En un emocionante avance para los inquilinos de California, el Congreso del estado ha aprobado un proyecto de ley que podría cambiar el juego en cómo se accede y se paga el servicio de Internet. Este nuevo marco legislativo permitirá a los inquilinos desvincularse de los acuerdos exclusivos que a menudo los obligan a contratar a un proveedor específico de servicios de internet. Al eliminar estas restricciones, se abre el camino para una mayor libertad de elección, algo que se ha convertido en un tema caliente en la defensa de derechos digitales y de consumo.
El proyecto, que ha sido aprobado por la legislatura con un respaldo sólido y bipartidista, busca que, para el 1 de enero, los arrendadores permitan a los inquilinos optar por no formar parte de los contratos masivos de facturación de terceros proveedores de servicios de internet. Esto incluye servicios de internet por cable, celulares y satelitales que están vinculados al arrendamiento. En caso de que un arrendador no cumpla con esta provisión, el inquilino tendría el derecho de deducir el costo del servicio de internet de la renta mensual. Quizás lo más impactante es que este proyecto de ley detiene cualquier forma de represalia por parte de los arrendadores que intenten resistir este cambio.
Rhodesia Ransom, miembro demócrata de la Asamblea y autora del proyecto, ha expresado su optimismo sobre la firma del proyecto de ley por parte del gobernador, Gavin Newsom. En sus declaraciones, Ransom sostuvo que el proyecto no es una prohibición de los acuerdos de facturación masiva, sino una primera medida hacia un trato más justo para los inquilinos. Las preocupaciones de los grupos de presión, que argumentaban que dichos acuerdos reducen el costo del internet para los inquilinos, fueron descartadas por Ransom. La legisladora destaca que su objetivo es garantizar que los inquilinos tengan el derecho de elegir y no estén atados a un proveedor que no desean.
En suma, esta iniciativa no solo promete mejorar la situación de muchos arrendatarios y su capacidad de acceder a servicios competitivos, sino que también refleja un enfoque más amplio hacia la protección del consumidor en el ámbito digital. Si el gobernador Newsom convierte este proyecto en ley, podría establecer un importante precedente no solo en California, sino también en otros estados que consideren medidas similares. En una era donde el acceso a internet es esencial, una legislación que empodere a los usuarios es un paso en la dirección correcta.
