencias gubernamentales más allá de su mandato original.
