Chile se convirtió esta semana en el primer país de la región en avanzar con una ley antideepfakes. La Cámara de Diputados aprobó, con 128 votos a favor, un proyecto que sanciona con multas de hasta $716 millones de pesos chilenos (unos USD 760.000) la creación y difusión de contenidos falsos generados con IA, y obliga a las plataformas a retirarlos en un máximo de 72 horas.
La medida llega en medio de una ola de fraude potenciado por inteligencia artificial que golpea a toda Latinoamérica, según releva el Fraud & Security Report 2026 de Infobip, plataforma global de comunicaciones en la nube con enfoque AI-first.
La ley crea el derecho a la “integridad digital”, que protege la imagen, el cuerpo y la voz de una persona incluso después de su muerte. Este derecho busca resguardar a los ciudadanos frente al uso no consentido de su identidad en contenidos generados o manipulados por inteligencia artificial.
El contexto regional es alarmante. Más del 81% de los casos de fraude con IA detectados en 2025 a nivel global involucraron deepfakes. El phishing representó el 49% de todo el contenido dañino bloqueado a nivel global en 2025, con un salto interanual del 94%. Además, el 70% de los ataques de phishing móvil ya ocurren a través de SMS, canal donde las estafas crecieron 40%.
Las proyecciones no son más alentadoras: para finales de este año, hasta el 30% del contenido audiovisual en internet podría estar generado o modificado con inteligencia artificial. Esta cifra subraya la urgencia de adoptar marcos legales como el chileno, que buscan frenar el impacto de los deepfakes en la sociedad.
La aprobación en Chile representa un precedente importante para América Latina, una región donde el fraude impulsado por IA ha ido en aumento. La nueva legislación no solo castiga a quienes crean y difunden estos contenidos, sino que también impone una responsabilidad clara a las plataformas digitales para actuar con rapidez.
Con esta ley, Chile se posiciona a la vanguardia en la protección de la integridad digital de sus ciudadanos, estableciendo un estándar que podría inspirar a otros países de la región a seguir su ejemplo.
