La administración de Donald Trump, a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), ha dado un paso controversial al eliminar todas las regulaciones que limitaban las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía alimentadas por carbón y gas natural. Esta medida, anunciada el 14 de septiembre de 2026, ha sido criticada por científicos del clima y activistas, quienes advierten sobre graves consecuencias para la salud pública y los esfuerzos globales para frenar el cambio climático.
Las normas derogadas exigían que las plantas de combustibles fósiles capturaran el 90 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero. La propuesta de eliminación fue presentada hace más de un año como parte de una amplia desregulación que, según la EPA, generará ahorros por 310 mil millones de dólares. Sin embargo, los científicos y la EPA durante la administración de Joe Biden sostenían que regular estas emisiones ahorraría decenas de miles de millones de dólares en costos de salud pública.
Declaraciones oficiales y reacciones
Lee Zeldin, administrador de la EPA, defendió la medida en un comunicado: “Durante más de 15 años, las administraciones de Obama y Biden libraron una guerra contra el carbón para destruir la energía confiable y asequible. La administración Trump ha llegado para proteger la energía estadounidense y asegurarse de que pueda pagar la luz”. Zeldin añadió que los estadounidenses verán una disminución en los precios de la electricidad y que esto es solo el comienzo para “desatar plenamente el potencial energético de Estados Unidos”, lo que según él traerá más empleos y precios más bajos.
A pesar de que Zeldin reconoció en su audiencia de confirmación en el Senado que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero atrapan el calor y contribuyen al cambio climático, su enfoque en la agencia ha sido eliminar los estándares de emisiones, incluyendo la reversión de la regla conocida como “hallazgo de peligro” en febrero. Esta regla se basaba en un informe de 2009 que declaraba, con base en evidencia científica, que seis gases de efecto invernadero amenazaban la salud y el bienestar de los estadounidenses debido al cambio climático. La medida seguía una decisión de la Corte Suprema de 2007 que permitía a la EPA establecer límites a los gases de efecto invernadero como contaminantes del aire bajo la Ley de Aire Limpio.
Rachel Cleetus, directora de políticas del Union of Concerned Scientists, criticó duramente la medida: “Todo lo que Lee Zeldin está haciendo es contrario a la ciencia”. Cleetus señaló que la eliminación de estas regulaciones era esperada, dado que el presidente Trump ha calificado el cambio climático como un “engaño” perpetrado por China, y miembros de su administración han desestimado la evidencia científica como alarmismo. “Sé que la administración ha hecho argumentos falaces sobre la importancia de estas emisiones, pero son contribuyentes muy significativos al calentamiento global”, agregó, recordando que la ONU recientemente advirtió que superar el objetivo de 1.5 grados Celsius del Acuerdo de París, del cual Trump retiró a Estados Unidos en enero, es ahora inevitable.
Impacto en las emisiones y el medio ambiente
Según el sitio web de la EPA, las plantas de energía son la mayor fuente estacionaria de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Aunque las emisiones de estas plantas habían disminuido constantemente desde 2011, en 2023 aún representaban más de 1,400 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y otros contaminantes, según los datos más recientes. El transporte es la principal fuente de emisiones en el país, representando más de una cuarta parte del total.
Tras revocar el hallazgo de peligro, la administración Trump ya había derogado regulaciones previas sobre emisiones de gases de efecto invernadero y estándares de eficiencia de combustible establecidos durante la administración Biden. La eliminación de estas regulaciones, junto con el hallazgo de peligro, podría dificultar que futuras administraciones emitan nuevas normas sin leyes específicas o enmiendas a la Ley de Aire Limpio por parte del Congreso.
Meredith Hankins, directora legal de clima federal del Natural Resources Defense Council, condenó la medida: “Con millones de estadounidenses enfrentando incendios forestales, olas de calor y tormentas mortales alimentadas por el cambio climático, la administración Trump está liberando a los mayores contaminadores para que causen más daño que nunca”. Hankins advirtió que ignorar el daño a la salud pública viola la Ley de Aire Limpio y los precedentes de la Corte Suprema, y anticipó acciones legales.
Contexto y consecuencias globales
Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por el cambio climático. Recientemente, la ONU advirtió que superar el límite de 1.5 grados Celsius es inevitable, lo que subraya la gravedad de eliminar regulaciones en una de las mayores economías del mundo. La medida también podría tener repercusiones en los esfuerzos globales para reducir emisiones, especialmente cuando países como China y la Unión Europea avanzan en sus propias regulaciones.
La administración Trump ha argumentado que estas acciones buscan proteger la economía y la seguridad energética. Sin embargo, expertos señalan que el costo a largo plazo en términos de salud pública y desastres naturales podría superar cualquier beneficio económico inmediato. La eliminación de la regla de captura del 90% de emisiones significa que las plantas de carbón y gas natural podrán operar sin restricciones, liberando millones de toneladas adicionales de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Reacciones en América Latina
En América Latina, donde varios países han incrementado sus compromisos climáticos, la decisión de Estados Unidos podría influir en la política regional. México, por ejemplo, ha buscado equilibrar su dependencia de los combustibles fósiles con metas de energía renovable. La postura de Trump podría debilitar los incentivos para que otros países mantengan regulaciones estrictas, aunque también podría impulsar a naciones latinoamericanas a liderar en sostenibilidad.
Organizaciones ambientales en la región han expresado su preocupación. “Esta decisión no solo afecta a Estados Unidos, sino que envía una señal equivocada al mundo en un momento crítico”, comentó un portavoz de una ONG ambiental con sede en Ciudad de México. “América Latina debe redoblar esfuerzos para demostrar que el desarrollo económico y la protección del clima pueden ir de la mano”.
Perspectivas futuras
Con la eliminación de estas regulaciones, se espera un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, lo que podría acelerar el calentamiento global. Los científicos advierten que esto podría llevar a eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos, afectando la agricultura, la salud y la economía global.
La batalla legal apenas comienza, ya que grupos ambientalistas han anunciado que impugnarán la medida en los tribunales. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación cómo la mayor economía del mundo retrocede en su compromiso climático, en un momento en que la acción colectiva es más urgente que nunca.
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