El jueves 5 de agosto del año 2021, será recordado en la historia que se escriba de este Gobierno, como la fecha en que un deterioro gradual e imparable de la relación de los Poderes Ejecutivo con el Judicial hizo crisis. Posiciones encontradas donde se evidencian antiguos y nuevos reclamos, donde se ventilan añejos y nuevos vicios, acusaciones de injerencia, exigencia de respeto entre pares, y la presión del Presidente para tratar de anular y suprimir a uno de los pocos resquicios de oposición que aún se mantienen y que actúan bien o mal, en algunas ocasiones, como contrapeso a ese gran poder que pretende controlarlo todo y a todos.
Con el anuncio hecho por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como del Consejo de la Judicatura Federal, de no aceptar lo establecido por el artículo 13 transitorio de la ley que reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por el Poder Ejecutivo para prolongar su presidencia por 2 años más, se resuelve sin duda un asunto de gran relevancia en la vida nacional, y termina al menos, por esa vía, tal vez con un experimento que quiso sondear mejores climas para aplicarlo a otros funcionarios, a otros poderes y a otros tiempos.
El anuncio del ministro Zaldívar trajo de inmediato una respuesta dura y contundente del Presidente de la Republica que habló claro y fuerte sobre la corrupción que impera en el Poder Judicial. Seguro mucho de lo que afirma es cierto porque el Presidente es el hombre mejor informado del País. Sin duda habrá muchos juzgadores que se conduzcan al amparo de acuerdos inconfesables en donde lo más destructivo que la corrupción puede evidenciar, es la compra de la justicia y hacer, desde mi punto de vista, que el narcotráfico, la prostitución, la trata, los feminicidios, los secuestros, entre otros de los actos delictivos más graves que padecemos, puedan ser vistos como un “buen negocio” por parte de las mafias integradas por jueces y abogados, políticos y operadores que trafican con la justicia para obtener de esta forma, privilegios innombrables, riquezas inconfesables, trasladando el costo de esta conducta a la sociedad entera. Vaya traición a la noble tarea de aquellos que aplican la ley e imparten justicia, vaya agravio para todos los mexicanos.
Por otro lado, seguro también existen juzgadores íntegros, con vocación y talento para que la justicia prevalezca en sus determinaciones y resoluciones, y que con el compromiso social de dar alivio a quien, muchas veces por la injusticia emanada desde el mismo poder, pretenden obtener beneficios traicionando lo que el Presidente de la Republica ha dicho, que la corrupción es el peor de nuestros males, pero ignorando ese postulado del Gobierno qué hizo posible un cambio en la vida política de México, por la vía pacífica y democrática del voto. Qué traición más grave de aquellos que participan en un Gobierno que ha condenado, al menos en el discurso, las prácticas corruptas que nos han afectado desde siempre.
A los juzgadores que cumplen con su función, todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo, para que sigan luchando por mantener la autonomía del Poder Judicial, sin que se les pueda recriminar, acusar o procesar por mala práctica. Continúan impartiendo justicia para todos y a pesar de algunos.
Los tiempo se ven hoy más que nunca difíciles, porque el paraíso igualitario y feliz que se pretendió construir con la contundencia democrática de millones de votos, para establecer un Gobierno legitimado y con la fuerza suficiente para lograrlo, cada día parece alejarse definitivamente de nuestro horizonte, y volver a la terca realidad que nos impone la corrupción, la inseguridad, la violencia, la pobreza y la desigualdad que nos han marcado y lastimado desde siempre.
En los problemas de la corrupción existente en el poder judicial federal y del fuero común, se requiere para su solución mucho más que un acto de contrición o absolución confesional. Pedimos acciones y medidas para erradicar estos malos, pésimos hábitos. No solo del poder judicial federal, también de jueces y magistrados locales, fiscales federales y del fuero común y ministerios públicos. En verdad creo firmemente que sólo en la medida en que se combata la corrupción en todos sus ámbitos, se podrán establecer las bases para un cambio real, duradero y democrático, lo demás, es demagógico.
La corrupción atenta contra los valores fundamentales del hombre, contra las razones esenciales por las que el Estado existe con un fin y razón de ser. Si no las combatimos y, me refiero a las prácticas corruptas que siguen vigentes, habremos perdido una vez más, la certidumbre, la felicidad añorada y la certeza de que los tiempos futuros serán mejores, porque si no partimos de esa lucha para superar la crisis, para construir un mejor país y una sociedad más justa e igualitaria, si no se hace algo pronto vamos con toda seguridad a perder esta última oportunidad.
Por Carlos Román.
