La noche del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se cometió en Iguala Guerrero un crimen atroz en contra de 43 estudiantes normalistas que produjo indignación y rabia en muchos sectores de la sociedad mexicana. Fue un crimen solapado por un gobierno corrupto para el cual los pobres siempre estuvieron ausentes y fueron tratados como basura. Además, este acto inhumano enlutó a cuarenta y tres familias humildes del Estado de Guerrero y generó una agenda que utilizó a su favor el movimiento político de quien hoy es Presidente de México.
Esta afrenta le costó al expresidente Enrique Peña Nieto perder imagen y popularidad, para continuar en una estrepitosa caída que se agravó con el escándalo de la casa blanca y al igual que los estudiantes asesinados, su presidencia terminaría en el lugar que la historia le ha dado: el basurero.
Sin lugar a duda ese crimen fue factor en la victoria del presidente López Obrador, quien con esa gran capacidad que tiene para dictar agenda y marcar discurso, supo dirigir su crítica demoledora contra la administración anterior, plagada de corrupción e impunidad y ello le sirvió para obtener una gran base popular que con treinta millones de votos lo llevaron al poder con una enorme legitimación.
Pero si hacemos memoria, lo peor de este asunto fue la respuesta del expresidente Peña Nieto ante esa crisis, porque en lugar de atender la emergencia en el lugar de los hechos y reunirse con los familiares de las víctimas, entró en pánico y muy mal asesorado viajó a China, cuando el viaje forzoso al día siguiente del crimen debió ser al Municipio de Iguala acompañado del entonces Procurador General de la República Jesús Murillo Karam y de su gabinete de seguridad.
Esa matanza no fue una más de las que lamentablemente recorren el país desde hace años. Fue un crimen de estado, porque integrantes de las policías de varios municipios guerrerenses y otras autoridades, participaron junto con los criminales para consumar de forma inconfesable ese caligulesco acto.
Después de casi ocho años de estos hechos, el viernes pasado fue detenido Jesús Murillo Karam, imputado en el asunto de los normalistas asesinados por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. Ojalá esta vez se llegue a conocer la verdad y no la versión que en ese entonces nos contó una clase política presa de su miedo y desesperación por ocultar la realidad y fingir que no pasaba nada, apostando al olvido y a la corta memoria de la gente, pero no fue así. Esa actitud fue la que al final les costó ni más ni menos que el poder y hoy la libertad al exprocurador.
Habrá que ver contra quienes más se procede en este caso y que por fin dejen en paz y respeten la pena de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que no regresarán con vida, aunque eso ya se sabía.
Ahora lo más importante es que no se utilice como desgraciadamente ha sido costumbre en este gobierno, a las instituciones de procuración de justicia para fines políticos y de venganzas personales, porque de por sí es cuestionable el precario estado de derecho que tenemos.
Otra lectura de estos últimos hechos es que los actos de los procuradores y fiscales ya no quedarán en la total impunidad. La detención de Murillo Karam abre la puerta por vez primera, para que otros funcionarios pasados y presentes respondan ante la justicia por sus actos, por su corrupción, impunidad y cinismo, porque desgraciadamente todavía son esas las constantes que prevalecen en nuestro País a pesar de que afirmen que no son iguales.
Transitorio.- ¿La libertad de Rosario Robles el mismo viernes pasado fue un acto magnánimo de la Fiscalía o una orden de un Tribunal Colegiado? Por favor que alguien me explique.
Por Carlos Román.