Jalisco es tierra de juristas. Pero, paradójicamente y como dice el refrán: en casa de herrero, azadón de palo. La impartición de justicia en el estado enfrenta, desde hace décadas, una crisis que no puede seguir siendo ignorada. Con uno de los niveles más bajos de eficiencia judicial en el país, la necesidad de una reforma integral es innegable. La falta de acceso efectivo a la justicia, la lentitud en la resolución de casos y la percepción de parcialidad asociada a la corrupción, han erosionado la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
El gobernador Pablo Lemus ha reconocido este problema y, con un enfoque claro y libre de intereses partidistas, impulsa una reforma judicial para fortalecer el sistema, hacerlo más ágil, confiable e imparcial. Esta modernización busca consolidar la confianza en las instituciones y garantizar que todos puedan acceder a la justicia.
Jalisco es un pilar fundamental en el desarrollo económico, político y social de México. La seguridad jurídica es esencial para individuos, empresas y todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, la impartición de justicia no ha estado a la altura de las necesidades de un estado dinámico y en constante crecimiento. La falta de eficiencia en los tribunales, el rezago y tortuguismo procesal, junto a las denuncias de corrupción, han generado un clima de incertidumbre e inseguridad. Durante años, la justicia en Jalisco ha sido politizada.
La reforma constitucional federal representa un cambio sustancial en la vida democrática de México. El tiempo dirá si fue un acierto o, por el contrario, agravó la ya de por sí deteriorada imagen del Poder Judicial. Sin embargo, en Jalisco supone una oportunidad histórica para modernizar un sistema judicial obsoleto y consolidarlo como un referente nacional.
Es el momento de corregir las deficiencias estructurales que han convertido la justicia en un privilegio de unos cuantos en lugar de un derecho universal. Para ello, es fundamental que la elección de jueces y magistrados se base en el mérito, donde la capacidad y la honestidad sean criterios ineludibles. También es una ocasión propicia para erradicar las designaciones por cuotas, favoritismos o lazos familiares. Además, la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos judiciales será clave para reducir tiempos y eliminar discrecionalidades que propician la corrupción.
La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales de esta reforma. No podemos permitir que la justicia siga siendo inaccesible para quienes carecen de los recursos para enfrentar largos y costosos procesos legales.
La participación de la sociedad civil, los sectores empresarial y académico, las asociaciones de abogados y las autoridades serán la clave para el éxito de este proceso. Aunado a la capacidad y experiencia de un jurista como el Dr. Arturo Zamora, que dirigirá el proceso, debemos participar para por fin, tener un Poder Judicial moderno y eficiente, base del orden y la seguridad en Jalisco.
Con liderazgo y visión, Jalisco avanza hacia un futuro, en el que la justicia no sea vista solo como un ideal, sino como una garantía efectiva para la seguridad, el desarrollo y el bienestar de todos los jaliscienses. La reforma judicial no es un lujo ni un capricho político, es una necesidad impostergable que debe materializarse con acciones concretas y compromisos reales. Es momento de construir un sistema de justicia que funcione para todos, sin distinciones ni privilegios.
Por Carlos Román.
