El estado de Chihuahua enfrenta un nuevo episodio de controversia institucional debido a las investigaciones que pesan sobre el Auditor Superior, Héctor Acosta Félix.
Aunque el Congreso local prepara el proceso para su reelección, apoyado por la gobernadora María Eugenia Campos, el funcionario está sujeto a indagatorias formales de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ambos organismos evalúan decisiones tomadas en su gestión desde 2017, así como presuntos actos de encubrimiento y operaciones dirigidas contra actores políticos.
Documentos consultados indican que la FGR y la ASF revisan acusaciones relacionadas con manipulación de expedientes, omisiones en procedimientos de fiscalización y un posible uso faccioso de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Las líneas de investigación abarcan aspectos administrativos y también posibles implicaciones jurídicas, lo que incrementa la gravedad del caso.
El foco principal de atención federal es la “Auditoría Forense a la deuda pública 2021”, impulsada personalmente por Acosta Félix. La revisión apuntó únicamente hacia la empresa López Elías Finanzas Públicas, S.C., responsable del diseño del refinanciamiento de la deuda estatal en 2019. Cabe recordar que la firma ya había sido auditada sin irregularidades detectadas. Por ello, especialistas en derecho administrativo plantean que repetir una auditoría sobre hechos ya analizados podría violar el principio de no duplicidad en materia de revisión gubernamental.
El informe resultante de la auditoría forense se basó en la presunción de que la falta de un documento en los archivos de la Secretaría de Hacienda equivalía a que el proveedor no había cumplido con sus responsabilidades. Expertos catalogaron la premisa como jurídicamente insostenible y alertaron que una conclusión de ese tipo no cumpliría con estándares técnicos mínimos.
Otro de los elementos que generó alarma es la posible invasión de competencias federales. El artículo 79 de la Constitución establece claramente que la fiscalización de recursos derivados de Participaciones Federales es atribución exclusiva de la ASF. A pesar de ello, la ASE realizó una auditoría en ese rubro sin contar con facultades para ello. Aunado a esto, el informe omitió analizar el Decreto de Autorización aprobado por el Congreso para el refinanciamiento, documento esencial para evaluar la legalidad del proceso.
Las inconsistencias acumuladas motivaron la apertura de investigaciones por parte de los órganos superiores de fiscalización y de la FGR. Pese a ello, en el Congreso local continúa la ruta hacia la posible ratificación de Acosta Félix, decisión que especialistas describen como políticamente delicada y potencialmente riesgosa para el equilibrio institucional del estado.
Analistas advierten que, de confirmarse irregularidades sustantivas en la actuación del auditor, su permanencia en el cargo podría resultar insostenible, abriendo la puerta a su destitución en un escenario posterior. Este hecho expondría al Congreso a cuestionamientos severos y podría profundizar las tensiones entre los niveles estatal y federal.
Así, la reelección del Auditor Superior ha dejado de ser un trámite administrativo para convertirse en un reflejo de la fractura política que vive Chihuahua. La evolución de las investigaciones federales será determinante para el futuro del sistema estatal de rendición de cuentas.
