Para Enrique Rodríguez:

Hace cuarenta años inició un cambio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejara de ser una especie de lugar de retiro para políticos con conocimientos jurídicos o para quienes esperaban en el cargo de ministros mejores oportunidades para ocupar gubernaturas u otros puestos. En esos tiempos todo era por la designación del Presidente de la República, quién como la Santísima Trinidad, encarnaba los tres poderes del estado en una sola persona. El nombramiento de los ministros pasaba por una muy rápida ratificación del Senado y así sucedían las designaciones.

Pero en lo más importante que era la función de la Suprema Corte como máximo Tribunal Constitucional de México, los asuntos en los que existía interés presidencial, nunca se resolvían con autonomía. La Corte dictaba sentencias, pero estas nunca tenían una repercusión seria o importante en la vida nacional.

Ese cambio que empezó sutilmente en 1982 tiene su punto más importante de florecimiento durante el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, porque desde entonces, la Suprema Corte tuvo autonomía, independencia así como una integración generada por perfiles menos políticos y más jurídicos, con lo que empezó a desarrollar un prestigio que nunca tuvo hasta entonces para convertirse en una sólida institución jurídico política, que tiene como misión fundamental salvaguardar nuestros derechos constitucionales y obligarnos a respetarlos hasta convertirse en un poder del Estado de una dimensión mayúscula en las decisiones fundamentales del país.

Ahora inclusive podemos observar a través de la televisión y del internet, las sesiones del pleno o de las salas en donde somos testigos de la argumentación jurídica de sus Ministros, de las discusiones de todo tipo de asuntos, incluso los que incomodan a otros representantes de los otros poderes del Estado, lo que sitúa a la Corte en un gran nivel de respetabilidad y confianza, que debe mantenerse por el bien de todos, por la libertad de todos, por la justicia para todos y así, con esa independencia se dicten las resoluciones judiciales en los temas más importantes para el gobierno y para los gobernados.

Nuestra democracia será mejor sí podemos consolidarnos como un país de leyes. Al margen de los vientos políticos, popularidad política o factores reales de poder, la Corte, como nuestra última instancia judicial, interpreta y dicta el Derecho. Su misión es tan importante que la Corte es la que dice lo que la Constitución dice.

Esperemos que se erradiquen de una vez y para siempre esas prácticas injerencistas del pasado y confiamos en las resoluciones de nuestro máximo Tribunal que nos marca lo que debe ser y lo que no debe ser.

A pesar de los intentos de algunos siniestros personajes para intervenir en la vida de la Corte, la buena noticia es que mientras nuestro máximo Tribunal siga resolviendo con autonomía y apegado a derecho los asuntos que conoce, que por cierto son muchos, va marcando el camino para que paso a paso sigamos construyendo un país de leyes, en donde el Poder Judicial debe mantenerse en la centralidad de nuestro sistema de gobierno y ser el freno y contrapeso para cualquier abuso, venga de donde venga.

La Suprema Corte nunca más será un lugar para el retiro de políticos. Hoy tiene la grandeza y dignidad que los mexicanos le hemos dado en los cambios democráticos que hemos alcanzado y en los que seguiremos construyendo.

Por Carlos Román.

Por Editor

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