En un esfuerzo por elevar los estándares de investigación, varios gobiernos y organismos financiadores de países con sistemas científicos emergentes están implementando medidas disciplinarias más severas contra los investigadores que incurren en malas prácticas. Estas políticas incluyen desde la reducción de bonificaciones económicas hasta la restricción de acceso a fondos y la penalización de instituciones vinculadas a casos de fraude.
La iniciativa surge en un contexto donde los casos de mala conducta científica van en aumento a nivel mundial. Por ejemplo, una auditoría de artículos biomédicos publicada en mayo reveló que la tasa de citas fabricadas fue 12 veces mayor en 2025 en comparación con 2023. Además, un análisis de 33,000 estudios sobre cáncer vinculó aproximadamente el 12% de ellos con presuntas actividades de fábricas de papers.
Tradicionalmente, la corrección de estas prácticas ha sido un proceso de abajo hacia arriba: las revistas retractan artículos, las universidades investigan a su personal y organizaciones independientes como Retraction Watch exponen los casos. Sin embargo, cada vez más países, especialmente aquellos con comunidades científicas en desarrollo, están adoptando un enfoque de arriba hacia abajo, donde los financiadores y gobiernos imponen sanciones directas.
Elisabeth Bik, consultora independiente en integridad de la investigación con sede en California, celebra la implementación de estos esquemas punitivos. “Para combatir la mala conducta, debe haber algún tipo de sanción. Si no existiera la posibilidad de recibir una multa, todos conduciríamos a exceso de velocidad. En la ciencia hay una competencia feroz, y si los que hacen trampa obtienen mejores publicaciones, ¿por qué no hacer trampa? Necesitamos ver que detienen a esos autos para advertir a otros”, afirma Bik.
Bik considera que este enfoque es necesario porque las universidades a menudo se muestran renuentes a sancionar a sus propios investigadores por temor a dañar su reputación. “Las universidades no hacen un buen trabajo responsabilizando a las personas. Esto debe hacerlo instituciones con autoridad”, añade.
Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué tan efectivos son estos sistemas para disuadir la ciencia fraudulenta? ¿Y podrían desalentar a los investigadores honestos que cometen errores y desean corregirlos?
India: sanciones y divulgación obligatoria
India, que ha escalado rápidamente en el Índice de Naturaleza, ha puesto en marcha varias medidas para detectar y sancionar la mala conducta. En mayo, la Fundación Nacional de Investigación Anusandhan (ANRF), uno de los principales financiadores de investigación en el país, estableció reglas que obligan a los solicitantes a declarar si han tenido algún artículo retractado en los últimos cinco años y a explicar las razones. Además, los solicitantes deben afirmar que sus propuestas de financiamiento no fueron generadas por herramientas de inteligencia artificial.
La ANRF también ha señalado que podría utilizar herramientas de detección para verificar el uso de IA en las solicitudes. Esto sigue a un anuncio previo de que el Marco Nacional de Clasificación de Instituciones de India penalizará a las instituciones con un alto número de retractaciones, afectando negativamente su puntuación en los rankings oficiales.
Achal Agrawal, científico de datos en Raipur y fundador de India Research Watch, una plataforma en línea que monitorea problemas de integridad científica, considera que estos cambios son significativos. “Es el primer paso, y el primer paso siempre es el más difícil”, dice Agrawal, aunque señala que se necesita más trabajo para asegurar mejoras a largo plazo. Por ejemplo, la divulgación de retractaciones es “solo una declaración voluntaria y solo cubre cinco años”. Además, no está claro cómo se verificará la información proporcionada. No obstante, Agrawal es optimista: “La ANRF es una de las agencias financiadoras más grandes de India, por lo que esto probablemente tendrá un efecto dominó. Las instituciones que quieran que sus investigadores obtengan fondos también serán más cuidadosas al contratar personal”.
Perú: sanciones económicas directas
En Perú, otro país que ha intensificado sus esfuerzos contra la mala conducta científica, los investigadores pueden perder parte de su salario si infringen las normas. En marzo, el gobierno anunció que descontará las bonificaciones de los investigadores cuyos trabajos sean retractados, como medida contra quienes cometan “actos que violen la ética y la integridad científica”. Los académicos peruanos que participan en proyectos de investigación suelen recibir bonificaciones mensuales que oscilan entre 2,617 y 4,435 soles (aproximadamente 780 a 1,320 dólares). Aquellos con retractaciones en los últimos tres años perderán este beneficio.
Esta medida sigue a una investigación gubernamental en 2024 sobre presuntas redes de fábricas de papers en Perú. Percy Mayta-Tristán, vicerrector de investigación de la Universidad Científica del Sur en Lima, respalda los cambios: “Tenemos buenos investigadores, pero no estábamos incentivando la publicación de manera adecuada”.
Sin embargo, el sistema corre el riesgo de castigar a investigadores cuyos artículos sean retractados por errores genuinos o falta de transparencia metodológica. Por ello, Bik sugiere que las reformas deberían diferenciar entre errores honestos y mala conducta deliberada. “Queremos alentar a las personas que encuentran un error grave en sus publicaciones y las retractan o republican. Eso es algo bueno”, dice Bik.
Vietnam: marco integral de sanciones
El gobierno vietnamita también ha anunciado un marco de integridad de la investigación que incluye una serie de acciones disciplinarias por mala conducta, como amonestaciones por escrito, disculpas públicas obligatorias y la devolución de los fondos de investigación. Las violaciones se registrarán en una base de datos nacional.
Estos esfuerzos reflejan una tendencia global hacia una mayor supervisión y sanción de las malas prácticas científicas, aunque persisten desafíos en su implementación y en la distinción entre errores y fraudes.
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