El Gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha un programa que permite a ciudadanos extranjeros obtener la nacionalidad argentina mediante un aporte económico directo. La medida, instrumentada a través de un decreto de necesidad y urgencia, establece un pago de 350.000 dólares para el solicitante principal, con opciones adicionales para cónyuges e hijos. El anuncio, realizado durante la Semana Argentina en París hace diez días, busca atraer inversiones para revitalizar la economía del país sudamericano.
La iniciativa ha generado un intenso debate en Argentina y plantea interrogantes sobre sus implicaciones legales y éticas. Mientras el oficialismo defiende la medida como un incentivo para la generación de empleo, la oposición y expertos constitucionalistas advierten que la ciudadanía no puede ser objeto de compraventa y que el decreto viola el espíritu de la Constitución nacional.
Detalles del programa de ciudadanía por inversión
El Programa de Ciudadanía por Inversión, como fue denominado, ofrece varias modalidades de pago. El solicitante principal debe realizar un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Estado argentino, o bien suscribir un título público por 800.000 dólares. Además, se contempla una oferta especial para grupos familiares: un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores pueden acceder al beneficio por un total de 500.000 dólares.
Para los familiares adicionales, los costos son los siguientes:
- Cónyuge: 100.000 dólares.
- Hijos de entre 18 y 25 años (solteros y sin hijos): 100.000 dólares cada uno.
- Hijos menores de 18 años: 25.000 dólares cada uno.
El proceso incluye una evaluación rigurosa destinada a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina. Esta evaluación comprende la verificación de identidad, la licitud y trazabilidad del dinero, un análisis patrimonial y financiero, la revisión de antecedentes penales y del historial migratorio, entre otros requisitos.
Los fondos recaudados se destinarán, según el Ejecutivo, a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”.
Contexto y antecedentes internacionales
La ciudadanía por inversión no es una práctica extendida a nivel global. Si bien muchos países ofrecen residencia a cambio de inversiones significativas, son menos los que otorgan directamente la nacionalidad. Argentina se suma así a un grupo que incluye a Turquía, Egipto, Jordania, Dominica, Santa Lucía y Santo Tomé y Príncipe, entre otros.
En contraste, países como España y Portugal han eliminado o restringido sus programas de residencia por inversión en los últimos años. La diferencia fundamental del caso argentino radica en que no se exige una inversión productiva o inmobiliaria, sino un aporte directo al Estado o la compra de un título público.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la idea surgió hace dos años durante un viaje presidencial a Sun Valley, Estados Unidos, donde empresarios tecnológicos manifestaron interés en obtener la ciudadanía argentina. Según Caputo, el interés responde a “la combinación de una situación geopolítica argentina óptima, particularmente en un mundo en conflicto”.
El anuncio se realizó en el marco de la Semana Argentina en París, un encuentro para propiciar el ingreso de capitales extranjeros. Del evento participaron representantes de empresas especializadas en la promoción de residencia y ciudadanía por inversión, como Latitude Group, Arton Capital, Apex Capital Partners, Passport Legacy y AIM Global. Estas compañías conformaron el consorcio Argentina Mobility for Investment and Global Opportunity Limited (AMIGO) y firmaron en mayo pasado un acuerdo de colaboración técnica no onerosa con la agencia del Ministerio de Economía encargada de instrumentar la iniciativa.
Reacciones y críticas
La medida ha despertado un fuerte rechazo en diversos sectores. Juristas advierten que el decreto contradice el artículo 20 de la Constitución nacional, que establece que la ciudadanía por naturalización se obtiene con dos años de residencia o mediante la prestación de servicios excepcionales al país. “No admite una compra de ciudadanía”, afirma el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “El modelo argentino nunca vinculó la ciudadanía con la capacidad patrimonial”, agrega, y sostiene que el decreto no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia para sustituir al Congreso.
Gil Domínguez también señala que la medida es “totalmente discriminatoria en función de la posición económica. Si un extranjero tiene plata, le dan la ciudadanía en forma inmediata. Si no tiene, tendrá que acreditar dos años de residencia”.
La oposición parlamentaria intenta frenar la iniciativa en el Congreso mediante pedidos de informes y proyectos de derogación. “Es inadmisible que Argentina ponga en venta su ciudadanía”, declara el diputado peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa. “La propuesta es clasista y es contradictoria tanto con el espíritu de nuestra Constitución como con el supuesto interés del Gobierno en aprobar una ley de defensa de la soberanía nacional”, añade.
Rossi también advierte que el programa podría atraer a multimillonarios interesados en eludir limitaciones a actividades económicas, como la compra masiva de tierras. Según el diputado, la iniciativa confluye con exenciones impositivas ya aprobadas para extranjeros naturalizados por inversión en el marco de la reforma laboral.
El decreto que quita del ámbito de la justicia la definición de la ciudadanía y la establece como un acto administrativo ya fue declarado nulo en dos casos particulares por la justicia. Esto anticipa un posible conflicto legal en torno a la validez del programa.
Implicaciones para Argentina y la región
La implementación de este programa coloca a Argentina en una posición singular en América Latina, donde no existen precedentes de venta directa de ciudadanía. La medida podría tener consecuencias en la percepción internacional del pasaporte argentino, que hasta ahora goza de un alto prestigio y acceso a numerosos países sin visa.
Expertos advierten que si el programa se consolida, podría abrir un debate regional sobre la mercantilización de la nacionalidad y sus efectos en la soberanía y la identidad nacional. Asimismo, plantea interrogantes sobre la equidad y la coherencia con los principios constitucionales que rigen la materia migratoria en la región.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para atraer inversiones y generar empleo, la oposición y sectores académicos insisten en que se trata de una medida discriminatoria y contraria al ordenamiento jurídico. El futuro del programa dependerá de la resolución del Congreso y de los tribunales, en un contexto de alta polarización política.
