En México no es nada raro sufrir una injusticia a manos de quienes en teoría tienen la destacada función de impartir justicia. Desde la antigua Roma, cuna de las instituciones jurídicas del mundo occidental, todos los jueces y magistrados deberían tener los siguientes atributos para desempeñar con decoro su función: imparcialidad, honradez, conocimientos, sentido común y lealtad para aplicar la ley. Los jueces, desde siempre han sido necesarios en cualquier sociedad que se precie de vivir con un mínimo de respeto a los derechos de las personas.
Hoy, día de la Constitución Mexicana de 1917, se presenta por parte del Presidente López Obrador una propuesta de reforma constitucional que tiene como tema central la elección por voto ciudadano de jueces, magistrados y ministros. Esta propuesta no repara en algo que es evidente y que ha sido uno de los principales problemas que vivimos. El jurista y el político no tienen mucho en común, hablando de realidades y actividades. Mientras el jurista necesariamente debe conocer e incluso dominar los temas técnicos del derecho para poder impartir justicia, es decir debe saber hacer algo, los políticos no saben hacer nada, al menos nada productivo. Ejemplos hay muchos de todos los partidos, de todas las geometrías políticas y de todas las épocas que recuerdo.
Elegir mediante voto ciudadano a los integrantes del poder judicial, transmitiría la necesidad de hacer política a quienes solo deberían profundizar en el conocimiento de la ley para aplicarla al caso concreto, al suyo o al mío: al de todos. El resultado de esta poco afortunada propuesta de reforma en caso de ser aprobada, logrará que se multipliquen los juzgadores que se apartan del camino de la imparcialidad para convertirse en lo que se conoce como jueces de consigna. Es decir, jueces que por servir al Gobierno violan la legalidad de sus actos. Hoy hay jueces de consigna al servicio de la Fiscalía General de la República que provocan graves trasgresiones a los derechos humanos de las desafortunadas personas que llegan a caer en sus manos. Su función es servir a los intereses del Fiscal y sus venganzas, incluso llegando a argumentar tonterías, como lo hacen todas las mañanas algunos políticos encumbrados. Ahí está el riesgo y las consecuencias de politizar la judicatura.
Los jueces de consigna no ocultan su lamentable conducta al dejar en expedientes pruebas de su reprobable actuar. Es evidente que hay comunicación directa entre ellos y los fiscales o cabilderos del gobierno para obtener resoluciones a modo. A la larga, sus acciones son corregidas por sus superiores, pero el daño que causan es indeleble en la vida, libertad y en la honra de quienes tienen la mala fortuna de caer en sus manos.
Cualquier sociedad civilizada desde hace mucho tiempo y como condición necesaria para la existencia de un estado de derecho eficaz, pone un especial énfasis en mantener un sistema o poder judicial confiable, autónomo, que garantice los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La imparcialidad en la aplicación de la ley, el acceso a la justicia con garantías mínimas de un debido proceso y que se actúe bajo el principio de lealtad, son condiciones indispensables para su viabilidad. En manos de los jueces queda la aplicación estricta de la ley y el castigo a los transgresores. En las manos de los jueces queda nuestra libertad, patrimonio y honra, así como la tutela de los mayores bienes sociales a los que no podemos renunciar. Además vivimos en una sociedad secuestrada por la delincuencia organizada, que incluye en sus filas a aquellos funcionarios que han hecho de la procuración e impartición de justicia el modus operandi para obtener beneficios inconfesables; sin duda alguna, esta es la más grave forma de corrupción que padecemos. Los jueces de consigna no deben ser tolerados, porque afectan a todo y a todos.
Si queda algo de congruencia, esa iniciativa no debe pasar: ¡es un peligro para México!.
por Carlos Román
