El pasado 15 de octubre de 2026, la Oficina de Derecho Administrativo de California (OAL, por sus siglas en inglés) aprobó el Reglamento Inicial de Reporte de Gases de Efecto Invernadero y Divulgación de Riesgos Financieros Relacionados con el Clima. Con esta medida, se establece oficialmente el 10 de noviembre de 2026 como la fecha límite para la presentación de los primeros reportes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por parte de miles de grandes empresas que operan en Estados Unidos. La decisión marca un hito en la regulación climática corporativa y tendrá repercusiones directas para compañías mexicanas y latinoamericanas con operaciones o ingresos en California.
Un paso final en la adopción de la normativa
La aprobación de la OAL era el último requisito para que la regulación entrara en vigor. Junto con este anuncio, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), el organismo encargado de desarrollar y hacer cumplir las nuevas normas, informó que ha enviado cartas recordatorias a las empresas que podrían estar dentro del alcance de los requisitos, con el fin de asegurarse de que conozcan sus obligaciones y la fecha límite.
Las leyes SB 253 y SB 261, firmadas en octubre de 2024, son el fundamento de esta regulación. La SB 253 exige que las empresas con ingresos superiores a mil millones de dólares que hagan negocios en California reporten anualmente sus emisiones directas de Alcance 1 y 2 en el primer año de divulgación, y que agreguen la divulgación de emisiones de Alcance 3 (cadena de valor) en años posteriores. Por su parte, la SB 261 requiere que las empresas estadounidenses que operen en California y tengan ingresos superiores a 500 millones de dólares elaboren un informe que divulgue sus riesgos financieros relacionados con el clima, así como las medidas para reducirlos y adaptarse a ellos.
Desafíos legales persisten
A pesar del avance, las regulaciones aún enfrentan impugnaciones judiciales. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió una orden de suspensión a finales del año pasado para pausar la implementación de la SB 261 mientras se resuelve una apelación, pero denegó una solicitud para detener la SB 253. Esta situación genera incertidumbre para las empresas sujetas a la SB 261, aunque la SB 253 sigue adelante.
Las nuevas leyes aplican a un gran número de compañías en Estados Unidos. CARB emitió el año pasado una lista preliminar de más de 4,000 empresas estadounidenses que probablemente deban cumplir con los nuevos requisitos de reporte climático. La agencia aprobó la adopción de las regulaciones a principios de este año y las sometió a la OAL para su aprobación final, con una fecha límite original del 10 de agosto de 2026 para el reporte inicial de emisiones de GEI corporativas.
Retraso y flexibilización de requisitos
En junio, CARB anunció que había retirado la presentación para hacer cambios limitados a la regulación, lo que retrasó la fecha límite para el reporte inicial bajo la SB 253 hasta noviembre. Además, la agencia publicó recientemente una nueva guía que confirma una serie de medidas para facilitar la transición a los nuevos requisitos de reporte de emisiones. Entre las flexibilizaciones se incluyen:
- Permitir el uso de datos de emisiones ya recopilados para el año fiscal anterior.
- No exigir datos de Alcance 1 y 2 a empresas que no los hayan recopilado en el pasado.
- Aceptar datos de emisiones incluso sin una verificación limitada, para el ciclo de reporte de 2026.
Estas medidas buscan aliviar la carga inicial para las compañías, muchas de las cuales no contaban con sistemas robustos de medición de emisiones.
Implicaciones para México y América Latina
La regulación de California no solo afecta a empresas estadounidenses. Cualquier compañía mexicana o latinoamericana que tenga ingresos superiores a los umbrales establecidos y que haga negocios en California —ya sea mediante filiales, operaciones directas o ventas significativas— podría estar obligada a reportar. Esto incluye a grandes corporaciones en sectores como manufactura, energía, transporte y servicios financieros.
Para las empresas mexicanas con presencia en California, el cumplimiento de la SB 253 y SB 261 representa un desafío operativo y financiero, pero también una oportunidad para demostrar liderazgo en sostenibilidad. La divulgación de riesgos climáticos y emisiones se está convirtiendo en un estándar global, y alinearse con estas normas puede facilitar el acceso a financiamiento internacional y mejorar la reputación corporativa.
Además, la experiencia de California podría influir en futuras regulaciones en México y otros países de la región, que ya discuten marcos de reporte climático obligatorio. La tendencia hacia la transparencia ambiental es irreversible, y las empresas que se anticipen tendrán ventajas competitivas.
Próximos pasos para las empresas
Con la fecha límite del 10 de noviembre de 2026 acercándose, las empresas afectadas deben actuar con rapidez. CARB ha puesto a disposición una carta recordatoria y recursos de orientación. Se recomienda a las compañías:
- Verificar si están dentro del alcance de la regulación según sus ingresos y operaciones en California.
- Revisar los requisitos específicos de reporte para Alcance 1, 2 y 3, así como los informes de riesgo financiero climático.
- Aprovechar las flexibilizaciones temporales, como el uso de datos del año fiscal anterior y la ausencia de verificación limitada para 2026.
- Establecer un equipo interno o externo para recopilar y validar los datos de emisiones.
- Mantenerse informadas sobre los desarrollos legales, especialmente en torno a la SB 261.
El incumplimiento podría acarrear sanciones, aunque CARB ha mostrado disposición a facilitar la transición. La clave está en la preparación anticipada.
Conclusión
La aprobación de la OAL y la fecha límite del 10 de noviembre de 2026 marcan un momento decisivo para la divulgación climática corporativa en Estados Unidos. Para México y Latinoamérica, es una señal clara de que la transparencia ambiental se está convirtiendo en una obligación legal. Las empresas de la región con operaciones en California deben tomar medidas inmediatas para cumplir, mientras que los reguladores locales podrían seguir el ejemplo californiano en los próximos años. La sostenibilidad ya no es solo una opción reputacional, sino un requisito regulatorio en los mercados más exigentes.
