La inteligencia artificial (IA) no es solo el futuro, ¡es el presente! Y mientras sus avances nos dejan con la boca abierta, surge una pregunta clave: ¿quién debería ponerle reglas a este caballo desbocado de la innovación? Recientemente, el expresidente Donald Trump puso sobre la mesa una orden ejecutiva que busca centralizar la regulación de la IA en Estados Unidos, encendiendo un debate bastante interesante entre el gobierno federal y los estados. ¿Será que esta es la mejor forma de asegurar un desarrollo responsable?
Esta nueva orden, titulada “Asegurando un marco de política nacional para la inteligencia artificial”, tiene como objetivo crear un camino único para la regulación de la IA. En pocas palabras, busca que el gobierno federal tenga la última palabra, limitando lo que los estados pueden hacer por su cuenta. Para lograrlo, la administración Trump planea establecer un grupo de trabajo de litigios de IA en el Departamento de Justicia para desafiar cualquier ley estatal que consideren que no va de la mano con la política federal. Además, ¡ojo aquí!, se le ha pedido al Departamento de Comercio que prepare directrices para que los estados que aprueben leyes de IA que ellos consideren “onerosas” o muy restrictivas, podrían quedarse sin futuras subvenciones de banda ancha. Esto ha sido impulsado principalmente por inversionistas de IA, grupos conservadores y la industria tecnológica, quienes temen que una regulación desigual a nivel estatal frene la innovación y la competitividad de Estados Unidos en el mundo. David Sacks, asesor de la Casa Blanca en inteligencia artificial, ha sido un gran defensor de un enfoque más relajado en la regulación, argumentando que la orden le da herramientas al gobierno para “hacer retroceder las regulaciones estatales más onerosas y excesivas”, aunque aseguró que no se rechazarán todas, como las que protegen la seguridad de los niños.
Mientras el gobierno federal busca unificar el criterio, varios estados ya se habían adelantado y estaban cocinando sus propias leyes. Por ejemplo, en Colorado, la SB24-205 busca limitar la “discriminación algorítmica”, algo que la orden de Trump ha señalado como un intento de “incrustar el sesgo ideológico”. En California, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que exige a las grandes empresas tecnológicas publicar marcos de seguridad para sus modelos de IA. Y en Nueva York, la asamblea legislativa aprobó un proyecto de ley que podría imponer multas millonarias a desarrolladores de IA que no cumplan con ciertos estándares de seguridad. Como era de esperarse, varios fiscales generales estatales no se quedaron callados y criticaron esta movida, argumentando que los estados son, históricamente, los reguladores más ágiles y que la colaboración, no el conflicto, entre niveles de gobierno es lo que ha llevado a legislaciones federales importantes.
Trump defendió su decisión diciendo que “queremos una fuente central de aprobación” y que es de “sentido común” no tener que ir a 50 estados diferentes para aprobar cambios, incluso si son razonables. La idea es simplificar y acelerar el proceso. Sin embargo, esta orden ejecutiva no es un cheque en blanco y ya está generando mucha polémica. Grupos de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles, la han calificado de “inconstitucional” y es muy probable que termine en los tribunales. Aunque la orden establece un tono nacional, el presidente no tiene la autoridad para prohibir directamente que los estados sigan aprobando sus propias leyes.
Al final del día, esta es una batalla que definirá el rumbo de la IA en Estados Unidos. ¿Logrará el gobierno federal centralizar el poder regulatorio sin sofocar la innovación y sin pisar callos a los estados? O, por el contrario, ¿prevalecerá la autonomía estatal, permitiendo diferentes enfoques para un desarrollo tecnológico que avanza a pasos agigantados? Una cosa es segura: el debate sobre cómo domar a esta poderosa tecnología apenas está comenzando, y todos deberíamos estar al pendiente de cómo se desarrolla este rollo.
