La seguridad pública como obligación de cualquier gobierno, hace posible una sociedad de ciudadanos libres. La libertad nos permite florecer y vivir con dignidad. Sin seguridad no hay nada. Todos los derechos que tenemos y que garantiza la Constitución se vuelven una ilusión y, por tanto, la inseguridad ocasiona que esos derechos desaparezcan, son solo letra muerta de la ley impresa en el papel. Sin seguridad no hay derecho ni justicia que valga.
Sin duda, tenemos como Nación una larga lista de problemas que no se han podido resolver y como vamos, no tienen forma de que terminen pronto ni bien. De esa lista nada es más urgente que restaurar la seguridad en las ciudades, en las carreteras, en los pueblos: en el País entero. Ni la guerra al crimen organizado ni los abrazos a los delincuentes han contenido los índices de inseguridad. Lo cierto es que ya son cuatro sexenios, incluyendo a este de la transformación, en el que la ciudadanía ha perdido mucho y ni siquiera se ven posibilidades de lograr algún empate, es decir de contener tanta inseguridad, de darle a la gente un respiro o por lo menos, la ilusión de poder recuperar sus espacios en esta guerra perdida.
Si no hemos tenido hasta hoy la capacidad para aprovechar al máximo nuestra ubicación geográfica privilegiada y la realidad económica del mundo, el narco si ha sabido capitalizar sus actividades hasta convertirse por su inmenso dinero, en una empresa delictiva global. Sin embargo, en los Estados Unidos de América, cada día y con mayor fuerza están siendo cuestionados los grupos delictivos mexicanos. Como el País que más muertos pone para mantener esas inmensas ganancias, más de cien mil muertes asociadas a sobredosis por opioides en el año 2022, es un precio que nuestros vecinos ya no están dispuestos a pagar. Son más muertos que en muchas guerras que han peleado los americanos y si algo no aceptan, es perder una guerra.
En nuestro País, por más que se diga, la pobreza y el hambre no son la justificación absoluta de la existencia de la delincuencia. Si así fuera, los ejércitos del crimen organizado tendrían millones de personas a su servicio. Las dadivas gubernamentales han demostrado que no son el único camino para erradicar la inseguridad y la violencia; de ser así, ya habría menos sangre en las calles.
Los resultados de esta lucha comprueban que ningún País de Latinoamérica ha podido solo ante el poder corruptor y de fuerza de estos grupos, que han doblegado a gobiernos para convertirlos en narcoestados.
Las instituciones son fuertes cuando garantizan a sus habitantes vivir en el pleno ejercicio de su libertad. La inseguridad genera miedo, al igual que las dictaduras. Una sociedad con miedo no es viable, no tiene futuro ni destino posible.
La violencia y la barbarie que hemos visto en México también generan terror. De esta forma, ha ido tomando impulso en la Unión Americana, la propuesta para designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. De hecho, el ocho de febrero pasado, veintiún fiscales de igual número de estados de Norteamérica, pidieron al Gobierno del presidente Joseph Biden, que declare a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas, bajo el argumento de que “estos grupos representan para la seguridad nacional, una amenaza mucho mayor a la que una empresa típica de narcotráfico puede ocasionar”.
Esta designación de organizaciones terroristas ya había sido suspendida en 2019 por el expresidente Donald Trump, veamos que respuesta tiene el gobierno de México, ante esta nueva presión social y política en los Estados Unidos, pero sobre todo, veamos si esta presión termina en un riesgo a la soberanía y por lo tanto produce una actitud y una respuesta diferente en la estrategia fallida de seguridad aplicada hasta hoy. Pronto veremos resultados, ojalá estos si sean para bien del pueblo.
Por Carlos Román.
