En un esfuerzo por detener la explotación comercial de diseños tradicionales, la diputada local Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California. La propuesta busca otorgar protección jurídica específica a los bordados, patrones y símbolos textiles creados por las comunidades originarias del estado, cerrando los vacíos legales que han permitido su reproducción y venta sin autorización ni beneficio para sus creadores.
La legisladora por Tijuana señaló que este fenómeno de plagio no es ajeno a México, con casos documentados en estados como Oaxaca, Yucatán, Puebla e Hidalgo, donde empresas nacionales e internacionales han comercializado estos diseños. “Proteger los textiles indígenas es también proteger la dignidad cultural y los derechos colectivos de quienes los crean”, expresó Sánchez Sánchez, subrayando que estas piezas son expresiones profundas de identidad, memoria y cosmovisión, donde cada color y figura refleja la historia y relación con la naturaleza de los pueblos.
La iniciativa plantea incorporar de manera expresa los “diseños textiles indígenas” al catálogo de bienes protegidos por la ley estatal, reconociéndolos como patrimonio cultural. Estos se definirían como todas aquellas creaciones elaboradas mediante hilos, fibras o técnicas textiles por comunidades indígenas nativas o asentadas en Baja California. Este reconocimiento permitiría al gobierno contar con herramientas legales para su defensa, registro y preservación, e inscribir las declaratorias en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Además de la protección directa, la reforma busca armonizar la legislación cultural con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicada en 2021, actualizando las denominaciones de las dependencias. También se fortalecerían las facultades del Instituto de Cultura del Estado para impulsar convenios y mecanismos de protección, y se actualizan las referencias a instancias como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar la aplicabilidad de la ley.
Con esta acción, Baja California podría colocarse a la vanguardia nacional en la defensa de los derechos culturales y la propiedad intelectual colectiva de las comunidades originarias. La aprobación de esta reforma enviaría un mensaje claro contra el saqueo cultural: el patrimonio indígena no es una mercancía de libre uso. La medida impactaría positivamente a las comunidades indígenas asentadas en diversas regiones del estado, desde Mexicali hasta Tijuana, fortaleciendo el reconocimiento a su contribución cultural.
