En un movimiento que ha generado debate, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, liderada por el presidente Brendan Carr, está eliminando regulaciones a una velocidad asombrosa. Bajo la iniciativa “Delete, Delete, Delete”, se utilizan mecanismos como la Regla Final Directa (DFR, por sus siglas en inglés) para deshacerse de normas sin un periodo completo de comentarios públicos, acortando los plazos de participación ciudadana a tan solo 10 o 20 días.
Esta estrategia, que permite borrar decenas de reglas de un solo golpe, preocupa a muchos observadores. Aunque algunas de las normas eliminadas hasta ahora parecen obsoletas – como las relacionadas con telégrafos, radio-receptores de antenas de conejo y cabinas telefónicas – existe el temor de que este método se use para eliminar regulaciones más importantes que protegen a los consumidores. La FCC argumenta que tiene “causa justificada” para saltarse el periodo de “aviso previo y comentarios” requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo de EE. UU. (APA), pero la rapidez con la que se están eliminando normas levanta sospechas.
En contraste con este proceso acelerado, la elaboración y eliminación de normas en la FCC suele seguir un procedimiento mucho más amplio, que incluye un periodo de 30 días para comentarios iniciales, más 15 días adicionales para réplicas. La comisión analiza entonces las aportaciones, responde a las preocupaciones más importantes y elabora una propuesta final que se somete a votación. Este proceso, que suele tardar meses, permite una evaluación más exhaustiva y democrática de los cambios propuestos. La agilidad de la nueva iniciativa, si bien podría ser eficiente en algunos casos, deja abierta la posibilidad de que se pasen por alto aspectos cruciales para la protección del consumidor y la buena regulación del sector.
En conclusión, la iniciativa “Delete, Delete, Delete” de la FCC presenta una dicotomía interesante entre la eficiencia y la transparencia. Si bien la eliminación de regulaciones obsoletas es algo positivo, la velocidad y el método empleados generan inquietud, dejando abierta la pregunta sobre si se está priorizando la agilidad sobre la participación ciudadana y la protección de los derechos del consumidor. El debate sobre el equilibrio entre la regulación y la innovación seguirá vigente, y este caso de la FCC seguramente contribuirá a enriquecerlo.
