Para el imperio, Venezuela importa no por su gente, sino por sus barriles de petróleo. No es pensada como una nación herida, sino como un activo geopolítico en disputa. Los hechos de hace un par de semanas respondieron a una lógica de acción rápida, con mínimos costos políticos y militares, que concluyó con la remoción de un régimen ya insostenible en términos de utilidad estratégica.
La llamada “intervención militar” no fue producto de una demanda democrática ni de una súbita sensibilidad frente al sufrimiento del pueblo venezolano. Respondió a una lógica conocida y reiterada en la historia del fuerte contra el débil: disponibilidad de recursos estratégicos, fragilidad institucional interna y una reconfiguración del entorno global. Todo lo demás fue retórica.
Durante años, Venezuela se desangró sin activar urgencias externas. El colapso económico se volvió estructural, la migración alcanzó cifras sin precedente en la región y la represión dejó de ser una excepción para convertirse en un método ordinario de control. Millones de personas atravesaron fronteras, selvas y desiertos, perdiendo hogares, redes familiares y perspectivas de futuro. Sin embargo, ese deterioro no alteró el cálculo internacional. El sufrimiento humano no modifica intereses geopolíticos.
El golpe se produjo cuando variaron las condiciones estratégicas. Hoy el lenguaje se acelera porque cambió el contexto. La extracción forzada de Nicolás Maduro no respondió al carácter autoritario del régimen —conocido desde hace años—, sino al nuevo valor del momento político y a un reparto del mundo distinto al que se configuró tras la Segunda Guerra Mundial.
El mensaje no se limitó a Caracas. Fue una señal regional. Una advertencia sobre el agotamiento de regímenes que buscan respaldo en los enemigos de los estadounidenses. Cuba, sostenida durante largo tiempo como símbolo político y referencia discursiva, enfrenta su fase terminal. El mito revolucionario dejó de producir cohesión, recursos y legitimidad.
En este nuevo escenario, México dejó de ser un observador distante y ha sido mencionado en repetidas ocasiones como un problema estructural. La afirmación fue directa y pública: el crimen organizado controla amplias zonas del país. La advertencia no fue solo retórica: un Estado que no controla su territorio se convierte en un factor de inestabilidad regional.
Durante años, México sostuvo una política de silencio frente al régimen venezolano, amparada en la doctrina de la “no intervención”. Esa posición no fue neutral. Respondió a un proceso de identificación política. Al observar a Venezuela, el poder mexicano se reconoció en un espejo similar: concentración del poder, debilitamiento institucional, deslegitimación sistemática de la oposición y uso del discurso sectario como justificación del autoritarismo.
Trump cumplió su amenaza. Y con ello, la realidad cambió. La dictadura venezolana se volvió indefendible. La experiencia histórica es consistente: las intervenciones imperiales no buscan sociedades libres, sino territorios funcionales; Estados que garanticen acceso a recursos, control regional y estabilidad para intereses externos. La forma de gobierno es secundaria, siempre que resulte eficaz. La dignidad de la población rara vez ocupa un lugar central en ese diseño.
El pueblo venezolano vuelve a quedar al margen de las decisiones que determinan su destino. Su sufrimiento ya no sirve como coartada moral ni como argumento central. Venezuela corre el riesgo de seguir siendo explotada en nombre de una estabilidad que no se traducirá en libertad ni en democracia. Cambiarán los discursos, rotarán los actores y se reordenarán las banderas. La lógica de fondo permanecerá intacta.
Cuando los imperios actúan, no lo hacen por compasión.
Lo hacen por interés.
Y cuando el interés es el petróleo, la gente vuelve a quedar fuera de la ecuación.
Por Carlos Román.
