La reforma electoral de la 4T se presenta como modernización democrática, como corrección histórica, como acto de justicia frente a un sistema supuestamente capturado. Pero detrás del discurso aparece una vieja tentación autoritaria: cambiarlo todo para volver al pasado.
Cambiar por cambiar siempre se vende como progreso. Hoy, la consigna parece ser que el cambio servirá para perpetuarse en el poder. Y cuando el cambio se vuelve consigna, deja de ser deliberación democrática y se convierte en mera imposición.
El problema no está solo en los plurinominales, en el financiamiento a los partidos o en la estructura del árbitro electoral. El problema es más profundo y más grave: sin ciudadanos informados, exigentes y organizados, cualquier modelo electoral es un cascarón. Esta reforma, que será aprobada sin que le muevan una sola coma, asegura el retorno a un sistema de partido hegemónico, más disciplinado y más autoritario que el que conocimos el siglo pasado.
La 4T insiste en que el pueblo respalda la reforma. Pero votar no equivale necesariamente a pensar, y mucho menos ganar una elección autoriza a rediseñar las reglas del juego sin consensos amplios. Cuando el poder se asume como intérprete exclusivo de la voluntad popular, los contrapesos dejan de ser instituciones y pasan a ser obstáculos. Y a los obstáculos no se les corrige: se les neutraliza o se les elimina.
Hay algo inquietante en el tono de quienes empujan esta reforma: una certeza moral que no admite réplica, una desconfianza sistemática hacia la autonomía institucional y una intolerancia abierta frente a la crítica. Reformar sin ciudadanía es rediseñar el poder para que continúen los mismos.
Se dice que la reforma profesionaliza, que fortalece al Legislativo, que acerca al representante al elector. Pero hay una pregunta incómoda que nadie quiere responder: ¿qué candidato, en busca de votos, se atreverá a proponer decisiones impopulares cuando sabe que eso puede costarle la elección? La política sometida al cálculo inmediato no produce representantes responsables, sino aduladores de coyuntura.
Tampoco es casual que los partidos de oposición sean los mismos que llevan años vaciados de convicciones, sostenidos por recursos públicos y activados únicamente en tiempos electorales. Partidos que ya no forman ciudadanos ni construyen ideas, sino que los administran como negocios. Sin partidos sólidos, la democracia camina coja o, simplemente, no camina. Y cuando se desconfía de los partidos, la democracia se agota.
La paradoja es brutal. Se promete abaratar la democracia mientras se encarece el poder. Se habla de pueblo, pero se gobierna sin tomarlo en cuenta. Se invoca la voluntad popular, pero se reduce al ciudadano al papel de espectador obediente. Cambiar reglas no cambia prácticas; cambiar leyes no soluciona mágicamente los problemas.
México no necesita una nueva ingeniería electoral diseñada desde el poder. Necesita límites al poder. Necesita instituciones que incomoden, no que obedezcan. Necesita políticos que acepten que la democracia no es velocidad, sino contención. Cuando el cambio se vuelve dogma, deja de ser democrático. Y cuando toda reforma nace del poder y vuelve al poder, no se transforma la democracia: se regresa al pasado autoritario que ya vivimos y que algunos añoran.
Por Carlos Román.
