Morena llegó al poder con una promesa ambiciosa: regenerar la vida pública. No era solo una oferta electoral; era una narrativa moral. Con el tiempo, sin embargo, aquella promesa terminó pareciéndose demasiado a aquello que decía combatir. No fue el fin de la mafia del poder: cambiaron los apellidos, no el modelo. El Estado dejó de concebirse como proyecto común y volvió a administrarse como botín.
En ese reparto, la justicia ocupó un lugar central. La Consejería Jurídica, encabezada por Julio Scherer, dejó de ser órgano técnico para convertirse en centro de operaciones políticas. Desde ahí se impulsaron reformas, se ajustaron procesos y se negociaron controversias delicadas. Mucho de lo actuado rebasó la frontera de la legalidad. Cuando la norma depende de la cercanía al poder, deja de ser norma: se convierte en privilegio. Y el privilegio, inevitablemente, termina en negocio.
El choque posterior no fue una confrontación entre legalidad y corrupción. Fue el encuentro de dos maneras de apropiarse del aparato público. Alejandro Gertz Manero transformó la autonomía constitucional en instrumento de vendettas personales. La Fiscalía dejó de operar como institución para funcionar como prolongación del carácter de su titular: expedientes activados cuando convenían, asuntos privados elevados a causas públicas y silencios estratégicos cuando el cálculo lo exigía.
El cuadro no estaría completo sin Jesús Ramírez Cuevas. Mientras la justicia se utilizaba como advertencia y la Fiscalía como mecanismo de presión, la comunicación del régimen se convirtió en aparato de disciplina política. Se castigó la crítica y se premió la lealtad.
Al mismo tiempo, se toleraron —según múltiples señalamientos públicos— vínculos con redes asociadas al contrabando de combustibles, mientras el combate al huachicol se proclamaba como cruzada moral. Se habló también de financiamientos de campaña cuestionados por su origen. La contradicción no fue episódica; fue estructural. Se predicó pureza y terminó imponiéndose la lógica de la corrupción. Y esa grieta, termina por devorar cualquier superioridad moral.
Cada actor ejerció el poder desde su propia lógica: la presión jurídica, la acción penal facciosa, el relato como herramienta de polarización. Tres vértices de un mismo modelo que, al final, conducen a lo mismo: el Estado entendido como patrimonio personal.
El libro de Scherer no es un episodio menor. Es la ruptura pública de un pacto interno. Las respuestas airadas y las descalificaciones cruzadas revelan el desgaste de un proyecto que ya no logra ocultar sus fracturas.
Morena, que se proclamó movimiento moralmente superior, comienza a exhibir su propio desgaste. Y cuando un proyecto político pierde la autoridad moral que lo sostuvo, la erosión deja de ser circunstancial y se vuelve estructural.
La historia política mexicana es constante: los proyectos dominantes no se derrumban por la presión de sus adversarios. Se agrietan desde dentro. Primero niegan los hechos. Luego los minimizan. Finalmente los normalizan, hasta que el país se harta.
Estamos presenciando el inicio de ese proceso. La disputa por el poder desnuda lo que antes se cubría con disciplina partidista y narrativa moral.
Un país se deteriora cuando la ley depende del operador dogmático, del consejero abusivo o del fiscal vengativo. En ese punto, la república deja de ser una forma de gobierno y se convierte en una ficción.
Eso no es transformación. Es otra etapa del viejo ciclo político mexicano: el momento en que el poder comienza a consumirse a sí mismo.
Por Carlos Román
